Hay términos como bondad o justicia, que todos aspiramos a alcanzar sin conseguirlo, y otros, como corrupción, que todos queremos combatir, sin conseguirlo tampoco. La corrupción se ha convertido en la enfermedad incurable de las democracias y está carcomiendo, ya sea en Brasil, en México, en España y en otros muchos países, las bases del sistema de convivencia y la credibilidad política.

Si se analiza su origen —con independencia de su justificación histórica como una herencia de España a sus colonias—, no es un problema que se aclare o arregle sólo con leyes, con iniciativas más o menos intermitentes de la justicia o con grandes campañas de denuncia en la prensa. Con ella pasa, genéticamente, como con el instinto democrático, el respeto a las leyes o a la vida: hay cosas que no se aprenden porque las leyes te obliguen, sino que se maman desde la cuna. Pues bien, el mundo latino no mamó el desprecio a la corrupción.

En ese contexto, si se le preguntase a Lula da Silva por qué durante su mandato se organizó la mayor red de corruptelas de la historia en un sistema tan prostituido como el brasileño, el expresidente y los miembros de su Gobierno contestarían que el fin justificaba los medios. En una visión táctica, la justificación sería que, en vista de que era la primera vez que la izquierda gobernaba en Brasil, no se podía detener el avance de la historia por pequeñas consideraciones morales. Así nació el caso Mensalão (el escándalo de las mensualidades, esto es, la compra de votos pura y dura en el Congreso), y de éste a Petrobras y de ahí a la destrucción del sistema.

Asimismo, si se preguntase a los partidos españoles, en esta ocasión al Partido Popular (PP) por qué son tan corruptos, podrían contestar muchas cosas. La verdad es que, formalmente, España desde la Transición ha creado un sistema democrático que, en principio, es impecable. Sin embargo, el problema es que los protagonistas de la Transición, mi generación, al atravesar el Jordán de la reconciliación sin sangre, consideraron que se habían ganado el derecho casi sistémico a producir abusos (como en el caso de Lula) por el bien del pueblo. Aunque el bien muchas veces consistiera en apropiarse de las cuentas corrientes y la víctima fuera siempre la institucionalización.

Al final, parece que nadie escapa a la tradición de la corrupción en los países latinos. No es que ésta no se dé en los anglosajones, pero sí tienen más instinto de conservación y un sentimiento, no sé si de temor o de convicción, inculcado desde la cuna, por el que la corrupción no queda impune, aunque cuando estalla es tan brutal como en nuestra cultura, donde nacemos con la obligación del derecho a ser corruptos.

La paradoja de todo esto es que la democracia ha provocado dos situaciones: primera, que la clase política suplante el poder popular; segunda, que cuando los políticos cometen el delito de alta traición, robando al pueblo, éste sigue votándoles.

Fuente: EL PAIS