Por: Oswaldo Carpio Villegas - Profesor en Marketing

Una constatación basada en la primacía de la realidad nos muestra un fracaso total de la descentralización. Los Gobiernos Regionales, con excepciones, han sido un fracaso, de la misma manera que la mayoría de los Gobiernos Locales, tanto provinciales como distritales.

El origen del fracaso lo encontramos en la cultura política dominante en nuestro país. Al descentralizar, se han descentralizado las taras de la cultura política nacional: autoritarismo despótico, centralismo, mercantilismo, patrimonialismo y corrupción, materializada en formas por las cuales las leyes se acatan pero no se cumplen, se busca sacarles la vuelta, se coluden funcionarios, es bajo secretismo y un pacto para mirar hacia delante y no investigar las gestiones anteriores cínicamente, perpetuando la corrupción gobierno tras gobierno.

Las cuatro taras señaladas se encuentran en todo el proceso descentralizador. La manera más fácil de hacer demagogia ha sido atacar el “centralismo limeño” ocultando que los gobiernos regionales y provinciales han sido aún más centralistas, obstaculizando toda forma de concertación, diálogo y acuerdos con gobiernos de menor jerarquía, rechazando una auténtica participación ciudadana, mayoritariamente convertida en demagogia y populismo, teatralizando la participación tanto para vídeos y fotos que no son coherentes con la realidad de las gestiones. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace: es notoria la falta de coherencia entre las palabras y los hechos.

Los altos niveles de corrupción se han manifestado en la existencia de verdaderas organizaciones criminales en los gobiernos regionales y locales como en Tumbes, Ancash, Loreto, Chiclayo, La Victoria, Santa Rosa, Villa María del Triunfo y San Bartolo para mencionar los casos más escandalosos.

 

No hay Gobierno Regional y Local que no tenga serias denuncias de corrupción. Hay presidentes regionales y alcaldes en la cárcel. Cientos están siendo procesados. Y centenares han salido airosos de las denuncias formuladas porque los delitos han prescrito por la estrategia de alargar en el tiempo los procesos judiciales en connivencia con malos policías, fiscales y jueces, responsables de elaborar atestados policiales, acusar y juzgar, respectivamente.

La descentralización, desde el inicio, debió ir acompañada de dos políticas públicas audaces, concretas, activas y drásticas: 1) Capacitación, bajo una Escuela Nacional de Capacitación pública, obligatoria y vinculante para alcaldes, regidores y funcionarios. 2) Control riguroso de la Contraloría General de la República, ex ante y ex post, que impidiera el mal uso de los recursos públicos. Contraloría que no puede ser pagada por los gobiernos que controla y con los que se colude para no ver, no denunciar y recibir dádivas. Sumadas a estas políticas, se debió realizar un debate permanente con una amplia participación ciudadana y de las élites regionales y locales, sobre los cambios profundos en la cultura política nacional. Si no cambia la cultura política no pidamos éxitos.

La descentralización en el país se aprueba como una política permanente. Eso requiere una reflexión, participación y acción permanente de la sociedad. Ha ocurrido todo lo contrario. No sólo no se realizado una gran movilización de la sociedad para cambiar las antiguas taras de la política nacional sino que se actuado con precipitación e irresponsabilidad transfiriendo recursos sin ningún control lo que facilitó la proliferación de organizaciones criminales en los gobiernos regionales y locales.

Se abrió las puertas a todas las formas de evasión de la leyes con el fin de hacer mal uso de los recursos públicos. La bonanza económica por el incremento de los precios de los commodities sin autoridades capacitadas, con vocación clepto-crática y nula experiencia en el manejo de los recursos públicos ha tenido como resultado enormes pérdidas económicas para el país. No hemos capitalizado, invertido y realizado los avances estratégicos en el desarrollo nacional, regional y local.

Las élites políticas nacionales, regionales y locales han perdido todo sentido de la realidad y de las políticas públicas que han sido reemplazadas por un practicismo sin sentido –no llega a ser pragmatismo que tiene una base filosófica y política- y un voluntarismo que oculta una profunda incapacidad.

La corrupción ha gangrenado a la política y a la sociedad peruana. Por ello, si el gobierno del Presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros quieren impulsar un Gobierno Nacional exitoso con la actual estructura política y con la misma cultura política, fracasarán. No se trata de transferir recursos. Es imperativo capacitar, educar, dirigir y, sobre todo, controlar. Todo ello debe estar antecedido de claras y precisas políticas nacionales que apunten al desarrollo nacional.

Tiene que avanzarse audazmente en reformar el Estado. Hasta el 2021 hay poco más de 3 años en los que se puede avanzar en metas precisas. El Gobierno debe invertir y el Estado controlar el buen uso del gasto público con la participación activa de la sociedad y del cuarto poder. El avance de la corrupción ha sido de tal magnitud que el modelo corrupto del Gobierno Regional y Gobiernos Locales de Ancash se reprodujeron impunemente en todo el país. Las regiones más castigadas por la corrupción han sido Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Ica, Junín para mencionar algunas, en las que los recursos públicos no han servido al desarrollo sino el enriquecimiento de los que debieron impulsar el desarrollo.

 

No se puede construir desarrollo, por ejemplo, si no existe un Ministerio de las Ciudades y el Urbanismo que planifique y articule todo lo que sucede en las ciudades. Prácticamente el 80% de la población del Perú vive en algún tipo de ciudad que crece caóticamente. La propia ciudad capital es un casos porque no se planifica. Se realizan “obras” aisladas. Las empresas privadas de servicios rompen las pistas todos los días, el tránsito se ha convertido en el peor disociador de la vida social y la cultura ciudadana.

No tenemos resueltos temas básicos: un Sistema de Recojo de Residuos Sólidos de carácter nacional y de alta calidad; no tenemos un sistema de agua potable pues todas las empresas de agua manejadas por los alcaldes son un fracaso por incompetencia, corrupción, populismo y demagogia. Son dos asuntos básicos en toda sociedad moderna. Envenenamos el ambiente y arrojamos desagües a los ríos, lagos y al mar.

Si el Gobierno Nacional intenta sustentar su accionar en Gobiernos Regionales y Locales no reformados, no tendrá el éxito que espera. Para cambiar la historia, se debe atrever a modernizar y reformar la descentralización con un organismo de control fortalecido y con medios de comunicación independientes que investiguen y denuncien. Tenemos ya demasiados años perdidos y el anhelo de avanzar al desarrollo se aleja cada vez más.

El Gobierno debe convocar a los ciudadanos a la acción reformadora. La gente busca un cambio. Está perdiendo la paciencia ante la incompetencia y la falta de resultados. Gobernar es modernizar. Gobernar requiere coraje y carácter para realizar los cambios necesarios.