“El círculo se va cerrando”, opina José Ugaz, ex procurador anticorrupción, expresidente de Proética, al analizar el avance que parece estar teniendo el Ministerio Público en las investigaciones al presidente Pedro Castillo y su entorno.

El exprocurador Iván Meini dice que sospecha que la fiscalía tiene mucha más información de la que sabemos, o de la que se ha filtrado, a partir de la colaboración eficaz de Bruno Pacheco. ¿Está de acuerdo?

Hay un hecho indicativo que le da la razón a Iván Meini: para que se haya variado la orden de detención a Pacheco por una comparecencia, quiere decir que el Ministerio Público efectivamente tiene información valiosa que no conocemos. Sí me parece que vamos a tener en algún momento, cuando avance más el proceso, algunas sorpresas con la información que ha recibido la fiscalía.

Y falta Juan Silva, otra posible estaca.

Lo que se está diciendo respecto de Juan Silva en cuanto a su oferta de querer presentarse es absolutamente incoherente, porque él dice: “Yo no he cometido ningún delito, pero si se comprueba que lo he hecho, entonces voy a hablar”. ¿Cómo es eso? O reconoce que cometió un delito, o no lo cometió. No me parece que Silva sea una pieza importante en este ajedrez, y creo que con lo que el Ministerio Público ha ido recolectando a lo largo de estas semanas tiene bastante.

El presidente hizo un amago de no ir a declarar a la fiscalía, y al final sí fue, con portátil incluida, pero no dijo nada. ¿Es una estrategia elaborada o una improvisación?

La estrategia de defensa que ha asumido desde el inicio es muy reveladora, porque indicaría que tiene muchas cosas que ocultar y de que no está seguro de lo que él llama su verdad. Cuando uno va a una citación del Ministerio Público y se acoge al silencio, en el fondo lo que está diciendo es: “Yo quiero esperar a que avance la investigación, que vengan otros a declarar para ver qué dicen de mí y, en función de eso, ver cómo acomodo mi defensa”. Se le nota el fustán, su estrategia revela que hay cuestionamientos serios que el presidente no puede responder.

Hace casi un año, en los inicios del gobierno, usted comentó en estas páginas: “No se entiende tanta tolerancia del presidente a Cerrón”. El problema parecía ser la manipulación a Castillo. Hoy nadie se acuerda de Los Dinámicos, pero además el rol del mandatario es otro.

Hemos pasado de la hipótesis del presidente tonto útil y manipulado por un personaje oscuro que lo había cobijado en su partido a la tesis de que es la cabeza de una organización criminal enquistada en el poder. En esa teoría de la prueba indiciaria, hay múltiples elementos que llevan a señalar que Castillo está personalmente involucrado en estos hechos. Ahora podemos mirar hacia atrás, desde cuando se descubrió la casa de Sarratea –él dijo que solo fue a tomar un café con la mamá del dueño–, hasta lo que hoy sabemos. Ya no cabe duda de que Castillo es un actor consciente y participativo de los hechos de corrupción, no es que fue sorprendido por su asesor o el secretario o su amigo del colegio, sino que él los puso allí, los defendió hasta donde ha podido y luego los ha soltado cuando la presión era insostenible.

También ha cambiado lo que se pensaba sobre los nombramientos. No eran solo errores, entonces.

Allí hemos pasado a la hipótesis de que él eligió específicamente a esas personas para que entren a robar o desmantelar instituciones, y pongan al Estado en la compleja situación en la que está. Pasamos del ‘cuoteo’ o pago de favores a la estructuración de una red criminal enquistada. Mira lo que ha pasado en los órganos de inteligencia o el Ministerio del Interior. Es incomparable con lo que hizo Montesinos, pero la lógica es similar, solo que de baja estofa, con gente de poca capacidad e inventiva. Se trata de cooptar el Estado para ponerlo al servicio de los intereses de quienes quieren tener un botín.

Hemos llegado a un momento curioso: esta crisis podría resolverla no el Congreso ni la calle, sino un grupo de fiscales y jueces.

En este momento, quien defiende los estándares democráticos mínimos es el Ministerio Público, con el Poder Judicial al lado. Por eso en la mayoría de países donde ha habido cleptocracias inmediatamente se capturan estas entidades. Esto aquí no ha ocurrido, y son ahora el último reducto para que empiece a haber resultados.

Aníbal Torres, el todavía primer ministro, fue demandado por usted y otros abogados ante el Colegio de Abogados de Lima. ¿Es posible y realista algún tipo de sanción?

Hay un código de ética que establece los parámetros de nuestro ejercicio profesional. Torres, que además de ser abogado ha sido decano, cruza la frontera y empieza a desdecir con sus actos lo que nos impone nuestro código de ética. Lo que hizo con el ex procurador Daniel Soria, destituirlo sin proceso, es un acto arbitrario y una violación normativa. Cosa similar hizo con una funcionaria de la PCM, Ximena Pinto, que denunció que la botaron porque trató de que la asignación de recursos para prensa fuera equilibrada. Una persona que miente, viola la ley y actúa arbitrariamente tiene que ser disciplinada por su gremio; política y penalmente habrá otras consecuencias.

¿Lo mantuvieron en el cargo para ser fuerza de choque contra la oposición y hasta contra los medios?

Es un ariete del gobierno para arremeter cuando se considere necesario. Pero creo que es más una expresión del bajo nivel, este gobierno ha demostrado que no puede convocar a gente capaz. Torres ‘deslumbró’ porque ha tenido puestos y un doctorado, pero a la hora que salió a ejercer la política fue un desastre andando.

Fuente: EC