La congresista Rosangella Barbarán, de la bancada de Fuerza Popular, contrató en su despacho parlamentario a Carmela Paucará Paxi, acusada por la fiscalía de presunto lavado de activos y otros delitos en el Caso Cócteles.

Paucará se incorporó como trabajadora de confianza de Barbarán en julio pasado con el cargo de técnico, mientras la fiscalía espera que se inicie el juicio oral en su contra.

El Equipo Especial de Fiscales para el Caso Lava Jato le imputa haber realizado actos de conversión y ocultamiento de activos ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

Defiende la designación

Barbarán justificó la contratación de Paucará en diálogo con El Comercio. “Efectivamente está contratada como técnica del despacho por su reconocida experiencia en el trabajo con dirigentes sociales a nivel nacional, que es justo el enfoque que mi despacho está trabajando”, dijo.

“Es verdad que tiene una investigación en curso que ya lleva varios años. En tanto no haya una sentencia goza de presunción de inocencia y como ciudadana, mujer y madre no está impedida de trabajar en el sector público o privado”.

La fiscalía señaló durante las audiencias de control de acusación - la fase previa al juicio oral - que “a la luz de los elementos de convicción recabados, se ha logrado determinar que Carmela Paucará Paxi no era cualquier persona vinculada a la organización criminal, sino que era la secretaria de confianza de Keiko Sofía Fujimori Higuchi”.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular respaldan contratación de Carmela Paucará en oficina de Barbarán en el Congreso.

Para la fiscalía, la ahora funcionaria del Congreso se ubicó en el tercer nivel de la presunta red que habría liderado Fujimori para ocultar los aportes de Odebrecht en la campaña electoral del 2011.

La acusación fiscal señala que ella apoyó a Adriana Tarazona, exdirigente de Fuerza Popular, en la administración de activos ilícitos.

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de Paucará, dijo a El Comercio que ella cuenta con comparecencia simple. “Se le ha acusado básicamente por ser secretaria personal y de confianza de Keiko Fujimori [...] y está afrontando la investigación, o ya más propiamente el juicio, con la medida menos lesiva de todas, lo cual te da un mensaje”, dijo.

Portugal precisó: “No se le ha suspendido el ejercicio de trabajo. [...] No tiene ningún impedimento legal, normativo o algún requisito que haya incumplido para acceder a ese puesto [en el Congreso]”.

Paucará estuvo con detención preliminar en octubre del 2018 por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Al mes siguiente, el mismo magistrado declaró infundado el pedido fiscal para que reciba prisión preventiva.

La investigación preparatoria por el Caso Cócteles se formalizó en octubre del 2018 y concluyó en marzo del 2021; es decir, a la fiscalía le tomó dos años y cuatro meses.

Por este caso, Keiko Fujimori cumplió prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Inconsistencia

El secretario de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, y el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, coincidieron en que la contratación de Paucará revela una incoherencia entre el discurso y la práctica.

“Formalmente no hay impedimento [para que trabaje en el Congreso]. Pero es una contradicción respecto de las críticas correctas que se hacían sobre la designación de personas cuestionables en el gobierno de Castillo y ahora también con Boluarte”, dijo Lanegra.

"Hay una inconsistencia ética con las críticas que se hacía - en muchos casos, con razón - cuando en la gestión del expresidente Castillo se nombraba ministros, viceministros u otros altos funcionarios denunciados e investigados" Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética

Más información

En marzo del 2021, el fiscal José Domingo Pérez solicitó una condena de 22 años y ocho meses de cárcel para Paucará por diversos delitos, entre ellos lavado de activos y obstrucción a la justicia. No obstante, luego retiró la acusación por este último.

Por el mismo caso, la fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper y Adriana Tarazona.

La fase de control de acusación concluyó en junio pasado. La fiscalía lleva tres meses esperando que se inicie el juicio oral.

Fuente: El Comercio