La tolerancia a la corrupción, grande y pequeña, se mantiene extendida según la última Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética.

En seis años, la identificación de la corrupción como uno de los principales problemas del país ha aumentado casi 20 puntos porcentuales: de 44% en 2013 a 62% en 2019, de acuerdo con la encuesta nacional sobre corrupción de Proética, publicada hace poco.

De esta forma, se ubica a solo cuatro puntos de la delincuencia (66% en 2019), que se ubica en el primer puesto, pero que a diferencia de la corrupción no muestra tendencias claras en su comportamiento entre las prioridades de la gente. Además, un 73% de la ciudadanía considera que la corrupción seguirá aumentando en los próximos cinco años.

“Si bien se puede señalar un impacto de los constantes escándalos de corrupción sobre el dramático incremento de esta preocupación, no se puede decir lo mismo con respecto a la tolerancia a las conductas de corrupción, ni pequeñas ni grandes”, señaló Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

A pesar que la ciudadanía se muestra algo más intolerante con aquellas conductas que pueden calificarse como gran corrupción (que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras a empresas que financiaron su campaña o que un magistrado influya en decisiones de operadores de justicia de menor jerarquía, por ejemplo), en ningún caso se registra un rechazo mayoritario y, más bien, sigue prevaleciendo una actitud ambigua que, en promedio, está en el orden del 68%, tanto frente a este tipo de conductas como a las de pequeña corrupción (pagar una propina para evitar una multa o para agilizar un trámite) o transgresoras (no pedir recibo para evitar pagar el IGV). «Quebrar la tolerancia a la corrupción es el gran desafío que tenemos como país, más allá de las investigaciones contra la gran corrupción», señaló el director de Proética.

En cuanto a experiencias con la corrupción, se registra que 13% de peruanos y peruanas pagó, al menos una vez en los últimos doce meses, un soborno al tener contacto con la policía, los servicios de educación, salud, la justicia o los municipios. Este valor ha descendido de 16% registrado en la última edición de 2017. Lo que no ha descendido es la tasa de denuncia, pues solo 7% de las personas a las que se les pidió un soborno denunciaron el hecho. Quienes no lo hicieron señalaron como principal razón (33%) que no sirve de nada. En relación con esto, el conjunto de entrevistados muestra una valoración mayoritariamente negativa de las denuncias: 71% considera que denunciar la corrupción es poco o nada efectivo.

Por otra parte, se ha recogido la experiencia de la población en cuanto a la solicitud de actos de carácter sexual para acceder a servicios o trámites públicos, registrándose un 10% de personas directamente afectadas en los últimos doce meses o que conocen personalmente a alguien que fue afectado. La tasa de denuncia fue del 15% de los casos y la principal razón para no denunciar fue también que hacerlo no serviría de nada (42% de este grupo).

Congreso de la República

En el ranking de las instituciones percibidas como las más corruptas por la ciudadanía, el primer puesto lo ocupa el Congreso de la República (76%), seguido por el Poder Judicial, que se mantiene en el segundo lugar con un 47%, mientras que los partidos políticos ocupan el tercer puesto con un 31% de menciones. Cabe señalar que en las macrorregiones de la sierra y selva, la percepción sobre municipios y gobiernos regionales es bastante más elevada que en la costa.

Respecto al caso Lava Jato, 74% de los peruanos considera que tanto los políticos que recibieron sobornos como las empresas implicadas comparten la misma responsabilidad. Además, el 50% muestra una actitud de respaldo al uso de la prisión preventiva cuando se trata de las investigaciones relacionadas a este caso.

Para mejorar los niveles de integridad pública, los peruanos consideran que lo más importante es que las autoridades rindan cuentas sobre sus actos y decisiones. Por su parte, la mayoría de personas cree que comprometiéndose a no pagar coimas y no votar por candidatos o partidos con sospechas de corrupción estaría colaborando con estos esfuerzos.