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Fiscalía pide ampliar a 36 meses prisión preventiva para Elmer Cáceres Llica y otros

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA.

La fiscal superior María del Rosario Lozada sustentó el pedido en base a la complejidad del caso y la posible identificación de otros investigados

 

AREQUIPA | La fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, sustentó el martes 28 de diciembre de 2021, el pedido de ampliación del plazo de prisión preventiva de 24 a 36 meses para Elmer Cáceres Llica, investigado por presuntamente liderar una organización criminal desde el Gobierno Regional de Arequipa.

 

En el mismo sentido, para los dos consejeros regionales Ronal Veto Bernal Huarca y Jeymi Natividad Flores Quicaña; además para los funcionarios Gregorio Palma Figueroa, Marcelo Córdova Monroy y Napoleón Segundo Ocsa Flores; al igual que para el dirigente Mario Jacobo Jacobo. En el caso de Wilfredo Llaiqui Cáceres, el pedido es de ampliar el plazo de la comparecencia con restricciones a 36 meses.

 

 

Caso complejo

 

La fiscal superior sustentó el pedido en base a la complejidad del caso, el tiempo que demandarán las etapas del proceso, como son la investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral; la posible identificación de otros investigados cuando se analice cada elemento de convicción, además que se cuenta con tres testigos protegidos adicionales.

 

Asimismo, la realización del levantamiento del secreto de las comunicaciones, secretos bancarios y el secreto bursátil; adicionalmente se debe realizar pericias de análisis digital forense en equipos y celulares incautados, homologación de voces, pericias grafotécnicas, entre otras diligencias necesarias.

 

Según la investigación, la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, a fin de que no lo fiscalicen y blinden a los funcionarios de su confianza ante los pedidos de interpelación, que se presentaban en el Consejo Regional; a cambio de este apoyo, el gobernador había realizado ofrecimientos y entrega de dádivas, terrenos y obras a los consejeros regionales supuestamente captados, por intermedio de diferentes funcionarios o servidores públicos.   

 

Para la entrega de terrenos, se habría pactado con dirigentes de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas, Asociación de Productores Sol Radiante de Majes y Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí, por intermedio de testaferros, identificados por la Fiscalía.

 

Continúa la audiencia, donde se debate la apelación de la defensa de Wilfredo Llaiqui Cáceres. Quedando la causa expedita para emitir la resolución que corresponda de parte del Poder Judicial.

 

 

 

       

 

 

Fiscalía solicita 9 años de cárcel para Elmer Cáceres Llica por la compra de butacas para Municipalidad de Caylloma

 

El Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, solicitó nueve años de cárcel para Elmer Cáceres Llica, como autor del delito contra la administración pública, colusión agravada por la adquisición de 116 butacas para el coliseo de La Montera, cuando era alcalde provincial de Caylloma.
Lo propio fue requerido para los exfuncionarios Fabiano Almanza Almanza, José Figueroa Huanqui, Guillermo Hans Valcárcel, y la proveedora Antonia Lara Ibana, por el delito de colusión agravada. Mientras que para Miguel Velázquez Condori, por el delito de falsedad ideológica, solicitó cuatro años de pena privativa de libertad.
La fiscal adjunta provincial Roxana Marlen Leiva Gómez, concluyó la investigación preparatoria y sustentó –en audiencia– la acusación contra Elmer Cáceres Llica, los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Cayllomay una proveedora. Esta diligencia fue efectuada ante el juez de Investigación Preparatoria, que emitió auto de enjuiciamiento.
Según la investigación, en el 2011, la Municipalidad Provincial de Caylloma –liderada por el entonces alcalde Elmer Cáceres Llica– convocó a una adjudicación de menor cuantía para comprar 116 butacas como parte de la obra ‘Creación del coliseo de La Montera’, proceso que se realizó con irregularidades.
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El Ministerio Público sostiene que los acusados no observaron su deber de resguardar los intereses del Estado y concertaron con la proveedora Antonia Magaly Lara Ibana, para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro en el proceso, con documentación falsa.
En el caso de Elmer Cáceres Llica, arquitecto de profesión, aprobó los expedientes técnico y de contrataciones de la obra, y firmó el acta de suscripción del contrato. Para ello, adelantó los plazos y alegó la urgente necesidad del bien.
Conforme a las pericias, los documentos de la oferta técnica y económica, el contrato e incluso el acta de suscripción se realizaron con la firma falsa de la ganadora del proceso Antonia Magaly Lara Ibana, quien no se apersonó a la entidad para firmar, pero sí cobró por la entrega de las butacas.En la auditoría realizada por la Contraloría, se conoció que existe un perjuicio económico de S/ 21 460 por la adquisición innecesaria de las butacas. Actualmente, estos muebles se encuentran almacenados en el coliseo La Montera, pues no se instalaron debido a que sus características impedían el tránsito de las personas.

 

 

       

 

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