Por: Gustavo Mohme Llona - Publicado en La República

Desde hace meses, la lucha contra la corrupción exhibe evidencias conseguidas por fiscales y periodistas que dejan muy malparada a la Comisión Lava Jato del Congreso, que por varios meses hizo el amago de investigar graves delitos, pero que terminó ofreciendo un inédito y grotesco ejemplo de impunidad.

Las declaraciones del exdirectivo de Petroperú, Miguel Atala, y del hijo del ex secretario general del despacho presidencial, Luis Nava, respecto a la existencia de una trama corrupta vinculada directamente con el expresidente Alan García, remiten directamente a los esfuerzos de la Comisión Lava Jato, y especialmente de su presidenta Rosa Bartra, por evitar investigar a García, a los otros acusados y, por supuesto, a Keiko Fujimori.

El argumento de la presidenta de la comisión respecto a García también pasará a la historia. Dijo que ni ella ni ninguno de los miembros de la comisión encontraron suficiencia probatoria para imputarle un delito y que, luego de cinco años de vencido su mandato presidencial, ya no es posible interponer una denuncia constitucional.

Como señala el legislador Marco Arana, las omisiones de este grupo de trabajo constituyen actos de complicidad en el encubrimiento de delitos. Ante ello es hilarante la respuesta de Bartra –“los elementos de convicción acaban de aparecer”– como si de eso no tratara el trabajo de una comisión parlamentaria, es decir, investigar, que es para lo que fue designada.

Esta comisión protagonizó un fraude contra los peruanos. Se gastó casi 5 millones de soles en una planilla de 30 trabajadores entre asesores, técnicos y auxiliares, para entregar un informe chapucero. En sus 1.446 páginas, acusa a 132 personas y a siete constructoras de presuntos delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y colusión, en casos que ya eran objeto de investigación fiscal y con mejores evidencias, en calidad y cantidad, que esta.

Este despilfarro que tributó a la impunidad se dio maña sin embargo para hostilizar a periodistas y medios, usando indebidamente las prerrogativas parlamentarias. Como se recuerda, en sus días finales, la mayoría fujimorista de la comisión dispuso considerar como investigados y levantar el secreto tributario a 26 empresas periodísticas bajo el supuesto de que estos actuaron a favor de Odebrecht. El acuerdo fue adoptado en una sesión reservada.

El Perú espera que la señora Rosa Bartra no presida nunca más una comisión investigadora. No bastan sus disculpas. No puede dejarse en el olvido un alevoso intento de blindar a la corrupción. Podrían haber tenido éxito.