Esta sensación de impunidad exacerba los instintos delincuenciales de los funcionarios públicos y de los decidores en todo el país.

Antes de la llegada de Nelson Shack a la Contraloría no había ningún control. Muchas fortunas se hicieron en esos viejos tiempos.

LIMA | El contralor general, Nelson Shack, advirtió que la sensación de impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancionen a funcionarios que han cometido actos de corrupción o inconducta funcional, y en especial en el período de la Emergencia Sanitaria Covid-19, por lo cual reiteró su exhortación al Congreso de la República, de devolverle a la Contraloría la capacidad sancionadora reconocida constitucionalmente.

Fue durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la República, ante la cual precisó que la ciudadanía conocerá -mediante los informes de control- de los casos irregulares cometidos, incluso durante la pandemia, así como quiénes los han perpetrado, y reclamará sanciones oportunas, sin embargo, éstas en muchos casos no se darán.  “No podemos permitir, menos justificar, que los responsables de un acto irregular queden exentos de sanción”.

El caso de Huancavelica

“Cuando se empiecen a publicar los resultados del control posterior en Huancavelica y en todo el país, la ciudadanía conocerá quiénes son los funcionarios que han cometido irregularidades, inconductas funcionales en el ejercicio de su función o incluso ilícitos penales que merecen ser sancionados, pero ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía existe, ya que la Contraloría hoy tiene recortadas sus capacidades para sancionar administrativamente a nadie”, alertó.

Esta incapacidad, recordó, fue ocasionada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) desde abril del 2019, por lo cual exhortó al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad de sanción a la Contraloría.

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“Es necesario que se apruebe el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, incluso, en una versión actualizada, en donde se han incluido las infracciones sobre el tema de la pandemia”, agregó.

Al mismo tiempo, dijo que “no solo se trata de sancionar a quienes hacen mal las cosas, sino también a quienes no ejecutan oportunamente las decisiones. La omisión en las funciones, la no ejecución apropiada del gasto y el retraso injustificado en la ejecución de bienes y servicios públicos que la ciudadanía necesita, también debe ser sancionado y en consecuencia los responsables inhabilitados o suspendidos de su función”.

Servicios de control en Huancavelica

De otro lado, informó que la Contraloría realizó 211 servicios de control en entidades del gobierno nacional, regional y local de Huancavelica, durante la Emergencia Sanitaria, a fin de supervisar el uso de los recursos públicos para mitigar los riesgos por el Covid-19 en este departamento. Las intervenciones alcanzaron a las siete provincias con las que cuenta la región, así como en 85, de los 93 distritos existentes.

Entre las principales intervenciones, se encuentra la realizada en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica. En los tres informes de control emitidos al respecto, se advirtió que el penal no cuenta con personal médico ni medicinas necesarias para una adecuada atención de internos y trabajadores contagiados con Covid-19.

La posta médica del penal solo cuenta con una técnica en enfermería. Además, el ambiente acondicionado para el aislamiento de internos con Covid-19 no cumple con los parámetros mínimos establecidos en la directiva sanitaria. Tampoco cuentan con suficientes pruebas rápidas para tomar muestras al personal del INPE e internos.

El penal se encuentra hacinado, ya que alberga a 239 reos cuando solo tiene una capacidad de infraestructura para 100, lo cual pone en riesgo de infección al personal del INPE y los reos. Además, se distribuye alcohol en gel sin registro sanitario y mascarillas descartables defectuosas.

Los informes de control han sido notificados a las autoridades penitenciarias para que adopten las acciones correctivas pertinentes que garanticen una adecuada atención de salud a internos y a los trabajadores del penal.

Perjuicio económico en Municipalidad de Roble - Tayacaja

De otro lado, se informó que la Contraloría General detectó un presunto perjuicio económico por más de S/ 30 mil en la Municipalidad Distrital de Roble, provincia de Tayacaja, por la no distribución de canastas básicas al 64% de la población vulnerable de esa zona perteneciente al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2020-OCI/0397-AOP, advierte que la municipalidad distrital  recibió S/ 50 000 para realizar la adquisición y distribución de productos de primera necesidad, pero que no habría entregado las canastas básicas al 64% de los beneficiarios reportados ante la Contraloría, generando un presunto perjuicio económico por S/31 888.

Sesión Virtual de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgos de desastres #COVID_19 - Caso Huancavelica

En el minuto 2:04:47 el contralor Shack hace el pedido a la Comisión del Congreso.