Maniobra fujimorista de último minuto: En un nuevo intento por tratar de desactivar la investigación en su contra y su partido, la defensa de Keiko Fujimori solicita este viernes anular el cierre de la investigación por lavado de activos.

En su edición de hoy 7 de mayo 2021 el diario La República informa que treinta y cuatro personas, entre integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, además de tesoreros, contadores, personeros, administradores del partido naranja, son imputadas por el fiscal José Domingo Pérez por haber contribuido en la recepción, lavado y ocultamiento de 17 millones 312 mil 984 dólares durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Las penas que ha requerido Pérez para los implicados en lavado suman 781,9 años de cárcel.

Para otro grupo de 6 involucrados -la mayoría abogados de Keiko Fujimori y sus cómplices-, a los que la Fiscalía atribuye el delito de obstrucción a la justicia, el fiscal ha solicitado 37 años de prisión.

En total, las condenas que el fiscal ha solicitado para los 40 implicados suman 818,9 años de cárcel. En los anales judiciales, es la primera vez que se abriría proceso a un considerable número de personas relacionadas con una trama de financiamiento ilegal de un partido político, Fuerza Popular, que postula por tercera vez a la presidencia a Keiko Fujimori.

Los montos que presuntamente fueron lavados por la organización fujimorista son los siguientes, conforme la sustentación fiscal del caso:

-US$ 3.650.000 proveídos por el grupo Credicorp, cuando estaba encabezado por Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 3.500,00 otorgado por el Grupo Rassmuss, por intermedio del empresario Enrique Gubbins Bovet.

-US$ 3.730.000 también entregado por Enrique Gubbhins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 2.192.859 derivados de supuestas compraventas de terrenos que hizo Mark Vito Villanella mediante su empresa MVV Bienes Raíces.

-US$ 2.077.500 que captó el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena, de parte de diferentes agremiados de la organización, mediante la simulación de una campaña a favor del libre mercado, pero que era de apoyo a Keiko Fujimori.

-US$ 1.000.000 que proveyó la constructora Odebrecht, según confesó Jorge Barata.

-US$ 450.000 que entregó Inversiones Piuranas, por intermedio de Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 440.000 que suministró Enrique Gubbins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 200.000 entregados por Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria.

-US$ 52.000 más un promedio de US$ 5.000 que abonaron empresarios que formaban parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

-US$ 15.000 que otorgó el investigado por lavado de activos Luis Calle Quirós, hermano de un miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori, en 2011.

Conforme a la argumentación fiscal, Keiko Fujimori obtuvo la complicidad del aparato partidario para proceder al lavado de los US$ 17 millones 312 mil 984 y así financiar sus campañas presidenciales, con fondos no declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, el fiscal Pérez ha requerido para 7 de los implicados el castigo más severo –30 años y 10 meses–, porque encontró que perpetraron los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, y porque a diferencia de los demás formaban parte del cogollo dirigencial fujimorista: Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias, Adriana Tarazona Martínez, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka.

A otros 14 les imputó la segunda pena más dura –22 años y 8 meses–, también por los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, con la diferencia de que respondían a las órdenes o acciones de los anteriores. Entre ellos se encuentra el esposo de la candidata presidencial, Mark Vito Villanella, a quien se le detectó haber declarado falsamente que lo contrataron para intermediar en la venta de terrenos. El fiscal interrogó a las personas que supuestamente pagaron a Villanella para dicho servicio, pero lo negaron.

El fiscal José Domingo Pérez también incluye en este grupo al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) José Briceño Villena, quien solicitó que los agremiados aportaran dinero para una campaña a favor del modelo económico, amenazado por la candidatura del “chavista” Ollanta Humala, en 2011.

Según confesión del exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata –quien fue quien reveló este episodio–, la constructora aportó 200.000 dólares, entendiendo que era una forma de apoyar a la candidata Keiko Fujimori. Briceño rechazó la acusación, pero Barata se ratificó.

Jaime Yoshiyama, quien regresó de Miami con la aparente promesa de acogerse a la colaboración eficaz, al final ha resultado como uno de los imputados para quien el fiscal Pérez demanda la pena más dura: 30 años y 10 meses.

Pero entre los 40 acusados no está comprendido Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrino de Jaime Yoshiyama, el testigo estrella del fiscal Pérez, el hombre que confirmó los millonarios aportes secretos de los empresarios comprometidos, el posterior “pitufeo” del dinero para ocultar su origen y el encubrimiento de los falsos aportantes, todo en coordinación con Keiko Fujimori.

Se entiende que así como Jorge Yoshiyama Sasaki, otros protagonistas del caso no aparecen como imputados por el fiscal José Domingo Pérez, porque son parte de los 14 colaboradores eficaces que serán acreditados en el proceso judicial que se avecina.

Se trata de personas que reconocen haber cometido los delitos de crimen organizado, lavado de activos u obstrucción a la justicia, quienes a cambio de la reducción de pena han revelado la implicación de los acusados.

No están consignados en el pedido de penas Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez Rodríguez, ni el presidente del Grupo Sam, José Sam Yuen, por mencionar solo a algunos.

Sam confesó haber financiado la campaña de Keiko Fujimori mediante el uso de falsos aportantes o donantes fantasmas. Su declaración echó por tierra lo que la defensa de la candidata presidencial siempre negó: la existencia de un mecanismo creado exprofeso para lavar dinero de procedencia ilegal, no declarado a la ONPE.

Keiko Fujimori no ha declarado qué destino le ha dado a estos fondos cuya existencia su partido Fuerza Popular no informó a la ONPE. Su abogada, Giuliana Loza, no respondió a las solicitudes de entrevista de este diario.

El fiscal también ha requerido 22 años y 8 meses de prisión por lavado de activos para el excongresista fujimorista Carlos Blanco Oropeza y sus hijos Carlos y Miguel Blanco Matsuno; los hermanos Milagros y Raúl Maraví Sumar, esposa y cuñado del imputado exministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Y 18 años de cárcel para Juan Carlos Luna Frisancho, quien constituyó en Delaware, Estados Unidos, la institución LVF Liberty Institute, que acopió aportaciones desde el extranjero para la campaña y él mismo afirmó haber donado importantes cantidades de dinero.

Por obstrucción a la justicia, el fiscal Pérez demandó 4 años y 6 meses para el propietario del estudio Arsenio Oré Guardia, y para los abogados Edward García Navarro, Giuliana Loza Ávalos, Lorena Gamero Calero, Luis Lazo Mendoza y Danae Calderón Castro, 6 años y 6 meses de prisión. A todos les atribuye la autoridad el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Maniobra fujimorista de último minuto

En un nuevo intento por tratar de desactivar la investigación en su contra y su partido, la defensa de Keiko Fujimori solicitó anular el cierre de la investigación por lavado de activos. El mismo pedido hizo Jaime Yoshiyama Tanaka, el que recibió el dinero de Odebrecht.

El juez Víctor Zúñiga Urday evaluará hoy viernes ambas solicitudes en el mismo sentido, planteadas con el evidente propósito de perjudicar el proceso contra los 40 fujimoristas contra quienes el fiscal José Domingo Pérez ha planteado penas que en su totalidad suman 819.9 años de cárcel.