El fiscal José Domingo Pérez envió un oficio al Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) para solicitar que informe los "posibles actos obstruccionistas y de interferencia con el sistema de administración de justicia" por parte del procurador general del Estado interino, Javier Pacheco Palacios, en la etapa de juicio oral de los casos Metro de Lima, Línea 1, IIRSA Sur- Toledo, Aumentar Keiko 500 y No Revocatoria a la Alcaldía de Lima de Susana

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales (…) a fin de saludarla y a su vez solicitarle (que) se designe a quien corresponda (que) se informe a este despacho fiscal sobre posibles actos obstruccionistas en las investigaciones fiscales seguidas en el Equipo Especial de Fiscales", se precisa en el oficio de Domingo Pérez.

"Lo solicitado, en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado, entre otros; ello, especialmente a partir de su designación como Procurador General del Estado Interino", se añade.

Javier Pacheco preside la Procuraduría

La presidenta de la República, Dina Boluarte, nombró a Javier Pacheco como jefe interino de la Procuraduría General del Estado (PGE), el pasado 16 de diciembre, luego de que el Ministerio de Justicia decidiera separar de manera temporal a Daniel Soria de la PGE como parte de un proceso disciplinario.

"Encargar las funciones de procurador general del Estado al señor Javier Alonso Pacheco Palacios, procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción, en tanto dure la ausencia de su titular", se lee en la resolución suprema del Gobierno.

Procurador Javier Pacheco desactiva Unidad de Altos Funcionarios

El procurador Javier Pacheco, a pocos días de asumir dicho alto cargo público, desactivó la Unidad de Altos Funcionarios que se dedica a los procesos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola; y otras autoridades y exfuncionarios.