Transparencia Internacional (TI), la organización más reconocida de lucha contra la corrupción a nivel global, publicó este jueves 23 de enero la edición 2019 de su Índice de Percepciones de Corrupción (IPC), instrumento que, desde que fuera elaborado por primera vez en 1995, se ha convertido en el principal indicador de referencia sobre la corrupción en el sector público en todo el mundo.

El ranking de los 180 países evaluados, ratifica una situación de estancamiento en la lucha contra la corrupción e, incluso, alerta de retrocesos preocupantes en algunas de las principales economías del mundo, como Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

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En esta oportunidad, el Perú ha obtenido 36 puntos, uno más que el año pasado, ubicándose en el puesto 101, lo cual representa una mejora de cuatro posiciones en el ranking con respecto de la medición de 2018.  Para Proética, capítulo de TI en el Perú, un cambio tan pequeño debe tomarse con precaución.  “Lo que queda claro es que seguimos jalados y todavía nos falta mucho para llegar al grupo de países donde quisiéramos estar. El promedio de los países OECD es 66, casi el doble de lo que hemos obtenido esta última medición”, indicó Samuel Rotta, director de esta organización.
 

Percepción de corrupción e integridad política

Este año, TI profundizó el análisis del índice en función de la influencia indebida de intereses particulares a través de campañas políticas. El resultado confirma que aquellos países en los que las obligaciones sobre transparencia de donaciones de campaña no existen o se cumplen de forma insatisfactoria, están fuertemente asociados a una mayor percepción de corrupción. “Las revelaciones del caso ‘Lava Jato’ muestran que las regulaciones existentes en el Perú fueron groseramente burladas por los partidos políticos durante años, con un consecuente impacto en el nivel de corrupción del país”, apuntó el director de Proética al respecto.
 

Urgencia de la reforma política

El Perú recibe estos datos a muy pocos días del proceso para elegir congresistas que terminen el periodo parlamentario hasta el 2021.  Rotta recordó que una de las causas del conflicto entre poderes que llevó a la disolución del Congreso fue el manejo arbitrario de las reformas políticas, entre las cuales el financiamiento de las campañas jugaba un papel clave.

“Si bien se avanzó aprobando algunos aspectos de la propuesta del gobierno, otros quedaron postergados, como la adopción de un sistema de cumplimiento anticorrupción dentro de los partidos políticos, que los obligaría a rediseñar sus procesos, así como exigiría a los entes de control una mejora de sus mecanismos de supervisión. Es una reforma de la más alta importancia que el parlamento debería discutir con prioridad”, puntualizó el representante de TI en el Perú.

Recordemos que en la última Encuesta Nacional de Corrupción 2019 de Proética, publicada en diciembre pasado, una amplia mayoría de ciudadanos calificó al parlamento como la institución más corrupta (76%)