Pasan los días y ni la presidenta Dina Boluarte ni nadie del Ejecutivo es capaz de ofrecer explicaciones convincentes sobre el origen del reloj Rolex que la jefa de Estado estuvo usando en actividades oficiales. El exprocurador anticorrupción José Ugaz responde sobre las posibles implicancias penales.

-¿A qué implicancias legales se enfrenta la presidenta Dina Boluarte por el tema del reloj de marca Rolex?

-Primero quiero hacer notar lo siguiente: hemos escuchado a la señora presidenta, al primer ministro y al ministro de Justicia afirmar que este sería un tema privado, lo que es un error profundo. Me preocupa realmente que tengamos a funcionarios de ese nivel señalando que esto no es de interés público. Los funcionarios tienen la obligación de llenar una declaración jurada al entrar y salir de sus cargos. De acuerdo al principio de transparencia, a todos los gobernados nos interesa saber cómo se moviliza el patrimonio de los gobernantes para descartar cualquier posibilidad de enriquecimientos indebidos. El premier se ha dado el lujo de decir que será la última vez que hablará al respecto, como si nos estuviera haciendo un favor. Nadie se está metiendo con la vida privada de la presidenta, sino que se está exigiendo que se cumpla con un deber, regulado en la ley. Hasta el propio contralor tuvo que...

-Rectificarse

-Porque nos dejó a todos boquiabiertos cuando afirmó que no había la obligación de declarar bienes suntuarios como joyas y otros, cuando existe una norma expresa al respecto. Entonces, hay un problema de orden administrativo porque se ha incumplido con un mandato legal y eso puede generar alguna responsabilidad. Pero también puede ser el inicio de una responsabilidad penal, si es que la señora presidenta no puede demostrar el origen legal de este bien.

-¿Podría hablarse de enriquecimiento ilícito?

-El delito de enriquecimiento ilícito se activa cuando un funcionario no puede acreditar un desbalance patrimonial. Y, en el caso del reloj, al menos, hay indicios para sospechar de enriquecimiento ilícito, porque resulta que la tenencia coincide con el acceso al poder de la presidenta y sus ingresos no justifican la compra de un bien que los especialistas estiman en un costo de unos veinte mil dólares. Puede ser que haya sido un obsequio, pero en ese caso debió declararse porque ahí puede haber un conflicto de interés. Tan es así que ya, incluso, han empezado a circular versiones sobre quién podría haber sido la persona que se lo regaló.

-Un cacique regional

-Un cacique regional con serios antecedentes de actos de corrupción e, incluso, vinculaciones con el narcotráfico. Si la presidenta no da una explicación, la Fiscalía va a avanzar en la investigación. Acá hay un hecho que resulta evidente y no hay que ser abogado para entenderlo. A la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le decían “usted tiene tesis falsas” y ella respondía que sí eran verdaderas, pero no las exhibió nunca. Y se negó a hacerlo por todos los medios. Cualquiera en esa situación mostraría sus tesis, ¿correcto? Lo mismo, si la señora presidenta dice que ese reloj lo tiene desde antes, lo único que tendría que hacer es mostrar la factura que acredite su compra o pedirle al representante de Rolex en el Perú que le extienda la documentación pertinente. Esos relojes están numerados y son identificables. Solo tiene que hacer eso y demostrar los fondos: ahorros, herencia, lo que sea. Si explica eso, en diez minutos se acabó la discusión. ¿Pero para qué enviar a toda la tropa que la quiere blindar con explicaciones absurdas si no hay nada que ocultar? Entonces, un gobierno frágil, desprestigiado, con escasa aceptación entre la población, se coloca en una situación de resistencia.

-Si se comprobara que fue un regalo de un político, ¿eso ya sería delito o tendría que comprobarse un favorecimiento?

-Ahí puede haber distintas posibilidades. Si se llegara a comprobar que un gobernador con antecedentes penales es la fuente del bien, hay razones suficientes para sospechar que esa fuente es de origen ilegal. Como ha señalado la Corte Suprema, no se tiene que acreditar la existencia del delito fuente o previo, no tiene que haber una condena. Tiene que haber la sospecha razonable de que la fuente es ilegal y, por lo tanto, se incurriría en lavado de activos. Por otro lado, si es un obsequio de un político en actividad, puede ser tomado como un indicio de cohecho, es decir, una forma de soborno. La ley dice “cualquier tipo de prebenda” que implique alguna intención de que, con ella, se esté comprando un favor. Eso está sancionado y podría generar una condena.

-¿Y si no fuese un funcionario, sino un privado?

-El cohecho no distingue entre quién es el que entrega el bien. Puede ser un político, puede ser un privado, como un grupo empresarial que, por ejemplo, esté buscando algún tipo de beneficio en alguna norma. Aplica exactamente lo mismo.

-He leído a personas que se sorprenden de que la presidenta pueda caer por un reloj y no por los asesinados en las protestas. ¿Le dice algo eso?

-La comparación es impactante, pero el tema de las protestas tiene un nivel de probanza más sofisticado. Imagino que debe estar siendo parte de la investigación si hay una relación entre el ejercicio de la presidencia y la decisión de matar a los protestantes. Hay que ver ese nexo causal, si hay una responsabilidad por haberse ejercido el mando de las fuerzas del orden. En cambio, lo del reloj es muy simple porque lo tiene puesto en su muñeca, es una cuestión objetiva. Me hace acordar —sin que esto sea un vaticinio ni mucho menos un deseo de lo que le pueda pasar a la presidenta— el caso de Al Capone, que era responsable de cientos de muertos, de contrabando, de actividades clandestinas...

-Y cayó por evasión.

-Y cayó por una cosa tan absurda como una evasión en los libros contables de rutina.

Entrevista publicada inicialmente por el diario La Republica