Con ello tendrían participación directa de las ganancias de las compañías y se evitarían conflictos sociales, subraya el economista. Remarca que este mecanismo ya se aplica en otros países.

El economista Hernando de Soto propuso que las comunidades puedan ser accionistas de las mineras o cualquier compañía que quiera desarrollar un proyecto de inversión, con el fin de solucionar los conflictos sociales en contra de estas iniciativas.

“Imagínese que la mina le dice (a las comunidades): a la larga todos los problemas que tenemos, no es nada comparado a darles el 5% de las acciones, o más. Entonces uno puede hacer participar a la gente”, señaló hoy De Soto en RPP.

Refirió que de esta forma las comunidades tendrían una participación directa de la rentabilidad de estas inversiones. “En Columbia Britanica (Canada), cuando un inuit o un esquimal encuentra un mineral, el 43% es suyo. Y acá cero”, remarcó.

“Hay que saber qué es lo que realmente quiere la gente. Pues en muchos casos, como con la minera Manhattan en Piura, botaron a la mina -todo el mundo ha dicho por razones ecológicas- y ahora está lleno de mineros informales, que son ellos mismos. Lo cual quiere decir que no están contra la minería sino que quieren que la plata vaya también directamente a sus bolsillos ¿Por qué van a tener distintas ambiciones que el resto de nosotros?”, sostuvo.

El economista refirió que para aplicar esta medida no sería necesario cambiar la constitución.

Pero agregó que una tarea pendiente que sería formalizar la propiedad de los territorios. “Una buena parte es informal, en el sentido de que no está claro quién es el dueño de la propiedad”, apuntó De Soto.

Para el presidente de Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energia (SNMPE) José Miguel Morales dijo desconocer si la propuesta de De Soto es factible o no. Esta propuesta puede ser aplicado a los países del hemisferio norte como Estados Unidos y Canadá donde las comunidades locales son propietarios de la superficie y del subsuelo de su territorio, lo cual no es el caso del Perú.

Precisó que cuando una empresa extrae el mineral, paga un derecho que se va al Estado, ese pago no se queda en las comunidades donde se ubica el yacimiento es decir de los propietarios legales del territorio

Esto quiere decir que el Estado es el que recibe íntegramente ese pago, las poblaciones locales no veen ni el color de ese dinero, esta injusticia de un Estado que se lo agarra todo para él, es el origen de los conflictos sociales.