El Ministerio Público presentó su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana y el alcalde del distrito de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero.
Así lo informó James Reátegui, representante del Ministerio Público, durante la audiencia de apelación a la detención preliminar de Paredes Narro ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional.
Durante la sesión, el fiscal presentó el documento presentado ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que ingresó a mesa de partes a las 17:49 horas.
Como se recuerda, los cuatro se encuentran actualmente con una orden de detención preliminar por 10 días, como parte de la investigación que se les sigue por integrar una presunta organización criminal.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 19, 2022
El #MinisterioPúblico solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. pic.twitter.com/kb3qqVAUza
Noticia previa
Al cumplirse el plazo de 10 días de detención preliminar, el fiscal Hans Aguirre, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, formalizará este viernes investigación preparatoria contra Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en organización criminal.
Además, solicitará al Poder Judicial que se dicte contra ella orden de prisión preventiva para permitir el avance de las investigaciones que se consideran de carácter complejo. Aguirre tiene plazo hasta la tarde del 19 de agosto para presentar el documento respectivo ante la mesa de partes de la Corte Penal Nacional.
El juez de investigación preparatoria Raul Justiniano Romero, a cargo del caso, programará una audiencia pública, dentro de las siguientes 48 horas, a fin de escuchar los alegatos de la Fiscalía y los descargos de la defensa de los investigados.
El fiscal también incluirá en el pedido de prisión preventiva al alcalde Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y los empresarios Hugo Yoni Espino y Angie Estefani Espino. Estas tres personas, junto con Yenifer Paredes, se encuentran detenidas en una dependencia policial desde el 9 y 10 de agosto, respectivamente.
Los cuatro permanecerán detenidos hasta que se realice la audiencia y el juez tome una decisión. Si la Fiscalía no pide prisión preventiva, Paredes y sus amigos quedarán en libertad inmediatamente.
La situación procesal de los otros dos cuñados del presidente de la República, David y Walter Paredes, y de la primera dama de la nación, Lilia Paredes, continúa en evaluación, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.
El equipo especial, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, sospecha que la familia y los más cercanos colaboradores del presidente Castillo integran una organización ilícita. Esta organización criminal habría dirigido las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, entre junio y diciembre del 2021, a nivel gubernamental y diversas alcaldías de Cajamarca.
Los indicios que apuntalan esta sospecha son la relación amical y laboral de Yenifer Paredes con el empresario constructor y gerente de la empresa JJM Espino & Construcción, Hugo Espino realizó a la residencia presidencial en Palacio de Gobierno.
La empresa JJM Espino & Construcción ganó una licitación por 3,8 millones de soles para la remodelación de un colegio en la provincia de Cajatambo, Lima. En tanto, la empresa de su hermana Angie Espino, Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., se adjudicó diversos contratos por 2,1 millones de soles en contratos con los distritos cajamarquinos de Anguía, Chadín y José Sabogal.
Tramitan habeas corpus
El 9° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus presentada por el abogado Víctor Manuel Vallejo Vásquez a favor de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro.
El demandante señala que Paredes sufre de COVID-19, por lo que no debería estar privada de su libertad y, en todo caso, debería otorgársele arresto domiciliario. Un hecho que el juez Raúl Justiniano Romero no habría advertido al ratificar su detención preliminar.
Este artículo fue publicado inicialmente en La República.
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