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La cándida alcaldesa de Ica utliza el remedio equivocado para curar el cáncer

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

Pretender controlar los ambulantes utilizando la represión policial es desconocer completamente un problema estructural de la economía peruana. Indigno de una autoridad municipal provincial.

Ambulantes del Cercado de Ica a punto de ser desalojados. Medida radical generaría más desempleados en la provincia. Foto: Izq. La alcaldesa de Ica. Emma Mejía Venegas con la flor de la candidez.
Ambulantes del Cercado de Ica a punto de ser desalojados. Medida radical generaría más desempleados en la provincia. Foto: Izq. La alcaldesa de Ica. Emma Mejía Venegas con la flor de la candidez.


ICA | La alcaldesa Emma Mejía Venegas en la última Semana Santa logró la hazaña de mantener las principales calles de la ciudad de Ica, libres de comerciantes informales, con la finalidad de darles seguridad a los miles de fieles que acompañaban la tradicional procesión del Cristo Moreno de Luren.

Como ya lo dijimos en su oportunidad, el cumplimiento de ese objetivo no hubiese sido posible si la autoridad edil y sus funcionarios no contaban con el decidido apoyo de serenos de su comuna y de otros distritos, dentro del plan Serenazgo sin Fronteras.

Emma Mejía tiene ahora un nuevo reto que cumplir; pero esta vez mediante mandato imperativo de un Acuerdo de Concejo, a fin de que el ejecutivo de la municipalidad provincial de Ica libere de ambulantes el cercado de la ciudad.

El acuerdo debió cumplirse en el presente mes de mayo; pero, por su carácter complejo la autoridad edil se habría fijado como plazo ejecutar el megaoperativo antes del día central por el aniversario de la Fundación Española de la Villa de Valverde.


 

El subgerente de Seguridad Ciudadana, mayor PNP (r) Miguel Ángel Rivera Chirinos, ha sido encomendado para que diseñe el plan de erradicación y reubicación que se ejecutará con la participación de agentes del Serenazgo y de la Policía Nacional.

 


Trascendió que los únicos que no serán desalojados serán los comerciantes informales con discapacidad, quien ya han sido empadronados por personal de la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad – OMAPED. Algunos permanecerán en sus puestos, mientras que otros serán reubicados para que no afecten el ornato público, el orden y la seguridad ciudadana.

Los vendedores de diarios, revistas y loterías, agrupados en un sindicato, también se mantendrían en sus puestos, en atención a la Ley del Canillita que les da un trato preferencial. Sin embargo, sus directivos solicitaron hace dos meses a la alcaldesa que por Acuerdo de Concejo se les permita desarrollar libremente su actividad.

Falta de empleo para "venecos" y peruanos

La idea de ordenar la ciudad es muy atinada; pero, lamentablemente originará una crisis laboral en nuestra provincia, ya que la mayoría de vendedores ambulantes son limeños y venezolanos que han llegado a Ica en busca de mejores oportunidades para sobrevivir, ante la falta de empleo.

Cuando los venezolanos llegaron a Ica huyendo de su país, los primeros días vivían de la conmiseración de las personas que les daban una propina o les invitaban un plato de comida.

Conforme avanzaban los días, muchos de ellos se fueron empleando en pequeños negocios ganando entre 300 y 500 soles mensuales, trabajando más de las ocho horas diarias.


 

 

Ante la explotación que sufrían, los llamados “chamos” o “chamas” poco a poco fueron desertando de los empleos temporales (vendedores, ayudantes de cocina, empleados domésticos) y se dedicaban a vender arepas, refrescos, utilería de celulares y otros productos en forma ambulatoria.

 


Si se les saca del centro de la ciudad, la vida de esas personas tomará sin duda otro rumbo. Algunos no tendrían otra alternativa que emplearse nuevamente y aceptar ser explotados; mientras que otros migrarían a distritos y a otras provincias de la región, incluyendo los pueblos altoandinos.

No se descarta que algunos de ellos ingresen al inframundo de las drogas, la prostitución y la delincuencia. Sería interesante que la municipalidad evalúe las consecuencias del plan de erradicación y, de manera complementaria, implemente un plan de capacitación para que esas personas aprendan oficios productivos que les permita ganarse la vida de otra manera.

 

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