LIMA | “La acusada (y candidata presidencial) Keiko Fujimori busca evitar el juicio oral y público por graves delitos de crimen organizado, no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes. Keiko Fujimori no se debe correr al juicio histórico por sus crímenes de delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo”.

Esta fue la contundente respuesta del fiscal especializado José Domingo Pérez al pedido de los abogados de Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito, el exsecretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama y el funcionario de la ONPE Luis Barboza para que se anule la acusación penal y se disponga reabrir la investigación preparatoria.

Pérez formuló este alegato en una audiencia pública dirigida por el juez de investigación preparatoria nacional Víctor Zúñiga Urday. El magistrado también escuchó los argumentos de los abogados defensores Humberto Abanto, por Yoshiyama; Christian Salas, por Fuerza Popular; Giuliana Loza, por Fujimori; Mark Vito y la empresa MVV y Guillermo Astudillo por Luis Barboza.

Fiscal Pérez indicó que la lideresa fujimorista pide nulidad de cierre de investigación porque no quiere participar en juicio oral. Foto: difusión

El carismático fiscal defendió la autonomía del Ministerio Público para decidir cuándo ha concluido una investigación preparatoria y debe proceder a presentar la acusación para pasar a juicio público. Además, indicó que aún falta la etapa intermedia de control de acusación donde los acusados podrán presentar pruebas.

En este sentido, señaló que la acusada y sus abogados lo único que pretenden es afectar la autonomía del Ministerio Público en una vuelta al pasado en búsqueda de impunidad.

En este punto citó un párrafo del informe de la Comisión de la Verdad, en el que se informa del sometimiento del Ministerio Público a la dictadura fujimorista, en la década de los años 90 del siglo pasado.

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A su turno, los abogados defensores señalaron que Pérez cerró la investigación intempestivamente, en resoluciones que les fueron notificadas a las 4:22 minutos de la madrugada del 11 de marzo, para inmediatamente, a las 9:30 de la mañana de ese mismo día, presentar la acusación penal ante el Poder Judicial.

Abanto señaló que el 26 de febrero el juez Zúñiga le había ordenado a la fiscalía recibir diversos testimonios que se programaron para el 11 de marzo y no se realizaron.

En tanto, Giuliana Loza indicó que en enero pidió la devolución de documentos de prueba y la fiscalía se negó, pues dijo que los necesitaba para un peritaje. Una pericia que el 11 de marzo se declaró sin efecto y hasta la fecha aún no le entregan esa información.

Más de 800 años de prisión en conjunto

El fiscal José Domingo Pérez formuló acusación penal contra Keiko Fujimori y 34 integrantes de Fuerza Popular, para los que pide penas individuales que van desde los 6 años hasta los 30 años de pena privativa de la libertad, que en conjunto suman más de 800 años de cárcel.

La fiscalía considera que una organización criminal enquistada en Fuerza Popular, dirigida por Fujimori, utilizó las campañas electorales de los años 2011 y 2016 para lavar o blanquear 17,3 millones de dólares, que al cambio al día de hoy representan 65,9 millones de soles, originados en actos de corrupción estatal y privada.

La acusación está en etapa de revisión formal y aún no es notificada a las partes.