AFN - El fiscal adjunto superior, Oliver Chávez Sánchez, vocero del Equipo Especial del Ministerio Público, dio a conocer que se encontró información de relevancia penal durante las diligencias de allanamiento realizadas recientemente en las viviendas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Se han encontrado equipos telefónicos, vouchers de depósitos y transferencias de dinero, así como files y expedientes de contratos que será evaluada para determinar su grado de importancia en la investigación que se sigue contra el exmandatario”, señaló el magistrado en el programa “Sin Reserva” del Ministerio Público.

De esta forma, el vocero del Equipo Especial respondió a los cuestionamientos de la defensa del exmandatario respecto a la nulidad de los recientes allanamientos del pasado 24 de marzo, supuestamente al no tener la calidad de investigado al momento de las diligencias. Chávez Sánchez aclaró que ello no es exacto pues el expresidente tiene esa condición desde el 21 de marzo.

Igualmente, aclaró que, a diferencia de lo dicho por la defensa, la etapa de investigación preliminar sí forma parte del proceso penal, por lo que sí podía solicitarse al juez el impedimento de salida del país. Además, dijo que el Equipo Especial no tenía por qué informar a la defensa sobre la realización de los allanamientos pues dichas diligencias la pide el fiscal al juez de manera reservada para garantizar la eficacia de la medida pues, caso contrario, el imputado puede modificar, ocultar o destruir las pruebas existentes en los locales a intervenir.

Caso consorciada

El vocero del Equipo Especial lamentó las excarcelaciones que está dictando la Sala Penal de Apelaciones a favor de los empresarios acusados de haberse consorciado con Odebrecht para beneficiarse de los sobornos en la construcción de la Carretera Interoceánica, calificándolo de retroceso en las investigaciones.

Chávez Sánchez recordó que en febrero de 2017, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo, funcionarios de ProInversión y personas vinculadas a su entorno por los delitos de colusión y lavado de activos; la misma que se amplió para incluir a los representantes de las constructoras peruanas consorciadas con Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet, IICSA, entre otras).

Afirmó que allí radica el error de la Sala Penal de Apelaciones al disponer la liberación de personas a las que, en primera instancia, se había ordenado mandato de prisión preventiva, pues esa instancia judicial está exigiendo pruebas confirmadas de la colusión entre el expresidente Toledo y las consorciadas.

"¿Qué empresa de la construcción razonablemente cede más del 80% de sus utilidades a Odebrecht, a quién reconoce cómo líder del consorcio?", se preguntó el magistrado, agregando que dicho acto es el que configura el presunto delito de lavado de activos.

Agregó que para la Fiscalía es importante que se mantengan las medidas de prisión preventiva, pues existe el riesgo de fuga o de ocultamiento a la acción de la justicia y el Ministerio Público debe asegurar la presencia de los investigados en el juicio.

Concluyó que es necesario que los magistrados del Poder Judicial tengan una visión más moderna de la criminalidad en la formulación de sus fallos, pues se está juzgando el accionar de la Fiscalía con criterios que no están acordes con las formas modernas del crimen organizado.

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