—En el artículo ‘Historia, terror, guerra y anarquía en el sur andino’, usted pregunta si las autoridades que invocan al diálogo conocen las tradiciones, historia y costumbres del pueblo aimara y quechua, a quienes no les son ajenos los sucesos políticos y militares desde el siglo XVIII. ¿Ese desconocimiento es lo que ha impedido el diálogo?

—Por supuesto que el Estado sabe lo que es Puno, lo que existe detrás de este fenómeno que estamos viendo, tiene mil mecanismos para poner en movimiento y saber cuál es la historia de todo el altiplano. Para darle un par de ejemplos, puede poner en movimiento al Ministerio de Cultura, donde hay oficinas que le pueden dar una información bastante objetiva, certera, sobre el trasfondo histórico de lo que estamos viendo en este momento. Otro tema es la voluntad política. No sé si hay el temperamento político de informarse sobre qué escenario se va a actuar. Y, honestamente, pienso que ya es un poco tarde, porque se está desbordando el altiplano.

—¿No hay intención política por discriminación, porque a las regiones siempre las tienen olvidadas?

—Es muy probable, porque detrás de las decisiones políticas hay personas, y ellos tienen una manera de ver las cosas. No ha habido un intento de conversar, de entender, de crear las condiciones, no tanto para resolver esta crisis que a mi juicio demanda temas muchos más complejos que vienen de atrás.

—¿Ya es muy tarde, por los 50 muertos?

—Sí. Se han desatado fuerzas contenidas, fuerzas políticas, sociales, culturales, regionales. Las reivindicaciones culturales tienen un enorme peso en todo lo que estamos viendo. Tiene que ver el centralismo; la corrupción; cierto sentido común que se está instalando con más peso en algunas regiones, en este caso el sur peruano, con respecto de que a Lima no le interesa resolver el problema, no tienen ni la capacidad ni la sensibilidad. Y esto es un problema estructural, no es esta coyuntura. No es solo la caída de Pedro Castillo, la forma como se percibe al Congreso. Hay una acumulación...

—...de años pidiendo al Estado solución a los problemas de pobreza, de salud por la contaminación, a la falta de educación, sin ver grandes cambios.

—Por supuesto. Han colisionado dos memorias. De un lado la memoria del Estado, del poder, que es continuo porque hay cambio de gobierno, pero en muchos sentidos, los que llegan continúan la tendencia de los que se van. Y, de otro lado, hay una memoria regional, local, que es de mucho antes, que tiene la certeza de que, para el Gobierno central, para el Estado, para Lima, no cuentan Puno ni Yunguyo, Azángaro. Entonces, todo ese resentimiento ha llegado a un tope y pasa lo que estamos observando.

—Y la respuesta del Estado es terruquearlos. ¿Cómo se siente el pueblo aimara y quechua cuando la presidenta, el premier, congresistas, dicen que los terroristas están detrás de las protestas?

—Ese es un elemento de quienes administran la voz del Estado, que en realidad es su mecanismo de defensa, una mirada justificatoria para legitimar su respuesta, que antes que el diálogo, de buscar el mínimo consenso, es la represión.

—¿El estado de emergencia dado por el Gobierno servirá para controlar las protestas?

—En el corto plazo, tal vez, pero no se puede mantener el estado de emergencia por un período prolongado, menos en una región como Puno, que es fronteriza, de intercambio comercial permanente, intenso. En el corto plazo es posible de alguna manera neutralizar, detener estas manifestaciones, esta cólera social, pero eso tiene un límite.

—¿Qué salida existe, solo la renuncia de Boluarte o se pueden generar diálogos a través de personas en las que estos pueblos confían?

—Mi impresión es que aún con la renuncia de la señora Dina Boluarte, los reclamos, las demandas, van a tomar otro cariz. El solo hecho de organizar estos viajes a Lima, no solo del altiplano sino de otras regiones también, es un desembalse casi de carácter estructural. Yo dudo que alguien pueda tener la solución en la mano. Será necesaria una enorme capacidad de imaginación para poder crear las condiciones de llegar a cierto entendimiento. Los Gobiernos regionales tal vez puedan ser una instancia.

—La gente ha perdido la confianza en las instituciones.

—Sí, en un conflicto de esta naturaleza lo importante es legitimar a los interlocutores; sin una legitimidad mínima, el diálogo será imposible.

—Pero tampoco hay líderes visibles de las protestas con quienes hablar.

—Un signo dramático y nuevo es que no hay una entidad civil o pública que pueda ser la voz de los que están reclamando, de los que están en camino a Lima. Se dice que son más liderazgos sociales que políticos, y eso significa que en cada barrio, cada distrito, previamente ha habido cierta forma de organización colectiva, comunal, y llegan a acuerdos consensuados. Es un movimiento social, no están conduciendo esto organizaciones políticas, sino se ha movilizado la sociedad civil de base.

—Estamos más divididos...

—Yo siempre menciono la obra del escritor Zein Zorrilla, que tiene una serie de estudios donde se puede sintetizar el fenómeno que estamos viendo: el Perú es un archipiélago de naciones. En realidad lo que está en cuestión en este momento es si el Perú es una república construida de manera más o menos coherente, un Estado nacional. Eso es, en términos culturales, lo que estamos contemplando, que en el bicentenario, el Perú no es un estado-nación, lo que significa que no satisface de manera horizontal las necesidades de toda la población.

—Basta con viajar un poco al Ande y a la Amazonía para verlo.

—En un artículo que publiqué, señalé que estamos viendo que el sur andino puede convertirse en una prueba de ensayo, que puede ser replicada en otras regiones. Y el modo en que el Estado está tratando de resolver este fenómeno, podría ser el anuncio de la respuesta del Estado, más allá de quiénes accedan al Gobierno.

Entrevista publicada inicialmente en La Republica