Durante las tres semanas que está al frente de la Fiscalía de la Nación de manera interina, Juan Carlos Villena ha realizado diferentes cambios en el Ministerio Público, entre ellos ha dispuesto la salida de fiscalías, coordinaciones de equipos especiales y puestos administrativos clave de al menos 12 funcionarios de confianza de su antecesora en el cargo: Patricia Benavides [ver recuadroa abajo].

Benavides fue suspendida por seis meses como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) a sus principales asesores la sindicara como cabecilla de una presunta red criminal enquista en la cúpula de la referida entidad.

De acuerdo a la tesis del Eficcop, la organización criminal alcanzó uno de sus objetivos: “copar” los equipos especiales de fiscales y los subsistemas de fiscalías especializadas “a través de la conclusión de designación o suspensión de funciones de fiscales superiores, adjuntos supremos y/o coordinadores nacionales”.

La red presuntamente dirigida por Benavides apuntó a “beneficiar” con “archivos o sobreseimientos” a causas penales donde tenía intereses.

(Foto: El Comercio)

Para ello, la suspendida fiscal de la Nación habría orquestado la suspensión del fiscal superior Rafael Vela en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público para luego destituirlo de la coordinación del equipo especial Lava Jato; también retiró a la fiscal superior Marita Barreto del Eficcop tras la operación Valkiria; y meses atrás había puesto a Elmer Ríos al frente del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Fuentes del Ministerio Público refirieron a El Comercio los primeros pasos de Juan Carlos Villena, como máxima autoridad de la institución, apuntaron a retirar a todos los que “eran bastantes cercanos” a Benavides “y que le decían sí a todo”.

Por ejemplo, el 13 de diciembre, al día siguiente de su elección, el fiscal de la Nación interino emitió su primera resolución aceptando la renuncia de Marco Huamán Muñoz- considerado el brazo derecho de su antecesora-al cargo de coordinado del Área Especializada en Denuncias Constitucionales. Esta oficina ve las investigaciones a presidentes, ministros y congresistas, entre otros aforados.

Huamán ha sido incluido en el organigrama de la red criminal, porque habría intervenido en la designación de Guillermo Silva Loli como fiscal adjunto provisional en el Eficcop, a fin de que sea los “ojos y oídos” de la ex titular del Ministerio Público en ese conjunto.

Los cambios realizados por el fiscal de la Nación interino:

El retorno de Mendoza al norte

Tres días después de aceptar la renuncia de Huamán, Villena dejó sin efecto dos nombramientos hechos por Benavides: primero retiró al fiscal superior Elmer Ríos Luque de la coordinación del equipo especial que investiga a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Días después designó en ese puesto a la fiscal Magaly Quiroz.

Quiroz, quien tenía la investigación de la carpeta principal de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue separada del equipo especial por Ríos Luque en setiembre último, en una decisión que no tuvo respaldo técnico, sino que se ejecutó por una orden de la fiscal de la Nación suspendida.

La otra salida fue la de la fiscal superior Marena Mendoza de la coordinación de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. Esta oficina tiene a su cargo las investigaciones por las muertes en enfrentamientos con la Policía y Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

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De acuerdo a fuentes de este Diario, Mendoza fue un personaje de absoluta confianza de Benavides, al punto que en la última semana de noviembre tuvo también las direcciones del Eficcop y del Equipo Especial Lava Jato. En este último también fue separada y en su reemplazo ingresó Elssie Garavito Chang. Ella fue fiscal adjunta de Vela.

Mendoza-tras la suspensión de la fiscal suprema- retornó a la Fiscalía Superior de Familia de La Libertad.

Villena, además, dispuso que Uriel Terán-quien desde la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, pidió el sobreseimiento de la investigación a la jueza Emma Benavides- regrese a la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná, de Arequipa.

La jueza Benavides, hermana de la ex fiscal de la Nación, afronta un proceso penal por presuntamente haber liberado a acusados de narcotráfico a cambio de sobornos.

“Se requería una función de limpieza”

Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado remarcó que cualquiera que hubiera ingresado a la Fiscalía de la Nación ante la sospecha de que Benavides habría encabezado una organización criminal hubiera tomado las mismas medidas de Villena. Es decir, separar a los allegados a su antecesora de cualquier puesto desde donde pudieran haber “contaminado o interferido en los procesos” del Ministerio Público.

En diálogo con El Comercio, Maldonado indicó que el fiscal de la Nación interino, con sus acciones, ha marcado distancia de la suspendida fiscal suprema.

“Se requería una función de limpieza y de desvinculación de todo aquello que pudiera ser una amenaza, si hubiera ocurrido lo contrario estaríamos hablando de un hecho inaceptable”, subrayó.

El ex abogado del Estado, además, refirió que “es posible” que el Ministerio Público recupere su rumbo, porque no estaba en condiciones normales. “Aquí estamos hablando de una posible captura del despacho de la Fiscalía de la Nación por parte de una red criminal. Una situación así no se podía tolerar”, expresó.

Maldonado dijo esperar que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechacé el pedido de sobreseimiento hecho por el fiscal Terán.

“Es fiscal ha actuado como un cómplice, el juez debe rechazar este pedido y tiene que disponer enviar copias de todo a la fiscalía correspondiente para que inicie acciones legales”, acotó.

Por su parte, la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello refirió que las medidas adoptadas por Villena son “interesantes”, porque podría probar que el Ministerio Público “puede purgarse a sí mismo”. Añadió que es clave fortalecer también las fiscalías que investigan la trata de personas, derechos humanos y organización criminal.“Era dramático que pongan a fiscales nuevos [como coordinadores], era imposible que logren revisar cajas y cajas [de archivo]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, la también excongresista dijo que los cambios que realizó Benavides en los equipos especiales y en determinadas fiscales “buscaban impunidad”.

“Me parece importante que se determine si se benefició o no a alguien en particular. Me parecen saludables los cambios hechos [por Villena] y ojalá ayuden a que se consolide esa institución”, sostuvo.

Pérez Tello remarcó que el nuevo fiscal de la Nación deberá definir si abre o no investigación preliminar contra Benavides y un sector de congresistas que presuntamente coordinaron con Jaime Villanueva la inhabilitación de la ex titular del Ministerio Público Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y el proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Espero que se haga [la investigación], soy respetuosa de los plazos procesales, hay que esperar con tranquilidad y confianza”, finalizó.

La abogada penalista Liliana Calderón indicó que las acciones adoptadas por el fiscal de la Nación interino han sido en respuesta a los cambios, sin justificación, que dispuso Benavides.

“Estos son cargos de confianza, no es por elección o que sigan un proceso regular [como un concurso], entonces le corresponde directamente a la autoridad decidir si continúa o no, no necesita de explicaciones para retirarlos, la nueva gestión del Ministerio Público busca desmarcarse de todo lo que ha venido pasando, sobre de los cuestionamientos”, subrayó a este Diario.

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Villena también requirió las renuncias del jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal, de los gerentes, los subgerentes y de los asesores de la Fiscalía de la Nación y de la Gerencia General.

Además, solicitó la intervención de la contraloría para que realice una auditoría de la administración de Benavides.

Fuente: Articulo publicado inicialmente en El Comercio