Una decena de funcionarios en cargos de dirección y confianza en el Congreso de la República, entre los que se cuentan a varios allegados del fujimorismo, cobraron irregularmente casi 80 mil soles en calidad de bonos, reveló un informe de la Contraloría al que La República tuvo acceso.

La auditoría efectuada por el órgano de control en el mismo Parlamento evidenció que entre los beneficiados se encuentra, entre otros, el ahora candidato con Fuerza Popular Ricardo Vásquez Kunze.

    
Vásquez Kunze, es preciso indicar, se desempeñó en el Congreso, primero, como director del Fondo Editorial del Parlamento, y luego como encargado del canal institucional del Legislativo.

Galarreta aprobó los pagos

De acuerdo al informe de auditoría, lo que se analizó fue el "otorgamiento de la bonificación extraordinaria por cierre de pliego a servidores del Servicio Parlamentario y Organización Parlamentaria del Congreso de la República, efectuado en el periodo de 28 de noviembre de 2017 al 31 de mayo de 2019”.

“Comprendió la revisión y análisis de la documentación relativa a la elaboración de las planillas del personal al que se le otorgó la bonificación extraordinaria", señala el informe.

Los pagos fueron aprobados por la Mesa Directiva del Congreso, señala la Contraloría, cuando el fujimorista Luis Galarreta y Fuerza Popular manejaban la dirección del Congreso.

Mediante el acuerdo de la Mesa Directiva 091-2017-2018/MESA-CR del 9 de noviembre de 2017, se acordó “aprobar los acuerdos que contienen el convenio colectivo de trabajo 2018-2019”.

Este convenio finalmente fue suscrito “el 28 de noviembre de 2017 por el presidente del Congreso [Luis Galarreta] y el Sindicato de Trabajadores (SITRACON)”.

Asimismo, en su décimo punto, señala la Contraloría, el acuerdo indica lo siguiente:

“El Congreso otorgará por única vez, una bonificación especial extraordinaria por cierre de pliego equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente al año 2018, a los trabajadores del Congreso de la República que se encuentren laborando a la fecha de la firma del Convenio Colectivo 2018-2019 y que cuenten con un vínculo laboral vigente a las fechas del pago. Este monto será pagado en dos armadas en marzo del 2018 y marzo del 2019”. Informe de auditoría al Congreso.

Lo que determinó la Contraloría

En el análisis de los pagos, la Contraloría determinó que “durante los periodos 2018 y 2019 se pagó la ‘Bonificacción extraordinaria por cierre de pliego’ a funcionarios designados en cargos de dirección y confianza, quienes estaban excluidos de dicho beneficio, transgrediendo las normas legales vigentes”.

Estos pagos, de acuerdo al informe de la Contraloría, ocasionaron “un perjuicio económico por S/ 79 900,00” al Estado.

Fueron 10 funcionarios de confianza y en cargos de dirección los que recibieron el bono, pese a que “se encontraban excluidos de los alcances del convenio colectivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado con el Decreto Supremo 010-2003-TR”,

Entre estos funcionarios se cuentan a los siguientes trabajadores:

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso;
 

Walter Jibaja, ex edecán de Alberto Fujimori, ex jefe de seguridad del Parlamento y vinculado a un ejército de trolls que atacaba a detractores del fujimorismo;
 

Luis Mejía Lecca, ex personero legal, ex tesorero y ex abogado de Fuerza Popular, ahora colaborador de la Fiscalía en el caso contra Keiko Fujimori;
 

Wilfredo Ponce de León Pandolfi, destituido porque se descubrió que intentó amedrentar a falsos aportantes de la región San Martín.
 

Christian Peralta Navarrete, ex jefe de prensa del partido Fuerza Popular en la última campaña presidencial;

Ricardo Vásquez Kunze, actual candidato del fujimorismo al Congreso.

    
Ahora, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución, se establece que “se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección”.

Por esto, “el funcionario designado en un cargo de dirección o de confianza, solo percibe su remuneración y las condiciones económicas que corresponden al cargo en el cual es designado”, según señala la Contraloría.
 

De la auditoría, la Contraloría concluyó que “se pagó a funcionarios designados en cargos de dirección y confianza, que se encontraban excluidos de los alcances del citado convenio colectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Texto único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado con el Decreto Supremo 010-2003-TR, concordante con la Constitución y la normativa vigente, ocasionando un perjuicio económico ascendente a S/ 79 900,00”.

Contraloría recomienda acciones legales

Como recomendación, la Contraloría señaló que corresponde “poner en conocimiento de la Procuraduría Pública del Congreso de la República el informe para el inicio de las acciones legales que correspondan contra los funcionarios comprendidos en los hechos”.

Fuente: LaRepublica

Lea el informe completo de la Contraloría