LIMA 05-03-2024 | El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirma que el Congreso ha vulnerado “de modo más absoluto” los derechos del organismo constitucionalmente autónomo con el informe final que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a todos los miembros.

 

Además, coincide con la calificación de régimen híbrido que le dio The Economist a Perú en el último índice de democracia y reflexiona sobre su futuro en caso de que el Parlamento logre remover arbitrariamente a todos los miembros de la JNJ este jueves 7 de noviembre.

 

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En la Subcomisión y en la Comisión Permanente parece que más pesaron la fuerza de los votos que los argumentos, ¿así lo considera?

 

Sí, es verdad. Al punto que incluso cuando hemos acudido a hacer ejercicio de nuestro derecho a la defensa ante la comisión permanente del Congreso, pues creo que la ciudadanía ha podido ver que no ha sido sino un ritual. Porque luego de haber expresado hasta 10 argumentos constitucionales, jurídicos, sólidos, en relación a la posición de la Junta: sin embargo, la comisión permanente votó casi inmediatamente en un debate verdaderamente pobre. Evidencia que los argumentos de poco importaban. De igual forma, el informe que ha sido aprobado por la Comisión Permanente no responde a ninguno de los casi 20 argumentos. En la comisión hemos presentado 10, pero por escrito hemos presentado casi 20 argumentos, ninguno de los cuales ha sido contestado en el informe. De modo tal que, yo creo que sí, que lo que ha ocurrido hasta ahora en la imposición de las fuerzas de los votos y no de la razón.

 

En el informe final, de aproximadamente 60 hojas, en solo 5 se intenta desarrollar la responsabilidad que ustedes tendrían, supuestamente. Pero, leyendo el informe, no es lo que uno esperaría en sede parlamentaria: no se cita jurisprudencia alguna ni tampoco se dice cómo es que se determinó que toda la Junta deba ser destituida e inhabilitada 10 años, que es la sanción máxima que prevé la Constitución. ¿No considera que se han vulnerado los derechos de la Junta?

 

Absolutamente, se han vulnerado de modo más absoluto. Nosotros hemos señalado que el señor Esdras Medina, además, no podía ser delegado. Él no podía investigarnos e instruir en esta causa porque él, el 18 de octubre del año pasado, había votado y suscrito el informe de la Comisión de Justicia que le pedía al Pleno nuestra inmediata remoción, entre otras causas, por esta misma de lo rango de edad. Eso es inconcebible. (...) Hay una vulneración flagrante de este derecho que tiene todo ciudadano a ser investigado por magistrados imparciales. Pero no es, por supuesto, el único cuestionamiento. Por otra parte, también se ha vulnerado de alguna forma nuestro derecho a la defensa. Porque nosotros hemos presentado una serie de argumentos y esos argumentos tendrían que haber sido discutidos, analizados, evaluados...

 

Eventualmente rebatidos...

 

Rebatidos, pero como usted bien lo señala, porque usted ha leído el informe, el informe tiene 53 páginas. Recién me parece que a partir de la página 42 o 43, yo no le concedo que sean 5 carillas, yo diría que es una carilla y media o 2 donde se analiza la imputación porque luego se habla de otros temas: el informe de Servir y otros. Pero el núcleo de la imputación, yo creo que no le dedica más que una carilla o carilla y media, en la que se dice simplemente que los argumentos de la Junta son repetitivos y que el texto de la Constitución es claro. Y no se dice más.

 

Y luego se pasa a hacer un análisis del tema del periodo. Se intenta ahí tal vez contestar uno de los casi 20 argumentos. Es el hecho de que el señor Walter Gutiérrez, entonces defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, le tomó juramento a la doctora Tello por el periodo 2020-2025, como lo acaba de reiterar el TC en la sentencia respecto al señor Falconí. Nosotros hemos invocado exactamente el mismo argumento que ahora señala el TC. Y el informe, ¿qué es lo que dice al respecto? Dice: “Sí, claro, pero eso no significa que no pueda haber causas sobrevenidas”. Entonces, con gran suficiencia, dice, por ejemplo, la muerte es una causa sobrevenida o una sentencia condenatoria. Claro que sí, tiene razón el señor Medina. Pero esas son precisamente las causales de vacancia o de cese que están establecidas en la Ley Orgánica, que son hasta 37 causales, pero ninguna vinculada con el rango de edad. Es decir, yo no quiero ser tan rudo con el informe, pero lo que no puedo aceptar es que ese informe tenga algún valor jurídico que justifique un cese masivo de integrantes de una alta corte como es la JNJ.

 

¿Es una excusa el tema de la edad para remover a la Junta?

 

Eso es evidente. Es evidente porque hay un conjunto de acciones perfectamente planificadas para afectar a la Junta, que se iniciaron de acuerdo con la programación establecida por la señora Patricia Chirinos. Ella lo dijo: “Primero, vamos por el señor Castillo, luego por la señora Ávalos, y después por la JNJ”. Y no olvide usted que cuando el 7 de diciembre de 2022 el señor Castillo hizo el golpe de Estado, estaba expresamente dirigido, entre otras entidades, contra la JNJ. Fuimos los primeros, por cierto, no hubo ninguna otra institución que se adelantara a nosotros al pronunciamiento público que hicimos en ese mismo momento, exigiendo respeto a la Constitución y señalando que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.

 

Pero este no es un tema ideológico, este es un tema de independencia. A algunos les molesta, les incomoda la independencia con la que actúa la JNJ, que nunca les ha mirado la cara a los políticos o a los poderosos en el Perú para consultarles cuál era su humor respecto de cualquier decisión que tuviésemos que tomar. Eso parece que resulta intolerable para algunos. Entonces, a partir de inicios de enero de 2023, empezaron a plantearse una serie de iniciativas de reforma constitucional para delimitar el rango de edad y afectar a uno de los miembros, iniciativas de reforma constitucional para quitarnos facultades y otorgárselas a otras entidades, iniciativas legislativas también orientadas a limitar las competencias de la Junta, mociones de remoción, cuatro denuncias constitucionales cada cual más descabellada. Entonces, cuando uno ve el tipo de imputaciones y la consistencia del acoso a la JNJ, por supuesto que la lógica conclusión es que no se trata de un interés legítimo por la aplicación o trabajo general en la JNJ, sino que podría haber otros intereses que más bien tienen relación con el control del sistema de justicia o del sistema electoral.

 

Aparte de las asistencias en el Congreso, hasta ahora no se ha conocido alguna acción de ustedes para poder contrarrestar este acoso de parte del Congreso.

 

Yo diría que no es así. Nosotros nos hemos defendido y nos defendemos con una intensidad enorme y en todos los terrenos. Hemos acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos hemos defendido en escenarios internacionales, personalmente yo me he reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, nos hemos defendido en el ámbito académico explicando en universidades la posición de la Junta, nos hemos defendido en el ámbito parlamentario, por escrito y presencialmente. Además de eso, también nos hemos defendido en el ámbito judicial: hemos planteado en su momento, respecto de una de las mociones, una acción de amparo, hemos solicitado medida cautelar, medida que fue ciertamente amparada, en virtud de la cual se frenó uno de los intentos más potentes que había en ese momento para remover a los miembros de la Junta. Yo creo que hemos hecho una defensa bastante meritoria, considerando que ya llevamos casi un año defendiéndonos casi a diario de las acciones con las cuales se busca la remoción de los miembros de la Junta.

 

Como usted dice, el intento de removerlos desde la Comisión de Justicia no paró hasta que hubo una medida cautelar y luego una sentencia. Específicamente en este caso, ¿hay algo que pueda frenar al Congreso?

 

Nosotros evaluamos los momentos, las oportunidades, las posibilidades, en unos casos y en otros, y por supuesto que evaluamos cada día las acciones que debemos tomar. No las anticipamos ni las anunciamos públicamente, pero evidentemente evaluamos los escenarios más adecuados para el ejercicio de nuestro derecho a la defensa en todos los arreglos.

 

¿Ahora no hay alguna acción legal que se haya iniciado?

 

En este momento no hay una acción legal sobre esta materia.

 

¿Lo vienen hablando?

 

Permanentemente.

 

Se les acaba el tiempo...

 

Esperemos que no.

 

¿Usted es consciente que esta, probablemente, sea una de las últimas entrevistas que podría estar dando como miembro de la Junta?

 

Soy consciente de los riesgos que supone el ejercicio de este cargo, desde el primer día que asumimos como miembros de la Junta. Creo que hemos ingresado a este órgano constitucional autónomo con sincera vocación de servicio y serviremos hasta el último día en esta institución. Yo confió que en el Perú hay fuerzas cívicas, ciudadanas, morales, jurídicas que son capaces de detener cualquier arbitrariedad y confió en que estas fuerzas se manifestarán en los votos en el propio Congreso y evitarán que eso ocurra. Pero, en la hipótesis para mí todavía negada de que tal cosa pueda ocurrir, pues seguiremos batallando por la independencia del sistema de justicia, cualquiera sea el espacio que nos corresponda. En mi caso, yo soy un profesor universitario, es lo que he sido toda mi vida. Confío en volver a mi vida universitaria, que me da muchísima satisfacción, pero, por supuesto, seguiré siendo un ciudadano atento al devenir de la cosa pública y, particularmente, respecto del sistema de justicia. Por supuesto que desde mi modesta posición ciudadana seguiremos defendiendo valores democráticos en la certeza de que esa es una condición indispensable para el progreso, el desarrollo, el bienestar de los peruanos, para la calidad de cada uno de nuestros compatriotas, especialmente los más vulnerables que sin democracia difícilmente podrán tener acceso a una mejor calidad de vida, servicios públicos, educación, salud, empleo. La ausencia de democracia, el autoritarismo, es por el contrario el sinónimo de miseria, pobreza, desempleo, carencias.

 

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Ustedes han hablado de que la Junta se quedaría sin quórum, pero desde el Congreso dicen que existiría la figura del “suplente del suplente”

 

Eso no existe y lo ha dicho alguien que cuestiona la Junta, el señor Lecaros, pero nosotros lo habíamos dicho desde antes. La Comisión Especial nombró a 7 tribunales y a 7 suplentes. Todos los demás ya están excluidos del concurso. Ellos no fueron nombrados, no tienen nombramiento alguno. Una decisión de incorporar a quienes siguen en la lista sería una decisión manifiestamente ilegal. ¿Es eso lo que se quiere? Crear un escenario de vacío y de caos para luego aplicar fórmulas que puedan resultar convenientes al interés de un sector determinado. Evidentemente eso no es posible. No se puede manipular así un órgano constitucional autónomo

 

¿Cree que la sentencia del Tribunal Constitucional ha manipulado la conformación de la Junta?

 

No, yo no me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo me refiero a la intención de convocar a postulantes que no fueron nombrados. En relación a la sentencia del tribunal constitucional, con honor a la verdad, no he tenido oportunidad aún de leerla en su integridad. A los miembros de la Junta lo que nos corresponde es, como no podría ser de otra forma en un estado de derecho, acatar.

 

¿Les sorprendió la sentencia del Tribunal?

 

La verdad es que yo no había analizado demasiado el caso, de modo que no puedo decir que me haya sorprendido o no, porque no estaba en el dominio del tema. Sin embargo, en relación a la sentencia, sí me interesa destacar que el fundamento 59, repite casi literalmente el mismo argumento que nosotros antes habíamos sustentado ante la Comisión Permanente, es decir, el mandato es por 5 años. Prueba de eso es que se tomó juramento a los miembros de la JNJ por el periodo 2020-2025. Sí me importa destacar ese aspecto, porque aún cuando es en otro contexto, el principio sigue siendo el mismo: hay inequívocamente un mandato de 5 años que sólo puede ser interrumpido por las causas expresamente señaladas en la ley.

 

¿Han hablado con el doctor Falconí?

 

Yo no pude asistir a su juramentación. Tres de mis colegas sí estuvieron presentes en el acto de su juramentación y conversaron con él. Él ha pedido licencia por 8 días y la Junta le ha concedido licencia sin goce de haber por los días que ha solicitado.

 

Es más o menos el tiempo en el que se dará la votación en el Pleno del Congreso

 

Sí, pero yo creo que es un tema de coincidencia, pero explicable además porque entiendo que él vive en Arequipa, entonces tiene que dejar que el cargo que él tiene allá creo que el decano de una facultad de Derecho, y tiene que establecerse aquí en Lima. Me parece completamente explicable este pedido que ha formulado.

 

Ahora, usted me dice que es el número de días más o menos que restan para que el Congreso decida. Bueno, yo sigo manteniéndome optimista. Yo creo que en el Perú hay fuerzas cívicas, fuerzas ciudadanas, fuerzas morales, capaces de contener embates arbitrarios. Creo también que esas fuerzas van a expresarse en el Congreso de la República. Se expresarán de modos diversos, pero yo confío en que quienes quieren removernos no alcanzarán su propósito. Además, aun cuando algunos me discuten los números, sin embargo, creo que solo en un caso, en la Comisión Permanente, se alcanzó los dos tercios del número legal de miembros. Si aplicáramos la misma fórmula al Pleno, no habrían logrado remover a todos los miembros de la Junta

 

Igual es alarmante que en un caso se hayan logrados más de dos tercios

 

Sin duda. Hay una amenaza firme contra la Junta. Hay un propósito declarado, manifiesto, sistemático, de remover a la Junta. Algunos de los voceros de esa posición, un abogado de parte, lo ha expresado además de un modo muy gráfico. Ha dicho que la solución es liquidar a los miembros de la Junta. Pero muchos de quienes opinan, a veces en los medios de comunicación, no hay el reparo suficiente para verificar si no son abogados de parte, si no han defendido a determinadas personas ante la Junta Nacional de Justicia o procesos judiciales, Evidentemente manifiestan interés a través de sus opiniones.

 

¿Qué pasaría si se logran los votos? ¿Acatarían la decisión?

 

Cada día tiene sus propias preocupaciones, como en el pasaje bíblico. Lo que tenemos claro es que actuamos de acuerdo a ley, siempre actuaremos de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho. Nunca vamos a desafiar el ordenamiento jurídico. En su momento evaluaremos cuáles son las acciones legales que correspondan, pero nunca estaremos al margen de la ley.

 

En reiteradas oportunidades han mencionado que se quedarían sin quórum

 

Se le causa un daño enorme no a la JNJ. Se le causa un daño enorme a la institucionalidad del país, al sistema de justicia. Y, sobre todo, se avanza en el avasallamiento del sistema de administración de justicia, con lo cual estaríamos ante un quiebre del ordenamiento constitucional. Algo parecido no ocurría en el Perú desde diciembre de 1969, cuando el régimen dictatorial del general Velasco decidió destituir a 13 jueces de la Corte Suprema. Cuando da el golpe de estado, Velasco, no destituye a los jueces de la Corte Suprema. Ni siquiera un cuartelazo clásico militar de los años 60 se atrevía a destituir de plano a los jueces de la Corte Suprema. El general Velasco lo hizo después de más de un año de gobierno, en diciembre de 1969, mediante un decreto ley, destituye a 13 de los magistrados de la Corte Suprema. El 5 de abril del 92 se produce el quiebre del orden constitucional, tampoco fueron removidos automáticamente los miembros de la Corte Suprema. El 9 de diciembre se hizo una remoción, pero algunos quedaron. Pero una remoción íntegra de un órgano constitucional autónomo es casi inédita porque sí se removió en su momento, el 5 de abril del 92, a los miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Pero lo que podría llegar a ocurrir en el Perú es gravísimo. Algunos no quieren verlo. Algunos prefieren mirar el tema a la distancia y se equivocan. Porque las consecuencias pueden ser gravísimas, no solamente en términos de aceptación, de vulneración de la independencia, del sistema de justicia, del sistema electoral, sino que incluso puede devolverse como un bumerán contra aquellos que ahora miran el tema con distancia, que no quieren lanzar opinión, probablemente por una escasez de cultura democrática. Mi impresión es que el hartazgo de la ciudadanía ante la arbitrariedad, ante el abuso, realmente puede conllevar, muy lamentablemente, a la emergencia de liderazgos profundamente antisistema, cuyas consecuencias pueden ser totalmente impredecibles.

 

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Los ejemplos que menciona se dieron en dictaduras, ¿considera que estamos en un escenario con rasgos dictatoriales?

 

Creo que el Perú vive, como lo ha caracterizado bien esta publicación británica The Economist, un régimen híbrido, donde hay elementos de democracia, por ejemplo, hemos tenido elecciones libres. De hecho, donde resulta mejor calificado el Perú en esta evaluación que hace The Economist es justamente en el rubro referido al sistema electoral, en otros rubros estamos muy bajos. Hay elementos de democracia, pero hay elementos autoritarios también, pero desgraciadamente venimos decayendo. El Perú no es la primera vez que participa en esta evaluación. Antes éramos reconocidos como una democracia con sus limitaciones...

 

Una democracia defectuosa...

 

Pero caímos desde el año pasado a la condición de régimen híbrido, y ahora dentro de esa condición de régimen híbrido hemos perdido varias posiciones, es decir, seguimos deslizándonos hacia un modelo autoritario, dictatorial. No hemos llegado a ese estatus, pero desgraciadamente podríamos llegar a una situación de esa manera si es que no somos todos firmes en la defensa de la institucionalidad democrática del país. Firmeza no significa ser desafiantes, violentos, agresivos, pero si firmes en el argumento para persuadir a quienes tienen que tomar decisiones y podrían cometer un error peligrosísimo para la República, con consecuencias dramáticas para las propias instituciones y para el propio Congreso. Pero finalmente con consecuencias todavía mucho más dramáticas para la ciudadanía

 

Patricia Benavides y José Ávila

 

¿En qué estado se encuentra el proceso disciplinario inmediato de la doctora Patricia Benavides? Una eventual destitución de la Junta y sin el quorum necesario permitiría que regrese a la Fiscalía una vez que se venza el plazo de 6 meses de la suspensión preventiva

 

No me voy a referir al caso en particular. Lo que sí puedo decir es que cualquier medida que pueda haber adoptado la Junta, en ese como en cualquier otro caso, por supuesto que cumplido el plazo si no hay Junta simplemente se vence el plazo y pierde todos los efectos la medida que se haya adoptado.

 

¿La reconsideración de la doctora Benavides cuando será resuelta?

 

Bueno, hemos tenido algunas dificultades porque justamente el ponente era el doctor Ávila y justamente cuando ya había entregado su ponencia se produjo su renuncia. Con lo cual, ese pedido de reconsideración ha tenido que pasar a otro miembro

 

¿Se va a debatir la misma ponencia del doctor Ávila?

 

No, un miembro del pleno tiene que hacer su propia ponencia. Y, además, en este momento tenemos algunos problemas de quórum porque el doctor Falconí está con licencia y el doctor Thornberry, que ahora es suplente por mandato del TC, tendría que volver a jurar, lo cual tendría que ocurrir el próximo lunes porque el defensor del Pueblo no está en el Perú. Hay muchas decisiones que podemos avanzar porque tenemos 5 miembros en el pleno, pero en los procedimientos disciplinarios no participa el instructor, entonces, necesitamos todavía un miembro más. Igual, en los próximos días estará, estoy seguro, resuelto el tema del quórum y no dudo de que también tendrá que resolverse prontamente esa reconsideración

 

Justo que mencionó la renuncia del doctor Ávila, ¿cómo les tomó toda esa situación? Entiendo que ustedes tenían la información días antes

 

Sí, hemos recibido información a partir de la cual hemos hecho ciertas consultas al doctor Ávila, hemos pedido algunas explicaciones. Y pues se trata, por supuesto, de una vinculación grave señalada por alguien que afirma ser un testigo directo. Y ante esa circunstancia, los miembros de la Junta decidimos abrir un procedimiento interno y solicitar incluso su suspensión. Un procedimiento que habría podido concluir con la vacancia del cargo

 

¿Se solicitó su suspensión oficialmente?

 

Fue solicitada oficialmente. Uno de los miembros solicitó su suspensión

 

¿No se votó?

 

No, porque se le tenía que dar un plazo para que él pudiese absolver esos pedidos. Pero apenas él recibió esta comunicación, ya tenía, parece que lo había meditado antes, una renuncia que presentó inmediatamente

 

Pero no es el único miembro que ha sido señalado por Jaime Villanueva. El señor Thornberry ha sido señalado en la colaboración eficaz como un miembro que ha estado filtrando información de la Junta a Patricia Benavides

 

Mi impresión es que la intensidad de las afirmaciones es distinta. Obviamente yo presumo la licitud de las actuaciones del doctor Ávila y presumo también la licitud de las actuaciones del señor Thornberry. Desde el punto de vista legal, eso es lo que corresponde, tendrán que haber investigaciones y en las investigaciones se esclarecerá si es que hay algún tipo de responsabilidad tanto del señor Ávila como del señor Thornberry. Pero en cuanto a los señalamientos que hace el señor Villanueva, se presenta como un testigo directo en el caso del señor Ávila. En el caso del señor Thornberry, es lo que en los procesos judiciales suele llamarse un testigo de oídas. O sea, él dice que apoyó a la señora Benavides, que decía que conversaba con el ‘africano’, que a su vez conversaba con el doctor Thornberry, pero que además lo hacían en inglés y que ella no entendía. Entonces, la intensidad del señalamiento del señor Villanueva no tiene la misma intensidad

 

Pero filtrar información reservada es algo grave

 

En la Junta, salvo los procesos disciplinarios que tienen reserva, es muy difícil que pueda filtrarse o que haya necesidad de filtrar la información. Incluso en los procesos disciplinarios, el abogado de cualquier investigado tiene toda la información porque tiene todo el acceso al expediente. Si me piden información a mí, yo no tengo información de un expediente que se investiga en otro despacho. Yo no conozco las investigaciones que se realizan en otros despachos, sino hasta el momento en el que el miembro instructor presenta su informe ante el pleno de la Junta. Ahí me entero. Entre tanto, yo no tengo conocimiento, de modo que ningún miembro podría filtrar información de procedimientos que no están bajo su despacho. Y en cuanto a los concursos de selección y nombramiento, ahí no tenemos participación directa de los miembros del pleno. Ni en el examen de conocimientos, ni en la evaluación curricular, ni en el estudio de casos, sino solamente en la entrevista. Tanto en el examen de conocimientos como en el estudio de casos. Además, apenas termina una fase, inmediatamente se publican los resultados. Yo no estoy defendiendo aquí al doctor Thornberry, ni mucho menos. Yo creo que todos los dichos que atañen o que afectan a miembros de la Junta deben ser investigados. Nosotros hemos sido muy exigentes respecto de la conducta de jueces y fiscales, por supuesto que tenemos el deber de someternos exactamente a las mismas exigencias.

 

¿Al igual que en el caso del doctor Ávila, se le solicitó algún descargo a Thrornberry?

 

Se le pidieron explicaciones al señor Thornberry y básicamente nos dio las explicaciones que él ha dado también a nivel público. Él emitió un pronunciamiento público en el que señaló que tenía amistad antigua con el señor Garrido-Lecca y que conversaba esporádicamente con él, pero nunca sobre temas de la Junta.

 

En estos cuatro años de gestión, ¿no hay alguna autocrítica?

 

Algunos me han cuestionado duramente porque me dicen que no tenemos capacidad de autocrítica. Sin embargo, es legítima la autocrítica por el tema de la provisionalidad. Nos ha faltado energía para exigir a los demás componentes del sistema de justicia, a los sucesivos gobiernos y al Congreso para exigir que se resuelva el tema de la provisionalidad. El 55% de los fiscales en el Perú son provisionales. El caso del Poder Judicial, casi el 40% de jueces son supernumerarios.

 

Fuente: Entrevista realizada por Infobae