Las autoridades del gobierno regional y alcaldes, entrantes y salientes, realizarán un proceso de transferencia de gestión administrativa, por lo que la Contraloría General y los Órganos de Control Institucional (OCI) realizarán un acompañamiento a este proceso se desarrolle de acuerdo a la normatividad vigente y se garantice la continuidad y fluidez de la prestación efectiva de los servicios públicos conforme a los principios de transparencia y servicio al ciudadano.
 
Para este proceso de acompañamiento, se ha elaborado una directiva que establece un cronograma que debe ser cumplido por las autoridades para garantizar una transferencia adecuada de gestión en los gobiernos subnacionales y locales, de tal forma que no afecten al ciudadano.
 
Las autoridades salientes deben conformar un Grupo de Trabajo y nombrar como responsable del mismo al Gerente Regional, Gerente General o quien haga sus veces para realizar las acciones preparatorias del proceso de transferencia de la gestión administrativa, que le permitan rendir cuentas a la autoridad electa (de manera documentada) sobre la situación administrativa, operativa, económica-financiera, así como de los avances, los resultados, logros y asuntos urgentes de prioritaria atención.
 
La Contraloría General alerta a las autoridades salientes que priorizará la realización del control para verificar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de transferencia de gestión administrativa que se inició el 26 de junio con la conformación, convocatoria e instalación del Grupo de Trabajo encargado de las acciones preparatorias de la transferencia de gestión administrativa hasta la publicación en el portal institucional de la entidad del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (Reporte Preliminar, Anexo y Formatos),  del Acta de Transferencia y del Acta Complementaria que debe ser hasta el 27 de julio.

El proceso de transferencia de gestión administrativa es un mandato legal, de obligatorio cumplimiento, que garantiza la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos, promueve la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y contribuye a la legitimidad de los gobiernos descentralizados y la consolidación de la democracia.

Sanciones administrativas y/o penales

Aquellas autoridades (salientes o entrantes), funcionarios o servidores de la entidad que realicen actos orientados a ocultar información, o entorpecer e impedir, incumplir u omitir las obligaciones previstas en la Directiva N° 008-2018-CG/CTN sobre la “Transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, quedan sujetos a la responsabilidad administrativa o responsabilidad penal reguladas en la normativa respectiva, correspondiendo en este último caso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público.