LIMA | La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este jueves que la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Edgar Alarcón (UPP), distorsiona el proyecto que presentó la institución a fin de restituir su capacidad sancionadora. Remarcó que el predictamen generará impunidad en casos de corrupción y debilitará el sistema nacional de control.

Indicó que el texto sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública debería implicar el retorno de la capacidad de la Contraloría General para sancionar administrativamente los casos de corrupción e inconducta funcional.

“Expresamos nuestra preocupación porque el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la ?nalidad de los proyectos de ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipi?car las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional”, señaló en un comunicado.

Resumen semanal | Contraloría advierte distorsión del proyecto de ley que restablece su capacidad sancionadora, lo que generará impunidad de casos de corrupción y debilita el Sistema Nacional de Control. Esta y nuestras principales acciones de control a nivel nacional aquí ???? pic.twitter.com/XCXOkmmYDh

— Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) December 12, 2020

Puntualizó que el texto elaborado además “debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la corrupción y la inconducta funcional y retrasa el principal objetivo del proyecto de ley, generando incertidumbre y acrecentando la sensación de impunidad en la ciudadanía”.

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Remarcó que “con la desnaturalización del predictamen” no se podrán sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión u otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos.

A modo de ejemplo, citó aquellos casos asociados al incumplimiento de las disposiciones e informes técnicos vinculantes que emiten los órganos rectores de los Sistemas Administrativos, como OSCE, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, entre otros, así como directivas y procedimientos internos en materia de contrataciones públicas menores a 8 UIT’s o conocidas como de menor cuantía.

La institución indica que la presidencia de la Comisión de Fiscalización “no aceptó” convocarla a una sesión, tal como se solicitó el pasado 20 de noviembre “para sustentar ante los miembros del grupo de trabajo los argumentos técnicos y jurídicos de nuestra institución”.

“Se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones de la CGR. Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el funcionario infractor termina ‘sancionado débilmente’ por quien lo nombró en el cargo”, alerta la Contraloría.

La institución también señala que la comisión propone que el reglamento de la nueva ley sea elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado mediante decreto supremo, afectando su autonomía.