Por: Eucadio Gutiérrez Solano - Profesor/Periodista

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN está consagrada en nuestra Carta Magna. El Art. 2, numeral 4, de la Constitución Política del Perú dice textualmente: “Toda persona tiene derechos a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”.

En tanto el Art. 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” expresa lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” con respecto a la libertad de opinión, en su artículo 19, numerales 1 y 2 respectivamente  puntualiza:  “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”, y “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

De manera taxativa la libertad de expresión es un derecho universal y tiene la garantía Constitucional que nadie puede desconocer ni infringir.

Por ahí tal vez algún individuo que no sabe leer ni escribir puede hacer alarde de las fronteras de la libertad de expresión. Vale decir amenazar o intimidar a las personas que hacen uso del derecho Constitucional de expresarse libremente, por el solo hecho de emitir sus opiniones, y de paso “no hay delito de opinión”.

Solamente un loco o paranoico puede incurrir en los delitos de prensa. Nadie en su sano juicio puede tipificar a una persona acusándolo falazmente.

 

Las autoridades son funcionarios públicos, como tales están sujetos a la crítica y cuestionamientos. Al juzgamiento público. Las autoridades tienen que cuidar su imagen y moral. Un sinvergüenza e inmoral no puede ser autoridad.

Dentro de estos parámetros están los dirigentes de las Comunidades Campesinas del Perú. Las comunidades campesinas, Ley 29338, son organismos públicos, no son órganos privados, ni cosa por estilo. El Art. 2 de la referida Ley dice: “Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público…”. No es ningún delito hacer una autopsia a los dirigentes comunales, de igual manera para la otra unidad primaria de gobierno: los alcaldes.

Muchos dirigentes se creen intocables, esclavos de su ignorancia, y lanzan gritos al cielo, creyendo ser ángeles, cuando los ciudadanos o periodistas juzgan sus actos.

Lamentablemente los alcaldes y dirigentes comunales según hemos visto y los pobladores cuestionan su inoperancia, por ser rémoras para su pueblo. Siendo piezas claves para el progreso y desarrollo de sus comunidades, más bien son obstáculos y mal ejemplos de su pueblo.  Los malos dirigentes han significado el estancamiento de una comunidad, y otras veces representan un retroceso histórico.  

Es más, por ejemplo muchos profesores son alcaldes. Si como profesor es un mediocre, un pobre diablo, un fanfarrón, un miserable sinvergüenza; ¿qué puede hacer cómo dirigente?

De la misma forma si un comunero no ha hecho nada por su familia, mucho menos puede hacer algo por su pueblo. Siempre será un lastre, un objeto andante, sin cerebro.

Nosotros hemos estado viajando por la zona de Huachos, Tantará, Aurahuá, Chupamarca y otros pueblos de la cuenca del Río San Juan desde hace más de 30 años.

Y, en Marcas (distrito de Huachos) estuvimos cerca de 20 veces, de modo conocemos algo de sus problemas,  proyecciones, su ecosistema, atractivos turísticos, y sobre todo sabemos de los petroglifos. Pero sus autoridades no sirven para nada, salvo la mujer Huachina, como las que trajeron sus productos para la Feria, y la organizadora del VII Festival del Camarón, que es la otra cara de la medalla, mientras que sus autoridades dan vergüenza por su manifiesta incapacidad y sus comportamientos matonescos.

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