LIMA (Reuters) - Mientras el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se disculpaba con el país en un intento desesperado por evitar la destitución en el Congreso, un hombre convencía a legisladores desde la cárcel para boicotear la intención del Parlamento.

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El padre de la mayor enemiga política de Kuczynski, el encarcelado y aún influyente exmandatario Alberto Fujimori, fue quien hizo inclinar la balanza a favor del presidente. Días antes Fujimori había pedido el indulto por razones humanitarias.

En las horas previas a que se debatiera en el Parlamento la suerte de Kuczynski, Fujimori recibió visitas en prisión o habló por teléfono con al menos siete de 10 legisladores opositores que boicotearon la destitución, según dos de ellos que hablaron con él y a registros carcelarios vistos por Reuters.

La legisladora Maritza García, del partido fujimorista que domina el Congreso, fue de las que charló con el expresidente. En medio de la sesión en la que se discutía la destitución, dijo que él la llamó por celular desde la cárcel para que no votara por la salida de Kuczynski, porque eso golpearía a la economía.

Su colega Bienvenido Ramírez, también del partido Fuerza Popular, afirmó por su parte que Fujimori lo alentó un día antes del debate en el Congreso a votar por la gobernabilidad.

“Me pidió que apostemos por lo que verdaderamente dice nuestro corazón (...) que de por medio está el país”, manifestó Ramírez, uno de los que visitó al exmandatario en el penal.

Las gestiones de Fujimori, que a sus 79 años se encuentra delicado de salud y cumplía una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, surtieron efecto.

Con la ayuda de legisladores liderados por el hijo menor del exmandatario, Kenji Fujimori, Kuczynski evitó la destitución por sus vínculos con la constructora Odebrecht.

Aunque el Gobierno niega haber negociado con la oposición el indulto como moneda de cambio, tan solo tres días después y en vísperas de Navidad, Kuczynski perdonó por razones médicas y humanitarias la condena de Fujimori.

“Esta ha sido una decisión exclusiva del presidente y en ningún momento significó una negociación ni con Kenji o Alberto Fujimori”, dijo la oficina de Kuczynski en un comunicado.

Bajo la mesa

Pero un 63 por ciento de los peruanos está convencido de que el indulto se otorgó a cambio de que naufragara el intento de destitución, según una encuesta de Ipsos Perú difundida el sábado en el diario El Comercio.

Miles de personas han protestado en las calles en rechazo al indulto a Fujimori, que fue destituido después de una década en el Gobierno y aún genera polarización en Perú.

Muchos lo recuerdan como el hombre que acabó con la crisis económica y con una persistente guerrilla de izquierda. Pero otros creen que es un autoritario que cometió abusos de derechos humanos para aferrarse por una década al poder.

Aunque el presidente ya hablaba del indulto en junio, el proceso fue extremadamente rápido: desde que se presentó la solicitud de indulto el 11 de diciembre hasta que se concedió, el trámite duró 13 días, cuando suelen extenderse por meses.

Al día siguiente de presentada la solicitud, el Gobierno designó a una junta médica, que informó que el penal no podía tratar a una persona con los problemas de salud de Fujimori, y tras una evaluación recomendó el 17 de diciembre el indulto por una enfermedad incurable, según documentos vistos por Reuters.

“Ningún indulto humanitario, ni siquiera los indultos humanitarios que son solicitados por enfermos terminales, inician y terminan en un proceso tan corto”, dijo Roger Rodríguez, quien renunció a la dirección de la oficina de derechos humanos del Ministerio de Justicia apenas se anunció el perdón a Fujimori.

“Con suficiente grado de verosimilitud aquí no estamos ante un indulto humanitario, sino ante un indulto político”, afirmó.

A pesar de todo, el sondeo de Ipsos mostró que después de la decisión del indulto la popularidad de Kuczynski se recuperó siete puntos porcentuales a un 25 por ciento, comparado con la encuesta previa de hace dos semanas.

Gobernabilidad

Grupos de derechos humanos han anunciado que lucharán en las calles y cortes por revertir el indulto y organismos como la ONU y Amnistía Internacional han lamentado la decisión.

El indulto no sólo conmutó la condena de Fujimori por abusos de derechos humanos, también lo liberó de juicios pendientes, como el asesinato de seis personas en 1992 por parte de un grupo militar que actuaba en las sombras durante su Gobierno.

En adelante, el Gobierno espera que el grupo de legisladores que evitaron la destitución aumente a 30, dividiendo al mayor partido de la oposición y permitiendo a Kuczynski gobernar, dijo a Reuters una fuente del Gobierno que pidió anonimato.

No está claro si el indulto se convertiría en una alianza para gobernar o si el expresidente ya en libertad solicitaría algo más a cambio. Los críticos del indulto dicen que Kuczynski podría haber caído en una trampa, con un gran costo político.

“Kuczynski se acaba de regalar a la mafia más grande del Perú, ahora es rehén del fujimorismo”, dijo Marisa Glave, legisladora de un grupo de izquierda que fue aliado del presidente, pero ahora pide su renuncia.