La bancada de Fuerza Popular aprobó este martes la expulsión de la congresista María Cordero Jon Tay de sus filas tras la denuncia de presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. La decisión fue confirmada por la propia bancada mediante un comunicado.

La decisión se adoptó luego de que, a mediados de abril, el vocero alterno de la bancada, Arturo Alegría, presentó una denuncia para que Cordero Jon Tay sea expulsada del grupo parlamentario.

A raíz de la denuncia por presunto recorte de sueldos, Alegría señaló que la parlamentaria “habría utilizado su cargo como congresista y su designación como presidenta de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes para fines impropios y de índole que lindan con lo delictivo, buscando obtener un beneficio económico propio”-

Este martes, la bancada fujimorista indicó que la decisión de expulsar a la legisladora fue unánime. “Mantenemos nuestro firme compromiso de erradicar de raíz cualquier mala práxis política, independientemente de su origen o procedencia”, indicaron en su pronunciamiento.

La parlamentaria también enfrenta un proceso de expulsión como militante del partido Fuerza Popular. En medio de este, presentó una carta para comunicar su decisión de renunciar a su militancia en dicho partido, la cual no fue aceptada.

Aquella vez, en un comunicado, la agrupación liderada por Keiko Fujimori indicó que la misiva fue evaluada por su Secretaría Nacional de Ética y Disciplina y que decidió no aceptar su renuncia y continuar con el proceso de expulsión.

El pasado 26 de abril la Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra Cordero Jon Tay.

El programa “Punto Final” reveló hace unas semanas un conjunto de audios, en los que se escucha a Cordero Jon Tay exigirle a un trabajador de su despacho que le deposite entre el 50% y 75% de su salario.

“¡A ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le oye decir a la parlamentaria al trabajador, que aseguró haber pagado entre S/4.500 y S/5.000 al mes durante el 2022, con la condición de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo.

Cabe indicar que la Procuraduría General del Estado (PGE) también presentó una denuncia contra la congresista de Fuerza Popular por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente, por concusión en agravio del Estado.

La aún parlamentaria fujimorista es investigada por la Fiscalía de la Nación por este hecho por el presunto delito de concusión.

Fuente: EC