LIMA - El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, propuso un conjunto de 100 acciones concretas de política nacional de integridad y de lucha contra la corrupción aplicables en todas las entidades públicas, como las instituciones encargadas de administrar justicia y los organismos autónomos del Estado, las mimas que son afines a las recomendaciones elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  y son el resultado de su trabajo como expresidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
 

Entre las medidas, presentadas al dejar el cargo de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), destaca reformar la Constitución Política para que la designación del Contralor General de la República se realice mediante votación por el Pleno del Congreso. También, para que los requisitos a quienes postulen al Consejo Nacional de la Magistratura sean los mismos que se exigen para los cargos de fiscal o juez supremo y que se suprima el antejuicio a altos funcionarios públicos, cuando sean investigados por delitos contra la administración pública.

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Destaca también la necesidad de crear la Procuraduría General del Estado como organismo independiente.

 

Además, en el ámbito de los organismos encargados de administrar justicia, como son la Fiscalía y el Poder Judicial, el titular del Ministerio Público propuso la reducción sustancial de la provisionalidad en los magistrados y el fortalecimiento del sistema anticorrupción mediante la implementación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción, dedicada a ver casos de delitos contra la administración pública en última instancia.

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Otro aspecto de relevancia en la lucha contra el crimen y el delito sería la implementación de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad; así como la interoperabilidad entre las entidades que administran justicia. De igual manera, propuso la creación de un equipo elite anticorrupción en la Policía Nacional, altamente calificado y permanentemente evaluado, que apoye eficientemente las investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público.

 

En materia electoral, las medidas contemplan la aprobación del Código Electoral Nacional propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, que se excluyan las donaciones anónimas a los partidos políticos y prohibir que personas condenadas y procesadas por delitos graves como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y terrorismo se presenten como candidatos de elección popular.

De otro lado, el magistrado propuso que el curso de deontología sea obligatorio en todas las facultades de las universidades e institutos de educación superior. Asimismo, plantea impulsar la simplificación administrativa y el gobierno electrónico e introducir mecanismos de sanción efectiva e inmediata para casos de incumplimiento del Código de Ética de la Función Pública.

Finalmente, estas medidas incluyen propuestas legislativas que en los próximos días el Fiscal de la Nación presentará al Congreso de la República, reiterando su compromiso de forjar un país sin corrupción.