La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó, ante el Congreso de la República, dos denuncias constitucionales contra el legislador y excontralor Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien actualmente preside la Comisión de Fiscalización.

#Urgente | La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó 2 denuncias constitucionales contra el actual congresista, Edgar Alarcón Tejada. Una por peculado doloso, otra por enriquecimiento ilícito. Los hechos corresponden a su ejercicio como contralor general de la República. pic.twitter.com/hkoVnXO39a

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 9, 2020

En estas denuncias, el caso de presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en hechos cometidos cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. En aquel momento, se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.

Mientras que la segunda denuncia constitucional, por peculado doloso, es por servicios simulados también cuando se desempeñó como contralor y cuyo monto alcanza los S/81,121.73.

Ambas denuncias serán analizadas por la Sucomisión de Acusaciones Constitucionales del Cogreso, que será la instancia que calificará los hechos y presentará un informe.

Los casos bajo la lupa
 

Según el análisis que presentó la fiscalía de la Nación, el excontralor habría adquirido bienes muebles e inmuebles junto su cónyuge María Lilia Gordilla Andía, que no representan el valor de sus ingresos y egresos.

La denuncia, por presunto enriquecimiento ilícito, abarca los períodos de 09 de junio del 2016 al 04 de julio del 2017. Y, según el documento, los ingresos de fuente lícita, sustentada por el funcionario, ascendería a la suma de S/687,826.37; mientras que los egresos (vehículos, retiros, transferencias, pagos de préstamos y consumo de tarjetas de crédito y otros) alcanzarían un monto de S/889,163.61.

“Estableciéndose en consecuencia, de la comparación de ingresos y egresos (gastos) anotados del denunciado Edgar Alarcón Tejada y su cóyuge, un presunto desbalance patrimonial por la suma de S/201,337.24, correspondiente al periodo de investigación”, se concluye la Fiscalía tras realizar un análisis pericia.

Como se recuerda, el caso nació tras las denuncias periodísticas -entre ellas de El Comercio- en la que se daba cuenta que Alarcón, durante el 2002 al 2015, había adquirido más de 90 vehículos y camionetas de alta gama.

Tras abrirse investigación, el caso fue separado en dos carpetas fiscales: una, vinculada al período de Alarcón como contralor se quedó en la Fiscalía de la Nación y hoy fue presentada ante el Congreso. La segunda carpeta fue derivada a la Fiscalía Anticorrupción, que continúa procesando el caso; y comprenden el período de 2007 al 2016.

“Es necesario señalar que lo determinado en los informes periciales, que analizaron la situación patrimonial del denunciado (...) que precisamente guarda relación con actos propios del abuso de la función pública, donde se verificaría un presunto desbalance patrimonial en el denunciado Edgar Alarcón, producto del abuso o prevalecimiento de los distintos cargos que ejerció en la Contraloría General de la República, que, por cuestiones procesales, se han tramitado en investigaciones separadas”, se explica en el documento.

La acusación constitucional concluye que debido al cargo y antejuicio constitucional que ostenta Alarcón, es necesario presentar la denuncia ante el órgano competente a fin de que el proceso continúe para el esclarecimiento de los hechos. El delito prevé una pena no menor de 10 años ni mayor de 15 años, más la inhabiltación.

“Todo ello permite establecer que a este estado de la investigación, se presentan los indicios reveladores que permiten inferir válidamente, un presunto incremento patrimonial no justificado (...) circunstancias que ameritan ser debidamente esclarecidas en la siguiente fase de las investigaciones”, concluyó.

Presunto peculado doloso

De otro lado, la denuncia presentada por presunto peculado doloso, se vincula a supuestos gastos injustificados cuando Alarcón Tejada también ejerció el cargo de contralor (2016-2017).

Dichos pagos se habrían realizado a través de 50 recibos por honorario por labores “ficticias” que habrían realizado diversos proveedores, donde se “verifica” que “no habrían prestado los servicios que se detallan en sus respectivos recibos pos honorarios, por lo que se concluye que serían servicio ficticios o simulados”.

Los servicios servicios descritos están relacionados con la recopilación y análisis de información, apoyo contable, veedurías, apoyo administrativo y otros.

“La presente denuncia está relacionada con la (presunta) apropiación de fondos públicos provenientes de la caja chica central de la CGR, con los cuáles se pagaron diversos servicios que no fueron prestados en favor de la entidad”, se indica en el documento.

Este diario trató de recoger la versión del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso; sin embargo, desde su oficina, indicaron que no se pronunciaría por el momento.

Horas después, el congresista se pronunció por sus redes sociales. “Siempre me someteré a los procedimientos que haya lugar”, expresó. Sin embargo, dijo que le extrañaba la agilidad de la Fiscalía para presentar dos acusaciones constitucionales en su contra.

Fuente: El Comercio