Por: Alfredo Gutarra Luján Corresponsal de HC Média en Huancavelica

El 31 de agosto de 2021, cuando aún era legislador, Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano presentó una denuncia constitucional contra María Antonieta Alva Luperdi, exministra de Economía y Finanzas del vacado expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo (artículo 399 del Código Penal) en agravio del Estado peruano, así como por la presunta infracción constitucional del artículo 39 de la Constitución Política del Perú.

El excongresista de Huancavelica, Iro Chagua Payano, está citado para el martes 29 de abril de 2025 en calidad de denunciante. Ese día, Iro Chagua sustentará su denuncia constitucional a la exministra del MEF María Antonieta Alva ante los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

En comunicación telefónica, el exlegislador Iro Chagua nos manifestó que los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras haber constatado la infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú, probablemente propondrán la inhabilitación constitucional de María Antonieta Alva.

El analista político y abogado Yorry Warthon opinó en 2021 que María Antonieta Alva Luperdi, exministra de Economía y Finanzas, no solo debe ser censurada, renunciar y/o ser destituida del cargo (hechos que no ocurrieron), sino que también debe ser investigada y acusada penalmente por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Según Yorry Warthon, la extitular del MEF podría enfrentar cargos penales con una sanción de pena privativa de libertad de hasta 15 años (si se aplica el criterio del concurso real de delitos).

El hecho por el que se le denunció constitucionalmente es el siguiente: el Consorcio Geoservice-Hidroenergía, vinculado al padre y hermano de la exministra María Antonieta Alva, brindó servicios de asesoría por S/ 1,557,000 al Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura. La licitación fue otorgada el 27 de noviembre de 2019, un mes y medio después de que la exministra asumiera el cargo.

Una de las dos empresas que conformaban dicho consorcio es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, donde figuraban como accionistas Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano, respectivamente, de la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas.

La denuncia constitucional contra María Antonieta Alva Luperdi no solo pone de relieve la necesidad de una rendición de cuentas en las altas esferas del poder, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad de las decisiones políticas que afectan al Estado. En un contexto donde la corrupción y el tráfico de influencias son temas recurrentes, es imperativo que se tomen medidas firmes para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho inalienable para todos los ciudadanos, y es responsabilidad de todos exigir accountability a nuestros líderes.