"Si los fujimoristas no maniobraban en el TC, Keiko salía en abril del 2020, ahora saldrá en abril, pero del 2021." Carlos Rivera Paz - @IDL_Rivera
LIMA | El juez Víctor Zúñiga Urday admitió el pedido de la Fiscalía e impuso 15 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, al considerar fundada la existencia de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal y obstrucción a la justicia, y que se cumple la prognosis de una pena mínima de 15 años. También aceptó que existe la posibilidad de fuga, por falta de arraigo laboral y económico al carecer de trabajo y bienes; y que hay un alto peligro de obstrucción a la justicia.
Durante la lectura de la sentencia, que se inició a las 9 a.m., el magistrado fue explicando uno a uno los motivos de su resolución, por lo que a medida que avanzaba la tarde se hacía evidente que habría una decisión restrictiva. Keiko Fujimori también lo entendió así, por lo que prefirió presentarse a la Corte Penal y evitar que la policía la capture en su domicilio.
#Último. Juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado, impone 15 meses de prisión preventiva contra #KeikoFujimori, investigada por lavado de activos y otros delitos. pic.twitter.com/hyKk6gqSrP
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 28, 2020
Con el rostro desencajado, y al lado de su esposo Mark Vito, Keiko Fujimori llegó a la sala de audiencia para escuchar la parte final de la resolución del juez Zúñiga, quien al declarar fundado el pedido fiscal dispuso la inmediata ejecución de la medida coercitiva.
Para determinar los 15 meses de prisión, el juez ensayó una especie de cronología del proceso, determinando que en 2 meses la Fiscalía debe formalizar la acusación, otros 5 meses debe demorar la etapa intermedia (control de acusación) debido a la complejidad de la causa. Consideró además que en 8 meses se podría terminar con el desarrollo del juicio. De tal forma que Keiko cumplirá la prisión el 27 de abril del 2021.
Finalizada la lectura, el Ministerio Público expresó su conformidad con la decisión, mientras que la abogada Giulliana Loza apeló la decisión que llevó a prisión a Fujimori.
Posteriormente, en un mensaje grabado, Keiko aseguró que recurrirá a los tribunales internacionales al considerar que la medida es arbitraria e injusta.
Uno de los primeros golpes a la defensa de la excandidata fujimorista fue cuando el juez, al momento de comentar el fallo del Tribunal Constitucional que permitió la libertad de Keiko, dijo que, para su despacho, no tiene carácter vinculante. Así desbarató uno de los argumentos de la abogada Loza, que pretendió usar ese fallo para desestimar el peligro procesal.
El juez Zúñiga en más de una ocasión tomó en cuenta la posición de la Corte Suprema, que revisó el caso antes que el TC, y consideró válida la prisión preventiva.
El segundo golpe a la defensa de Keiko fue cuando el juez sostuvo que estaría acreditada la obstaculización de la justicia y que no solo se pretendió afectar a los testigos, sino también a los representantes del Ministerio Público y autoridades judiciales.
Para ello recurrió a la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien relató que el abogado Vicente Silva Checa le dijo que la persona encargada de comunicarse con el fiscal Chávarry a nombre de Keiko era Daniel Salaverry, quien luego confirmó esa información.
Incluso Salaverry confesó que Keiko le dijo que había conversado con Hinostroza. Según el juez, los hechos narrados por Salaverry demuestran la intención para que, en su calidad de presidente del Congreso, se reúna con el entonces titular del Ministerio Público, para influir en las investigaciones en su contra, lo que demuestra la voluntad de interferir en la justicia.
También tomó en cuenta la declaración de Rolando Reátegui, quien señaló que Daniel Salaverry le informó que hubo una reunión de Hinostroza con Miguel Torres y la señora K (Keiko), cuando para entonces ya había denuncias contra el exjuez, pero la orden fujimorista era alargar las denuncias y no verlas una por una.
El juez añadió que estos testimonios son corroborados con la versión de Antonio Camayo, uno de los participantes en esos contactos, quien señaló que César Hinostroza le dijo que quería conocer a Keiko y que hizo contacto con Becerril, quien fue a casa de Camayo a eso de las 6:00 p.m. y luego llegó cesar Hinostroza.
Según Camayo, ellos ya se conocían. Hinostroza le dijo a Héctor Becerril que quería conocer a Keiko y se ofreció a ayudarla en sus temas judiciales, pues él quería ser presidente del Poder Judicial y para ello necesitaba apoyo político.
Camayo dijo que posteriormente Hinostroza le manifestó que sí se había reunido con Keiko Fujimori y con Becerril. El juez explicó que considera que los testimonios de Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui, Daniel Salaverry y Antonio Camayo tienen credibilidad, pues en ningún momento desconocieron haber incurrido en faltas y sus relatos no buscaban evadir alguna responsabilidad.
Esto fue otro serio traspié para la defensa de Keiko, pues en las audiencias Giulliana Loza se empeñó en decir que esos testimonios no tienen ningún valor, pues no han sido corroborados. El juez consideró que los testimonios también pueden ser corroborados por los hechos y no solo por documentos.
Loza dijo que no había elementos nuevos de obstrucción, pero el magistrado sostuvo como un hecho reciente que el 10 de enero del presente, un testigo protegido vio en la sede judicial que el colaborador Carlos Yumiyagi fue interceptado por uno de los abogados de Keiko, identificado como Juan Carlos Alarcón Caycho, quien le pidió reunirse para conversar sobre una audiencia que estaba programada para el 28 de enero.
El testigo dijo temer por su integridad y pidió protección a la Fiscalía para él y su familia, pues consideró que los abogados de Keiko están buscando a los testigos y colaboradores para presionarlos y hacer que cambien su versión. El juez Zúñiga sostuvo que eso es una muestra de que el peligro de obstrucción a la justicia está latente.
Añadió que el hecho de que Keiko ya no tenga el mismo poder en el Congreso disminuye el peligro de obstrucción, pero no lo suficiente como para decir que no existe. Precisó que para el juzgado hay un grave peligro de obstaculización a la justicia.
Fuente: LaRepublica
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