ICA | La semana pasada se oficializó la resolución del Tribunal Constitucional que recorta la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República, (CGRP) y con ello los 15 mil casos de funcionarios que se encuentran en pleno proceso sancionador por el órgano de control se librarían de una responsabilidad administrativa.

En la región Ica, once servidores fueron sancionados y en algunos casos inhabilitados de la función pública por cinco años; entre las faltas administrativas más recurrentes que detectó el órgano de control están la inacción en la función pública, falta de meticulosidad, entre otros, y hasta faltas graves.

“Los procesos contra estos funcionarios que han sido suspendidos vienen de años atrás, por faltas administrativas y, en algunos casos, faltas graves que ameritan una inhabilitación de la función pública de hasta cinco años”, reveló el gerente de control regional, Roy Vera Chung.

Sin embargo, mostró su preocupación por los casos de servidores que se encuentran incursos en pleno proceso sancionador, ellos si se librarían de recibir una sanción administrativa de parte de la Contraloría.

Como se recuerda, el pasado martes 23 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que declara inconstitucional la función sancionadora de la Contraloría (artículo 46 de la Ley 27785) dejándola sin marco legal para sancionar, hecho que ha sido considerado como un retroceso en la lucha contra la corrupción en los aparatos del Estado.

El contralor Nelson Schack, presentará una iniciativa para recuperar las atribuciones que corresponden a la CGRP, una iniciativa que busca la participación del Ejecutivo y del Congreso en busca evitar que malos funcionarios se libren de una presunta responsabilidad administrativa.