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En SOCIEDAD | Martes 18 de junio del 2024 - 14:52

Gobierno de Boluarte nombra a Eduardo Yong M. como Director del Hospital Loayza

Eduardo Franklin Yong Motta fue acusado de cometer el presunto delito contra el cuerpo y la salud de miles de mujeres junto con Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer.

Este siniestro personaje ha sido uno de los exministros de Salud de Alberto Fujimori que, junto al actual congresista Alejandro Aguinaga y Mariano Costa Bauer, fueron objeto de una apertura de instrucción por el caso de las esterilizaciones forzadas. El caso no fue cerrado sigue vigente.

El Ministerio de Salud, encabezado por César Vásquez, emitió una resolución con la que oficializó la designación de Eduardo Franklin Yong Motta como director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Esta medida está generando críticas debido a que el ascendido fue acusado de cometer "el presunto delito contra el cuerpo y la salud", según información de la Fiscalía de la Nación.

"Designar temporalmente al señor Eduardo Franklin Yong Motta, en el puesto de director de hospital III de la Dirección General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, en adición a sus funciones de director adjunto del citado hospital", indica la resolución ministerial N.º 428-2024-MINSA, la cual ya está publicada en la página del Gobierno.

Esta decisión no tardó en generar indignación o, por lo menos, polémica. El exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra se pronunció sobre esta situación vía X y mostró su rechazo a la media del Minsa. "¿En serio? ¿No es el mismo exministro de Salud a quien se sindica por su participación en los casos de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorato? Sí, lo es. Esta desvergüenza supera todo límite. Una afrenta más a las víctimas y a la sociedad en su conjunto", cuestionó.

Eduardo Yong Motta en el epoca del gobierno de Fujimori.

Esta acusación de Gamarra tiene asidero. La propia Fiscalía ha informado que Eduardo Franklin Yong Motta, Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer eran acusados de "cometer el presunto delito contra el cuerpo y la salud". El Ministerio Público también consideró lo ocurrido como "delito de atentado contra la integridad física grave por las mujeres que murieron y sufrieron graves daños a su salud por la intervención quirúrgica".

Para María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, señaló que esta designación representa “un desprecio absoluto” por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

“Ahora es el hospital que va a estar dirigido por un procesado por esterilizaciones forzadas. Estamos ante un Estado que no respeta los derechos de las víctimas de la violencia sexual durante y postconflicto armado interno y de un Gobierno que juega en pared con el Congreso”, añadió.

Situación legal del caso Esterilizaciones Forzadas

De acuerdo con la abogada de Demus, tanto el exdictador Alberto Fujimori, como sus exministros de salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, y el actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se encuentra procesados por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, en contexto de violaciones de derechos humanos. Mencionó, además, que los cuatro se abstuvieron de declarar durante.

María Ysabel Cedano recalcó que el caso no ha sido archivado y que todavía está pendiente que un tribunal resuelva la apelación que han presentado tanto los denunciados como el Ministerio Público.

Para Cedano, “la palabra indignación queda corta”. “Hay signos de lo que va a pasar cuando se apruebe (la ley de amnistía). Se va a repetir la historia porque si Manta y el caso de esterilizaciones forzadas se quedan sin justicia, qué le queda a las víctimas de Majaz, de Conga, del 14 N y de las detenciones en San Marcos, que son mujeres que todavía no se atreven a denunciar”, lamentó.

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“Ellas ven que mujeres como ellas, en Manta, en Huancavelica, o que acudieron a servicios de salud del Estado, en la época de Fujimori, han luchado por gusto y más bien han sido atacadas, denunciadas, tratadas como quejosas. Hay víctimas que no se atrevan a denunciar porque este Gobierno, este Congreso, les dice que tienen el poder de dejar libres de justicia a los criminales, que pierden el tiempo, en realidad”, agregó.