María Isabel León, presidenta de la CONFIEP.

La remuneración mínima vital se debate técnicamente y se acuerda por consenso, en el Consejo Nacional de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores.

Los empresarios de la pequeña, mediana y la gran empresa, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante el panorama de incertidumbre política que estamos viviendo, producto de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, tres semanas atrás, sumiendo al país entero en una situación de incertidumbre y generando expectativas salariales irreales en la población. Este panorama se agrava, no solo por la coyuntura de devastación económica que estamos viviendo producto de la pandemia por Covid 19 en el Perú y el mundo entero, sino también por la pérdida de millones de puestos de trabajo en distintos sectores de nuestro país.

La Ley de Promoción Agraria, que a lo largo de los últimos veinte años ha permitido la generación de cientos de miles de empleos formales y la reducción de la pobreza en zonas rurales, pasando de 81% a 30%, fue derogada por el Congreso de la República con el argumento falaz de que no reconocía los derechos laborales de los trabajadores correspondientes a CTS y gratificaciones, desconociendo que el modelo promovido por dicha ley era el del RIA (REMUNERACION INTEGRAL ANUAL), vigente en la regulación actual, metodología que fue incorporada al sector agrario en virtud a la estacionalidad y temporalidad de sus contratos laborales, con la finalidad de beneficiar y no perjudicar a los trabajadores en el disfrute de tales beneficios.

Lejos de resolver el problema puntual, se quiere hoy imponer una remuneración a través de una ley, hecho que es anti técnico e inconstitucional, significa regulación de precios y viola el derecho de libre contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores.

El Congreso no ignora que la sobrerregulación laboral ha significado que de los 17 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa del país, solo 5 millones accedan a algún derecho laboral y 12 millones trabajen en la informalidad, es decir, precariamente, sin protección de salud, sin reglas de higiene y seguridad, sin protección por cese arbitrario, sin vacaciones y CTS y con salarios muy lejos del mercado laboral formal.  Esto demuestra que la legislación laboral, aunque persigue fines dignos, está hoy lejos de la realidad que pretende regular.

Los gremios firmantes consideramos urgente que el Congreso reflexione sobre los daños que está causando a la vida económica del país y en este caso, desista de fijar sueldos por ley, pues ello arrojará a la informalidad laboral a más peruanos.

Diciembre 2020