En lo que podría interpretarse como el desmontaje del esquema de autoridades políticas designadas por el pasado régimen del exmandatario Pedro Castillo, la Dirección General de Gobierno Interior dejó sin efecto el nombramiento de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del territorio nacional.

La norma precisa que los exsubprefectos deberán entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden.

Durante su mandato, el expresidente Castillo nombró como subprefectos a militantes de su organización política, Partido Magisterial, así como de Perú Libre, que lo postuló a la jefatura del Estado.

Conforme a las normas vigentes, el subprefecto es un representante del Estado, y tiene la misión de planificar, dirigir y supervisar acciones relacionadas con el orden interno y el orden público.

Entre otros subprefectos nombrados por Castillo, aparecen personas que tuvieron vinculación con el denominado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), una agrupación de fachada de Sendero Luminoso.

El sueldo de un subprefecto distrital es de 2.300 soles.

De acuerdo con la disposición publicada hoy, la mayor parte de los 312 subprefectos cesados son de Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), Huancavelica (15) áreas en las que el exmandatario Pedro Castillo obtuvo amplia votación en la segunda vuelta presidencial.

Mientras el Ministerio del Interior evalúa la designación del reemplazo de los subprefectos distritales cesados, el área administrativa se hará cargo de los despachos transitoriamente.

La oposición al gobierno de Castillo cuestionaba la designación de los subprefectos distritales porque se trataba de una suerte de clientelaje político al servicio de Palacio de Gobierno.

El 15 de diciembre, el Ejecutivo dio por concluidas las funcionares de 24 prefectos regionales, por lo que la medida dispuesta hoy es complementaria del proceso de desmontaje de la red de autoridades políticas nombradas por el gobierno anterior.

Fuente: La Republica