El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Esta investigación es parte de la que ya se realiza al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas y a seis congresistas de la República, por la presunta irregular licitación pública N° 01-2021-MTC/21, para la construcción del puente vehicular Tarata, sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres en la región San Martín, que culminó con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III.

La investigación fue ampliada por el Fiscal de la Nación luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones. Según las investigaciones y la hipótesis fiscal se advierte de indicios razonables de la presunta participación el Presidente de la República en delitos de corrupción de funcionarios que habrían sido cometidos dentro del plan delictivo de una organización criminal que se habría enquistado en el aparato estatal, de manera concreta en el MTC.

 
A la información remitida por la fiscal Karla Zecenarro Monge, se incorporó también, a mérito de la Disposición Fiscal N° 03, el informe complementario N° 002-2022 emitido por la doctora Luz Taquire Reynoso, Fiscal Provincial del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, ello debido a que los hechos puestos en conocimiento a través del referido informe complementario guardarían relación con los hechos contenidos en la presente carpeta fiscal.
 

Como se sabe en este Despacho de Lavado de Activos se incorporan las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien señaló que existiría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el exministro Silva Villegas y el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de la que también participaría el ya mencionado empresario Marco Antonio Samir Villaverde García, y los sobrinos del Presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Así, Zamir Villaverde entrevistaría a los gerentes antiguos del MTC para ver quienes serían los más idóneos para su designación en dicha entidad.; entre estos gerentes designados con la presunta intervención del empresario estaría Alcides Villafuerte García.

En este despacho se incorpora también las declaraciones de un segundo colaborador quien señaló que, entre noviembre y diciembre del 2021, el entonces ministro Silva le habría solicitado la suma de 50 mil soles al empresario Zamir Villaverde, indicándole que se lo entregue en su departamento ubicado en la avenida Arequipa, lugar en el que Villaverde García habría concretado la entrega del dinero en efectivo, habiendo precisado el colaborador eficaz, respecto a esta entrega, que fueron cien mil soles, los que Villaverde habría entregado a Juan Silva el 04 de noviembre de 2021, en el departamento en que este último vivía en el Cercado de Lima, y no 50 mil como había señalado inicialmente.

Además, ha referido que, entre agosto y setiembre del 2021, el entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de 30 mil soles, citándolo en su departamento ubicado en el Cercado de Lima, donde habría recibido los 30 mil soles, y le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

 El análisis de las carpetas fiscales, que dan cuenta de la existencia de indicios, en grado de sospecha, que involucrarían a José Pedro Castillo Terrones en la comisión de delitos graves, como el de organización criminal, llevan a la necesidad de analizar la posibilidad de investigar al Presidente de la República.
 

Ello se concluye de los informes remitidos por las fiscalías provinciales especializadas, así como de la demás información que obra en la carpeta fiscal.

Por los fundamentos expuestos y al amparo de lo establecido en la Constitución Política del Estado, así como en el DL N° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público-, en los artículos 317°, 400° y 384° del Código Penal, en los artículos 449°, 450° y 451° del Código Procesal Penal, en el artículo 01 de la Ley N° 27399, y en la Ley 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado, se dispuso ampliar diligencias preliminares de investigación, a efectos de comprender al presidente Pedro Castillo quien fue notificado de la disposición, asimismo se ha dispuesto su declaración indagatoria, para el debido y necesario esclarecimiento de los hechos, donde el primer mandatario del país, tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.

El presidente de la República fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos.

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 29, 2022

Más información

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, le abrió dos investigaciones al presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato en julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petro-Perú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.