En audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dirigida por Lady Camones (APP), el exalcalde de Lima Jorge Muñoz ratificó su versión de haber recibido una llamada de parte de la vicepresidenta Dina Boluarte para interceder por el Club Departamental Apurímac.

“La verdad que no recuerdo las fechas, pero se hizo a través del teléfono de la señora Boluarte, al teléfono institucional que yo tenía en ese momento, era un teléfono celular”, manifestó.

Muñoz detalló que la comunicación telefónica de Boluarte “era para que la pudiese atender, en referencia a temas relacionados con el club Apurímac”.

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Si bien el exalcalde atendió el pedido de la reunión, a este encuentro no acudió Dina Boluarte, sino una abogada, cuyo nombre tampoco recuerda.

En dicha reunión, la abogada hizo referencia a la gestión realizada ante la municipalidad de Lima para que otorguen la licencia de funcionamiento del mencionado club.

Para respaldar su versión, Muñoz también hizo referencia a un expediente tramitado ante la comuna, donde también está la firma de la vicepresidenta.

“La señora Boluarte firmó este expediente, hizo los trámites para poder obtener una autorización de funcionamiento del club Apurímac y entiendo que esas eran las razones por las cuales llamaba”, aseveró.

El expediente en alusión tiene el número 55817 y fue tramitado el 7 de abril del 2022; es decir, cuando Boluarte estaba ya ejerciendo los cargos de vicepresidenta de la república y ministra de estado.

Durante la audiencia de ayer, Martha Moyano intentó, por segunda vez, bloquear las intervenciones y preguntas del abogado Alberto Otárola, quien ejerce la defensa de la vicepresidenta. El pedido de la fujimorista no fue aceptado por la presidenta de la SAC, Lady Camones.

El legislador delegado del caso, Edgard Reymundo (Cambio Democrático), ahora tiene plazo hasta el 8 de noviembre para presentar el informe final.

Boluarte enfrenta dos denuncias constitucionales, por realizar trámites en representación del club Apurímac, cuando ya era vicepresidenta.

La oposición del Congreso busca aprovechar políticamente esta situación para inhabilitarla y sacarla del cargo. De este modo, solo quedaría Pedro Castillo, a quien también buscan vacarlo o suspenderlo.