La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley que plantean modificar las normas que regulan la colaboración eficaz.

El documento aprobado, que espera la votación del Congreso para entrar en vigencia, incluye la criminalización del trabajo periodístico relacionado con la divulgación de las declaraciones de los colaboradores eficaces. De acuerdo al proyecto, los periodistas serían pasibles de ser condenados a prisión por informar sobre las delaciones, por ejemplo, de los integrantes de las organizaciones criminales.

En su mayor parte, estos contenidos, proporcionados por fuentes confidenciales, tienen interés público, y por lo tanto están protegidos por el derecho a la libertad de información.

El Instituto Prensa y Sociedad (YPYS) entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico.

Esta modificación del Código Penal que rechazamos se lanza pese a que el Ministerio Público, hasta donde se tiene conocimiento, no ha mostrado un solo resultado de investigaciones sobre violación de la reserva de los procesos por colaboración eficaz, no obstante que dicha práctica ha sido denunciada desde hace varios años.

En cualquier caso, la reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones per se, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados.

El Proyecto de ley Nº 6623/2020-CR, fue aprobado por el Congreso anterior, en 2019. La autógrafa fue observada por el Ejecutivo y cuando regresó al Congreso, ante la culminación de la legislatura y el comienzo de una nueva, fue archivado por el Consejo Directivo que dejó a salvo su actualización a través de la Comisión de Justicia. Es así que en septiembre del 2021, la congresista Gladys Echaíz que preside la Comisión de Justicia pidió la actualización de esta autógrafa observada para continuar con su trámite, lo que fue concedido y se le asignó el Nº 565/2021-CR.

A su vez, el 11 de agosto del 2021, la congresista Ruth Luque presentó el Proyecto de Ley Nº 012/2021-CR que incide sobre la colaboración eficaz corporativa. Sobre la base de ambos proyectos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un Texto Sustitutorio, que es el que se ha hecho público. La modificación del Código Penal para ampliar la sanción penal a la difusión de contenidos de declaraciones de colaboradores no estaba en la autógrafa observada por el Ejecutivo, que luego se convirtió en el Proyecto de Ley Nº565/2021-CR, ni en la propuesta de la congresista Luque.