Tras más de medio año de convivir el actual Gobierno y el Congreso, se mantiene en los ciudadanos el mayoritario apoyo al pedido de adelantar elecciones y a las protestas que buscan cambiar ambos poderes, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada con el diario La República.
El estudio consultó a la población del sábado 15 al miércoles 19 de julio recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.
Aproximadamente, el 81,6% de los peruanos desaprueba la forma como la presidenta Dina Boluarte conduce su gobierno y solo un 10,9% la aprueba. Es una situación similar a la de hace un mes, pero ratifica que empeora desde que asumió el cargo.
Asimismo, un 90,4% de la ciudadanía reprueba el desempeño del Congreso y apenas un 6,2% da su aprobación. Se mantiene el alto rechazo a esta entidad, que se acrecentó este año.
Cerca del 80% de los compatriotas considera que lo más conveniente para el país es que haya elecciones antes del 2026. Esto es algo más de tres cuartas partes de la población nacional.
Solo un 15% cree que lo mejor para el Perú sería que se quede Boluarte a la cabeza hasta ese año: algo menos de una quinta parte de la nación estima que conviene más que siga siendo presidenta y llegue así al 2026.
Un rotundo 78%, poco más de tres cuartas partes de nuestro país, percibe que el actual Congreso abusa del poder que tiene.
Solo un 17%, menos de una quinta parte del conjunto de los peruanos, opina que el Parlamento no está utilizando todo el poder que le corresponde.
Un minúsculo 2% estima que el Legislativo usa correctamente el poder que le compete.
Claramente, la mayoría de los connacionales se siente identificado con la protesta nacional del 19 de julio último: un 58% coincide en esta posición.
En cambio, un tercio del Perú no se reconoce en una identificación con esta movilización: 33% en la encuesta.
La conformidad con demandas planteadas en las protestas sobre Boluarte, el Congreso y un proceso constituyente es mayor que el sentimiento de identificarse con las marchas. Un 78% de los peruanos está de acuerdo con la exigencia de que renuncie la mandataria, un 77% con el reclamo de cierre del Parlamento y un 69% con el pedido de que se haga convocatoria a una asamblea constituyente.
Democracia
Aproximadamente, el 51% de nuestra ciudadanía opina que el Perú es una democracia. Esta percepción ha disminuido: en febrero pasado, un 57% coincidía en ella.
Un 49% de la población considera que nuestra nación no es democracia. Aumentan quienes opinan esto: en febrero eran un 43%.
Es decir, casi la mitad del país cree que no tenemos un sistema de gobierno democrático.
Al evaluar quién tiene ahora más poder en el Perú, un 35% opina que son los congresistas, un 24% que los empresarios y un 19% que la presidenta. Que autoridades con gran rechazo y actores privados sean vistos como los más poderosos se condice con una débil democracia.
Siete meses sin entender
Análisis. Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP
Desde las primeras protestas, la presidenta decía no entender por qué se daban. Lo que las encuestas mostraban era que ante una posible caída de Castillo la ciudadanía quería nuevas elecciones, no a Boluarte en la Presidencia ni a los actuales parlamentarios en el Congreso. En la encuesta de julio, 80% se reafirma en que lo que más le conviene al país es tener elecciones antes de 2026. No entender eso en más de siete meses es no ver la realidad o no quererla ver.
Por el lado del Congreso, los encuestados identifican que es la institución con más poder (seguida de los empresarios y de la presidenta) y el 78% afirma que abusa del poder que tiene.
Cuando preguntamos si Perú es una democracia, los valores han ido cayendo. Según el Barómetro de las Américas de 2019, un 66% afirmaba que Perú sí era una democracia. En la encuesta del IEP de febrero de 2022 llegaba a 57% y en la encuesta de este mes es 51%. Ese es el resultado de un Gobierno que no escucha a la ciudadanía, un Congreso que abusa del poder que tiene y también, qué duda cabe, resultado de las acciones de quienes no admitieron una derrota electoral y del nefasto Gobierno de Pedro Castillo.
Las protestas son un buen inicio para mostrar que la ciudadanía está harta del abuso, pero aún falta una mayor reflexión sobre la democracia, la cohesión social (las cifras de confianza interpersonal son de las más bajas en el continente), la representación y la institucionalidad. El reto pendiente es ir más allá de la protesta, canalizar una salida por vías institucionales y evitar algo peor de lo que hemos tenido hasta ahora.
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