A nivel nacional Huancavelica fue seleccionada por el Poder Judicial del Perú para servir de modelo en el Plan de  Acceso a la Justicia de Mujeres Rurales.  Dicho programa se estudia junto con los Ministerios de la Mujer y del Ambiente.

Esto se hace para pagar una deuda, porque  si las mujeres continúan siendo discriminadas en la ciudad, con mayor razón en el campo en donde la mujer por lo general no tiene como llegar   a las modernas tecnologías de comunicación, y sigue viviendo como en la oscuridad, sin saber qué camino coger cuando es víctima.

La Agenda 2030 adoptada por la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre último, examina el papel de las mujeres rurales en el Objetivo 16,  que  tiene que ver con la Paz, Justicia e Instituciones sólidas, y propugna por acabar “todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento”.

En  lo que ataña a la mujer rural, ONU Mujeres, destaca que la discriminación femenina como que niega la “ posibilidad de asistir a la escuela, planificar sus familias, acceso a la propiedad, a la atención sanitaria, medicamentos, créditos financieros, participación  en las instituciones locales..”

La mujer rural desconoce la forma de hacer valer esos derechos, quebrantados  por siglos por vivir en el campo o en zonas alejadas de las capitales. Cuando la mujer campesina  es víctima de violencia de cualquier tipo, todo quedaría en el olvido, indiferencia estatal  e impunidad.

De acuerdo al artículo   139, numeral 16 de la Constitución  Política del Perú, el acceso a  la administración de justicia es un    derecho humano fundamental, igual      la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. En la práctica el  primer obstáculo para la mujer rural, que a duras penas mantiene su familia con cultivos de pan coger,  es que no dispone de dinero para cancelar aranceles judiciales o fotocopias que le exigen cuando reclama  sus derechos.

Para las mujeres rurales indígenas otra barrera con la que topan es   no encontrar  corresponsabilidad en su idioma para hacerse entender. No siempre la  mujer rural   de los 19 distritos de Huancavelica cuenta con  facilidades para trasladarse a la capital, en  donde funcionan los organismos judiciales, y si llegan a Huancavelica,  desconocen cómo y a dónde dirigirse.

Para la Defensoría del Pueblo “en el Perú, el acceso a la justicia se manifiesta como un desafío pendiente”. Una gran barrera, a juicio de Wilfredo Ardito Vega de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), es que “más de dos millones de peruanos no tienen documentos de identidad (DNI) y sin ellos no tienen acceso a ningún reclamo legal.”

Implementarán plan piloto en comunidades de Huancavelica