La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció, a través de su informe anual sobre Derechos Humanos en Perú, las falsas acusaciones y las presiones para considerar fraudulentas las elecciones presidenciales que impulsaron el fujimorismo y sectores de la derecha derrotados en los comicios.

El informe publicado este jueves señala que aunque que las elecciones que dejaron como ganador al izquierdista Pedro Castillo fueron “libres y justas” según los observadores internacionales, su rival Keiko Fujimori hizo alegatos continuos sobre fraude electoral y manifestó sus deseos de que las elecciones se anularan mediante litigación y presión política.

“Cuando los primeros resultados electorales comenzaron a dar la victoria a Castillo, Fujimori declaró fraude electoral y realizó demandas sin fundamento buscando anular cientos de miles de papeletas emitidas principalmente por población pobre y rural que votó por Castillo”, afirma la ONG.

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Además, HRW subrayó como dañino que miembros del Jurado Nacional de Elecciones y otras autoridades padecieran intimidación durante la campaña electoral y el proceso de cuento de votos por parte del partido fujimorista.

Libertad de expresión

El informe también destacó las continuas amenazas a la libertad de expresión en el país andino, acrecentadas durante el pasado período electoral.

En ese sentido, HRW destacó el despido de varios periodistas, productores y directivos del programa televisivo Cuarto Poder por negarse a poner el contenido del noticiero al servicio de la campaña de Fujimori.

La ONG lamentó algunos intentos del partido oficialista Perú Libre por impulsar legislación que amenaza la libertad de prensa.

HRW también marcó como preocupante los “progresos lentos” de las investigaciones criminales sobre los grandes abusos cometidos durante el conflicto armado interno que dejó casi 70.000 fallecidos entre 1980 y el año 2000 a manos de la banda terrorista Sendero Luminoso, otros grupos criminales o fuerzas del orden peruanas.

Estos esfuerzos legales han tenido “resultados ambiguos”, particularmente en los casos que afectan a las fuerzas del orden, y a septiembre de 2021 solo había 48 condenas sobre 90 casos activos, según indican grupos de derechos humanos peruanos.

En este aspecto, HRW destacó que este año se abriera finalmente juicio oral contra los responsables de la esterilización forzada cometida sobre poblaciones pobres e indígenas bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La ONG recordó como un hecho preocupante que los remanentes de Sendero Luminoso aún siguen en actividad bajo el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), como recordó trágicamente el atentado cometido supuestamente por este grupo el 23 de mayo en la localidad selvática de San Miguel del Ene que dejó 16 civiles muertos.

Abusos y violencia de género

La ONG describe también en su informe el abuso policial como una amenaza a los derechos humanos en el país, ya que las fuerzas del orden han protagonizado diversos capítulos de agresiones.

Según el Defensor del Pueblo, 17 manifestantes o transeúntes han muerto en contextos de protestas entre junio de 2020 y junio de 2021.

La violencia de género es también, según el informe, “un problema significativo” en Perú: el Ministerio de la Mujer ha reportado 131 feminicidios en 2020 y 73 entre enero y junio del pasado 2021.

HRW destaca, además, que el país tiene un acceso muy limitado al aborto y denunció que su presidente, Pedro Castillo, se oponga a legalizar el matrimonio homosexual, además de referirse a las personas transexuales como “una idiosincrasia que tendría que tirarse a la basura”.

Otro aspecto que HRW consideró alarmante es que, como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, los niños peruanos no van a clase desde marzo de 2020 y que al menos 230.000 estudiantes han dejado el sistema educativo, según cifras de 2020.