En los últimos meses hemos escuchado y leído acerca del conflicto minero de Las Bamba s, que llegó a un punto álgido tras más de 50 días de bloqueo de las vías de acceso a la mina y que ahora se encamina a un diálogo para solucionar el problema. Pero no es el único caso que se registra en el país.

De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, publicado este mes pero con cifras hasta marzo, hay 183 conflictos sociales que amenazan al Perú. De esa cifra, 115 son socioambientales y de ellos 73 son mineros.

Pero no solo eso. Las cifras revelan que 59 de los 73 conflictos mineros están en estado activo, es decir, que podrían en cualquier momento estallar con algunas acciones de fuerza y reclamos públicos.

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Áncash lidera los conflictos socio ambientales en el primer trimestre de este año.
 

Un ejemplo es lo que sucede en Arequipa con las juntas de usuarios del valle de Tambo, Punta de Bombón, e irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo de la provincia de Islay, que cuestionan la autorización de uso de aguas del río Tambo otorgada al proyecto minero Quellaveco.

Otro caso que se menciona en el informe es el de agricultores y pobladores de la provincia de Islay que se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Copper Corporation. Según se indica, hay un temor de que se genere impactos negativos al ambiente, “y en consecuencia se afecte la actividad agrícola”.

“El 2 de abril, los alcaldes distritales y provincial de Islay presentaron al Gobierno Regional de Arequipa un memorial de fecha 27 de marzo en el que señalan que ‘no puede existir proyecto minero, sin haber solucionado el problema hídrico en la provincia de Islay’”, se menciona en el documento.

Entre los casos activos también se menciona al de los pobladores de la comunidad El Tingo (Cajamarca), quienes manifiestan que la empresa minera Gold Fields no ha cumplido con implementar los acuerdos suscritos con la comunidad y que estaban orientados a su desarrollo.

“El 2 de abril, la Defensoría del Pueblo se comunicó con el presidente de la comunidad campesina El Tingo, quien informa que no se ha realizado ninguna acción o movilización, y tampoco se ha sesionado la mesa de diálogo”, se lee.

El proyecto minero Conga es otro que genera potencial conflicto. De acuerdo con la información, los comuneros de las provincias Celendín y Hualgayoc de Cajamarca demandan que se declare la inviabilidad de la obra de la minera Yanacocha.

“El 1 de abril, la Defensoría del Pueblo estableció comunicación con el exconsejero regional de la provincia de Hualgayoc, quien informó que el día 8 de abril se realizaría una movilización de los dirigentes de diferentes caseríos para vigilar las lagunas de Conga”, se indica en el informe.

Las consecuencias que incluso impactan en PIB

Cuando un conflicto social estalla, genera un impacto en todo el país. El jefe de Políticas de Crecimiento y Competitividad del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, comentó que muchas veces no se entiende la magnitud de este problema.

Explicó que, por ejemplo, cuando sucedió el problema con el proyecto de Conga, al cual se oponían los comuneros en Cajamarca, el impacto pudo haber llegado hasta un punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Y en el caso de Cajamarca, el costo de no hacerlo habría significado un impacto mayor en su economía, a tal punto que fue uno de los detonantes para que hoy la pobreza en esa región sea la más alta, como lo informó Perú21 en un informe anterior, y que alcanza al 41.9% de las personas que viven ahí.

“Un conflicto social afecta a un sector, pero con el tiempo y mientras se extiende, crea un encadenamiento que termina golpeando a otros sectores”, detalló Fuentes a este diario.

Para el representante del IPE, cuando estalla el conflicto, se cierran las carreteras y esto golpea a las agroexportaciones y, por lo tanto, también a la mano de obra en el sector agrario, que tiene un régimen especial y que contrata por temporadas. En tanto, el problema en Apurímac por Las Bambas se mantiene. Según Fuentes, a raíz de todo lo que está sucediendo en la zona, la economía de la región podría verse afectada.

¿Y el gobierno qué hace?

El Ejecutivo sabe también y con mayor precisión de los conflictos. El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina Martínez, manifestó que buscará un grupo de expertos que planteen una estrategia más eficaz para atender los problemas y que el diálogo llegue antes de que se desborde el conflicto.

“Nuestro país es muy desigual, con desconfianza entre los actores y todo eso dificulta las relaciones preventivas. Eso hace que en el Perú la situación sea distinta, pero seguimos nosotros trabajando”, resaltó en diálogo con este diario.

La intención, dijo, es que en adelante un conflicto no los sorprenda cuando ya está avanzado, como lo sucedido con Apurímac.

Datos

- Según la Defensoría del Pueblo, del total de conflictos mineros que hay en el país, 59 se encuentran activos.

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