HUANCAVELICA | En el marco del Megaoperativo de Control Regional, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 144 552 en el Gobierno Regional de Huancavelica por no cobrar penalidades respecto a observaciones por deficiencias no subsanadas, falta de equipos y maquinarias, entre otros, en la obra de recuperación y mejoramiento de la carretera vecinal Piscopampa-Ccarhuarumi, en Lircay, provincia de Angares.

La recuperación y mejoramiento de la carretera vecinal se inició el 10 de octubre de 2019 y culminó el 10 de agosto de 2020, con la finalidad de beneficiar con nuevas vías de comunicación a agricultores de los centros poblados del distrito de Lircay, para de esta forma promover el desarrollo económico de la región.

De acuerdo al Informe de Control Específico N°023-2022-2-5338-SCE, tanto el supervisor y monitor de la obra, además del primer miembro del Comité de Recepción, tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa, debido a que no advirtieron el incumplimiento del contrato y la falta de subsanación de observaciones, dejando de cobrar penalidades por S/ 144 551.81.

Lo expuesto fue advertido por la Contraloría en diversos informes, en el que se identificaron partidas no ejecutadas consideradas en la valorización de la obra, falta de maquinaria y de equipos ofrecidos por el contratista cuando se adjudicó la buena pro, así como la ausencia de implementos de seguridad en el personal. Estas situaciones estaban sujetos a la aplicación de penalidades que no fueron consideradas en las valorizaciones de la obra. (Informe de Control Concurrente N°055-2020-OCI/5338-SCC)

Sin tener en cuentas las alertas del control concurrente, los funcionarios de la entidad regional aprobaron la liquidación del contrato por el costo total de la obra S/1 799 215, dejando de aplicar y cobrar las penalidades correspondientes, transgrediendo la normativa que rige las contrataciones públicas.    

Los inspectores de la Contraloria se rompen la cabeza para comprender porque les medidas no correponden con el expediente tecnico.

El responsable directo de esta estafa al Estado por ciertos funcionarios es el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Diaz Abad.