Desde que comenzó el caso contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, su defensa cuestionó que la involucraran en la investigación sobre Lava Jato, porque ella, a diferencia de otras personas implicadas, no fue funcionaria pública. De hecho, la bancada de Fuerza Popular la excluyó de las indagaciones de la comisión investigadora que presidió la legisladora Rosa Bartra, en cuyo informe final también aparece la presidenta del partido naranja.

Sin embargo, en una reciente resolución del fiscal José Domingo Pérez, reconoce que Keiko Fujimori no solo fue funcionaria pública cuando ejerció como congresista, entre el 2006 y 2011. También recibió en dicho periodo millonarias aportaciones clandestinas para financiar su campaña presidencial a cambio de beneficios a favor de las empresas e individuos que hicieron las donaciones sin declarar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Consultada sobre la resolución del fiscal Pérez, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, respondió que no haría comentarios “cada vez que el fiscal (Pérez) filtra información a la prensa”. La República obtuvo el documento de la decisión del fiscal Pérez por otras fuentes, no lo recibió de la mano de este.

De acuerdo con el análisis legal del fiscal José Domingo Pérez, está plenamente acreditado que en el periodo que Keiko Fujimori ejerció como congresista de la República, entre el 27 de julio del 2006 al 26 de julio del 2011, fue funcionaria pública. Incluso presentó sus declaraciones juradas a las que están obligados los funcionarios públicos, ante la Contraloría General de la República.

Para el fiscal que investiga a la candidata presidencial, ella aprovechó el cargo.

“Se ha servido de su condición de funcionaria pública para que la organización criminal que lidera capte activos ilícitos, puesto que, en su condición de alta funcionaria de la República, tenía capacidad de ejercer influencias en su bancada congresal y entre otros miembros del Congreso y servirse de esta situación funcionarial de poder (sic) para evidenciar ante los representantes del grupo Odebrecht, Grupo Romero y Grupo Rassmuss”, señala el fiscal Pérez en la mencionada resolución.

“El cargo de congresista oficialista de la República que ostentaba Keiko Fujimori ha permitido generar una expectativa positiva en los empresarios nacionales y extranjeros, quienes avizoraron de manera inmediata la alta probabilidad que tenía de acceder al Poder Ejecutivo”, describió el fiscal Pérez.

Se comprometió con grupos económicos

Para sustentar que abusó de su condición de funcionaria pública, el fiscal José Domingo Pérez explica en la resolución: “Como consecuencia de su status de funcionaria pública, permitió que adquiriera compromisos con los grupos nacionales y extranjeros, para que estos sean favorecidos cuando Keiko Fujimori ocupara el cargo máximo en el Poder Ejecutivo”.

Fuente: La Republica