En medio de la desaprobación a su Gobierno, Dina Boluarte propuso el retorno de la pena de muerte en el Perú. La propuesta de la jefa de Estado se dio cuando se pronunciaba por el asesinato de una menor de 12 años en el distrito de Villa María del Triunfo registrado el último 8 de diciembre.

En ese sentido, la presidenta planteó la ejecución como una "medida drástica" para combatir este tipo de delitos.

Una desesperada Dina Boluarte por sus 3% de aprobación y sus escándalos, utiliza el asesinato de una menor en VMT para hablar de "Pena de muerte" populismo barato ¡Indignante! pic.twitter.com/rnmOWK9qx5

— Chacotero (@ChacoteroPeru) December 10, 2024

"No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos", dijo Boluarte. Si bien, la impotencia que causan los abusos sexuales, puede llevar a considerar esta propuesta como adecuada, una mirada experta lleva a definir todo lo contrario. De acuerdo con el abogado Juan José Quispe, especialista en derechos humanos, se trata de una "medida absolutamente inviable a corto y mediano plazo". Esto, claro, desde un punto de vista jurídico.

Pacto de San José prohíbe la aplicación de la pena de muerte

Sucede que nuestro país forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado internacional prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes. Uno de ellos hace mención a la ejecución como castigo por un delito. Al respecto, dice: "(los Estados partes) no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción".

Así las cosas, en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Perú no podía ampliar los supuestos de pena de muerte.

Este antecedente fue recordado por el abogado Quispe, quien precisó que el primer paso en la ruta del retorno de la pena de muerte en Perú sería que nuestro país se retire de dicho tratado. "Somos parte de la competencia contenciosa administrativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, no podemos implantar la pena de muerte si no se denuncia primero al pacto de San José", precisó Quispe a La República.

Para lograr una denuncia, la jefa de Estado debería presentar el proyecto ante el Congreso, poder que evaluaría y debatiría si "nos retiramos o no por completo del sistema Interamericano".

Todo este proceso tardaría más de un año. Luego, la Corte Interamericana deberá responder al pedido peruano, lo cual llevaría otro lapso más. Posteriormente, en el hipotético caso de que Perú logre retirarse del Pacto de San José, recién se procedería a modificar la Constitución vigente.

"Todo el proceso suma más de un año y, mientras tanto, los delitos seguirán aconteciendo. Para mí, es una cortina de humo muy grande de la señora Boluarte, pues durante el tiempo que dure el proceso, la ciudadanía y los medios de comunicación centrarán su atención en ello dejando de lado los perjuicios del Gobierno. Es una medida populista para tapar su inacción y su baja aprobación", resaltó.

La "gran cortina de humo" de Dina Boluarte

Esta visión fue compartida por el abogado penalista Mario Amoretti, quien coincidió en que se trata de una mera cortina de humo. "Está claro que es una cortina de humo de la presidenta Dina Boluarte. Esto no soluciona el problema de inseguridad que vive el país. El Gobierno de Boluarte no funciona, el Congreso no funciona, solo están en un espíritu de sobrevivencia y no están haciendo nada para combatir realmente los problemas del país", expresó a este medio.

Además, el letrado recordó que el ajusticiamiento es una medida que ya fue rechazada por la misma ciudadanía años atrás. "En el gobierno de Velasco Alvarado se dio la pena de muerte en delitos de homicidio calificado y violaciones, pero por presión de la opinión pública se retrocedió", indicó.

De la misma forma, el abogado constitucionalista Erick Urbina resaltó la ineficacia de esta medida. "La última vez que se aplicó la pena de muerte en el Perú fue en el caso del "Monstruo de Almendariz", un ciudadano afroamericano a quien se le aplicó este castigo y luego se determinó que era inocente. Creo yo que el sistema jurídico peruano no garantiza que ningún ciudadano sea tratado con justicia. En varias situaciones se ha visto que el margen de error es muy amplio. Es una medida populista. No es viable ni hay unanimidad en la postura de Estado", explicó a Exitosa.

Dina Boluarte no se pronunció sobre las violaciones en las comunidades indígenas

En medio de los cuestionamientos, se conoció que la presidenta Dina Boluarte recién se pronunció sobre violaciones el último martes 10 de diciembre, cuando desde meses atrás se sabe de 564 estuadienes de la provincia de Condorcanqui que denunciaron a profesores y auxiliares de educaciones por violaciones entre los años 2010 y 2014.

"Vuelve a mostrar su desprecio por las personas más vulnerable a la violencia de género y sexual, reafirma que sus propuestas de mano dura son falsas y que en realidad no le interesa resolver estos problemas (…) Con las comunidades indígenas en general este Gobierno ha actuado con absoluto desprecio desde el primer día", dijo Paula Távara, magister en Ciencias Políticas.

Fuente: La Republica