El Instituto de Defensa Legal – IDL solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección en favor del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez.

El pedido se fundamenta en las violaciones que el Estado ha cometido en contra de la labor del fiscal, en medio de las investigaciones del caso “FujiCocteles”. Estas se han agravado a raíz de la detención preliminar de Keiko Fujimori y la campaña mediática en su contra por una intervención, que sacaron de contexto, en un evento en México. Los artículos violentados son el artículo 8 (garantías judiciales, independencia) y el artículo 13 (libertad de expresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las medidas cautelares que el IDL ha solicitado a la CIDH, en relación con la labor del fiscal José Domingo Pérez, consisten en: (i) el cese de las violaciones en el desempeño de su labor fiscal independiente, sean internas o externas a su propia institución, (ii) evitar su remoción o cese de las investigaciones que tiene a su cargo, y (iii) resguardar debidamente su integridad física y la de su familia.

Método Trump de "fakenews"

Algunos de los hechos informados a la CIDH son: la intromisión de nueve congresistas fujimoristas en la diligencia fiscal de allanamiento de los locales de Fuerza Popular en diciembre del año pasado, la impunidad en la investigación de esa intromisión (investigación que estuvo a cargo del fiscal Pedro Chávarry), la campaña mediática en su contra a través de “fakenews”, la apertura de un expediente en la Oficina de Control Interno por haber opinado que el fiscal Chávarry no es idóneo para el cargo que ostenta, el que se haya hecho pública su dirección domiciliaria, entre otros.

El pedido de medidas cautelares hace énfasis en la reciente citación al fiscal por la Comisión de Defensa del Congreso, para el jueves 18 de octubre, bajo el supuesto de presuntamente haber cometido delito de apología al terrorismo, a partir de su participación en México. Esta situación puede dar pie a una arbitraria justificación, por parte del Fiscal de la Nación, para retirarlo de la investigación del caso, tal como ya ha hecho con una fiscal de su equipo de investigación.

El grave escenario institucional, adverso a la lucha contra la corrupción, también ha sido informado: que la investigación del fiscal José Domingo Pérez involucra al partido político Fuerza Popular, fuerza mayoritaria en el Congreso, que junto al Apra, ha blindado en el Congreso al Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, el mismo que ha sido involucrado en los “CNMaudios”.

Cabe recordar, que en la audiencia pública del 1 de octubre ante la CIDH (169° periodo ordinario de sesiones), el IDL presentó como la primera de cinco peticiones “Que la CIDH solicite al Estado peruano adoptar, medidas de protección, para los periodistas y las funcionarias del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces) que están investigando esta red de corrupción, a fin de que no sean víctimas de violaciones a sus derechos ni el libre e independiente desempeño de sus cargos”.

#ÚLTIMO #EXCLUSIVO IDL-Reporteros revela conversaciones del grupo Telegram de #FuerzaPopular, que evidencian las coordinaciones de los congresistas para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, quien lleva el caso de #KeikoFujimori. ?https://t.co/mLgwcs8tuS pic.twitter.com/kljmFghjgF

— IDL-Reporteros (@IDL_R) 20 de octubre de 2018