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Estos 3 caballeros dirigían sus gobiernos en Ica cuando se hizo un desfalco al Estado

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Informe de Auditoría de Cumplimiento reveló perjuicio de más de S/17 millones en el Gobierno Regional de Ica. El proyecto de videovigilancia fue inoperativa desde que se compró hace más de cinco años.

Alonso Navarro Cabanillas y su gerente general  Mario López Saldaña llevaron a cabo la compra e instalación de 140  cámaras domo en las 5 provincias de la región. Fernando Cillóniz después ordenó aprobar y ejecutar el presupuesto adicional de más de 2 millones de soles para concluir el proyecto. Foto: Un efectivo PNP calibra los equipos de vigilancia.
Alonso Navarro Cabanillas y su gerente general Mario López Saldaña llevaron a cabo la compra e instalación de 140 cámaras domo en las 5 provincias de la región. Fernando Cillóniz después ordenó aprobar y ejecutar el presupuesto adicional de más de 2 millones de soles para concluir el proyecto. Foto: Un efectivo PNP calibra los equipos de vigilancia.

 


ICA | La Contraloría General identificó que el proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Prevención de la Comisión de Delitos y Faltas de la Jurisdicción de la Dirección Territorial de la Policía de Ica” (Cámaras de videovigilancia), se encuentra inoperativa desde hace más de cinco (5) años.

 

Este hecho afectó el cumplimiento del objetivo, el cual fue brindar un eficiente servicio de prevención de delitos y faltas en la jurisdicción de la región policial de Ica para contrarrestar la problemática de la inseguridad ciudadana.

 

Asimismo, la comisión auditora detectó que once ex funcionarios del Gobierno Regional de Ica ocasionaron un perjuicio económico de S/ 17´598,390.00 en la ejecución del proyecto (Cámaras de videovigilancia), debido al pago irregular de conformidades pese al incumplimiento del contrato, inoperatividad de los equipos y falta de custodia.

 

El Gerente General del Gobierno Regional de Alfonso Navarro, Mario López Saldaña, recepcionó el primer bloque de las cámaras que llegaron en la sede, en Ica.

 

Foto de archivo de muestra de los equipos de vigilancia.

 

Cabe mencionar que la adquisición de bienes para la ejecución del proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Prevención de la Comisión de Delitos y Faltas de la Jurisdicción de la Dirección Territorial de la Policía de Ica”, se efectúo en el año 2012 y en marzo del 2013 el Gobierno Regional de Ica suscribió el contrato con la empresa por un monto total de S/ 18´923, 000.00.

 

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 023-2019-2-5340-AC, determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 11 ex funcionarios y servidores públicos del periodo enero de 2013 al 31 de diciembre del 2016, debido a que su accionar afectó los recursos del Estado.

 

Observación

 

La comisión auditora reveló que el otorgamiento de conformidades de pagos, pese al incumplimiento del contrato y la inoperatividad del proyecto aunado a ello la falta de custodia de los equipos afectó el normal funcionamiento de la administración pública y el objetivo del proyecto; los mismos que fueron revelados en los siguientes hechos:

 

1. Se efectuó el pago parcial de la primera conformidad correspondiente a los suministros de equipos electrónicos propuestos para la ejecución del proyecto, sin advertir que no habían ingresado en su totalidad al almacén de la entidad.

 

2. Se realizaron pagos parciales de la segunda y tercera conformidad, pese a que los documentos presentados por el consorcio, como sustento del trabajo realizado, carecían de requisitos técnicos que demuestre el funcionamiento integral del sistema de comunicación radial, central de emergencia y sistema de video vigilancia; dando conformidad final al proyecto avalando además, un informe que no tenía las firmas de los especialistas.

 

3. La entidad efectuó la devolución de las garantías sin haber realizado la amortización total del adelanto directo otorgado al contratista, asimismo omitió custodiar los equipos instalados.

 

Iniciar acciones legales

 

El hecho afectó también el correcto funcionamiento de la administración pública, por lo que la comisión auditora recomendó al Gobierno Regional de Ica el inicio de las acciones legales y administrativas contra los ex funcionarios y servidores públicos involucrados.

 

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