La exministra de Justicia y Derechos Humanos y excongresista Marisol Pérez Tello responde en la siguiente entrevista sobre la actualidad política. Su balance del año 2023 no es el mejor, señala. Expone distintas razones: una de ellas, el fracaso de la gestión gubernamental, con una presidenta −Dina Boluarte− que se equivoca “de manera permanente”.
 

—La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo lo evidente: el Perú desacató al ordenarse y ejecutarse la excarcelación de Alberto Fujimori. El Gobierno ha respondido, a través de la Cancillería y del Ministerio de Justicia, que no hubo tal desacato y que el país respeta los tratados y a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿El Perú ha sido respetuoso de los tratados y de la Convención Americana?

—En este caso no, más allá de quién se trate. Tú acatas o no una sentencia, no hay interpretaciones auténticas. Independientemente de las consecuencias en el orden interno, en términos de percepción de impunidad o de justicia hay un efecto internacional que tiene que ver con la credibilidad de las instituciones. Los únicos países que han desacatado sentencias de la Corte son Haití, Nicaragua, Venezuela, Trinidad y Tobago.

—Y ahora nosotros.

—Y es una pena. Y el costo para el país es altísimo en términos de percepción de estabilidad democrática y respeto a la institucionalidad. La Corte ha “escueleado” al Tribunal Constitucional (TC) desde el punto de vista jurídico, enseñándole algo elemental: la competencia de un tribunal internacional la fija el propio tribunal. No puede ser cuestionada por un tribunal nacional. Desde lo jurídico el Perú ha perdido porque nos han explicado algo que teníamos que saber.

—Bueno, sí lo sabían. Dudo mucho que el TC no estuviera al tanto de algo así, ¿cierto?

—Por supuesto. Pero no han medido… Eso es gobernar mirándote el ombligo. El mundo cambió y ahora necesitas confianza internacional y credibilidad, y si algo ha perdido el Perú en estos años, es eso. Nuestro sistema es considerado uno híbrido, un Estado casi fallido, y conductas como esta lo ratifican y alejan la inversión sana en el Perú. ¿Quién va a venir? La inversión interesada en negociar con mafias, con coimas, a las que no le preocupan los bajos estándares en el respeto de los derechos humanos. En estas circunstancias, la OCDE se aleja galopando, por supuesto.

—¿Qué consecuencias políticas puede haber?

—Sostener una división política fujimorismo-antifujimorismo, que es nefasta en nuestra historia republicana y que lleva más de veinte años. Nadie quiere entender que este no es un tema político sino jurídico, que se politiza. A nadie le importa la vida de Fujimori ni la crueldad que significa que lo saquen y lo metan. Menos les importa la crueldad con las familias de las víctimas. A nadie le importa que esto es inviable jurídicamente. Son inviables el indulto, las gracias, y encima tienes el caso Pativilca que empezó con la fase oral. Y tampoco les importa que existen salidas jurídicas que no tendrían nombre propio ni serían arbitrarias ni injustas.
Aclaración. La Corte IDH le dijo al TC que se había arrogado funciones que no le atañen. Foto: John Reyes/La República

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Aclaración. La Corte IDH le dijo al TC que se había arrogado funciones que no le atañen.

—La propia Corte ya había establecido un camino, ¿cierto?

—La Corte solo había hablado de indulto. Existe una reciente opinión consultiva de la Corte, la 29, que habla de un tratamiento diferenciado en cárcel y de grupos que necesitan ser tratados de manera distinta, sin generar impunidad: LGTB, mujeres, niños y, desde luego, la tercera edad.
 

—Fujimori encaja ahí.

—Por supuesto, y sin forzar nada. Quiero añadir algo. Hay una injusticia para la población penitenciaria. El sistema penitenciario y de beneficios ha estado marcado por una agenda política, olvidando a 100.000 presos. Esa es para mí la mayor arbitrariedad, aparte de la arbitrariedad con las familias de las víctimas y con el propio Fujimori, aunque posiblemente esta vez no vuelva a la cárcel porque el fiscal del caso Pativilca ha pedido que se lleve el proceso con prisión domiciliaria. El tema es que nadie quiere una salida en el marco de la ley, quieren hacerlo héroe. La tragedia de todo esto es esa: que usan políticamente a una figura sin importar nada más. No importan los otros adultos mayores en cárcel.

—Le cambio de tema. Esta semana, la presidenta Dina Boluarte dijo que su Gobierno había conseguido “estabilidad democrática”. ¿Está de acuerdo?

—Si lo hubiese dicho el 28 de diciembre, hubiera entendido que era una broma. Lo que no hay hoy es estabilidad democrática: sí hay impunidad. Probablemente, no se le pueda atribuir directamente a la presidenta Boluarte. Todos los cambios en la Fiscalía que llevó adelante Patricia Benavides han generado impunidad. Olvídese del debate chato y malintencionado que fomenta el Congreso. Vamos a la verdad, y la verdad es que desactivar fiscalías de trata ha significado que se liberen bandas transnacionales que comercian con la vida de las mujeres y niños. Han desactivado fiscalías como la de Cabitos, que veía casos de derechos humanos, que tiene cajas y cajas de información y que un fiscal nuevo no va a entender. Eso genera impunidad. Sumemos la absoluta falta de misericordia para buscar soluciones justas que le den a las familias una explicación, por ejemplo, una comisión ad hoc…

—¿Habla de los asesinatos perpetrados en diciembre y enero durante las protestas?

—Sí. Porque eso se va a investigar, pero en la Fiscalía puede demorar diez años. ¿Y cómo resuelves el problema que te genera esta sensación de un Gobierno autoritario que persigue disidencias cambiando la ley? Lo que han hecho es ir en contra de la protesta social. Estoy en contra de las protestas sociales que generan daños patrimoniales y sobre todo daños en vidas humanas, pero el derecho a la protesta tiene que garantizarse en un país democrático. No puede perseguirse. Además, es inconstitucional. En vez de hacer bien las cosas, socavan la poquita institucionalidad que teníamos. Y lo que han hecho en el campo económico es catastrófico. Negaron una recesión que era evidente. Luego pasaron por encima del Consejo Fiscal, que le dijo al ministro: has hecho un crédito suplementario por decreto de urgencia cuando es por ley y eso es inconstitucional, has hecho un crédito suplementario cuando todavía no se había aprobado el presupuesto, has adelantado utilidades por mil millones del Banco de la Nación sin siquiera haber cerrado el ejercicio fiscal y todo para maquillar las cifras. Eso le debería costar la renuncia al ministro de Economía y una acusación constitucional. Entonces, mi balance es negativo, de mucha preocupación por el Perú, sí con optimismo, porque los peruanos salimos adelante.

—¿El Gobierno ha fracasado?

—El Gobierno ha fracasado desde que decidió quedarse Boluarte, nunca entendió que debía ser una transición, que había sido vicepresidenta y ministra del presidente que acababa de dar un golpe de Estado. Tiene ese discurso desenfocado de la realidad que la hace equivocarse de manera permanente. Lo sufrimos todos. Una pena.

—El año termina con el escándalo de la suspendida fiscal Benavides. Hay dos argumentos contrapuestos que se escuchan: que hay indicios razonables contra ella y el otro que todo se trata de un complot caviar. ¿Por cuál se inclina?

—Yo me inclino por la verdad de los hechos: que la fiscal ha desactivado fiscalías, lo que ha generado impunidad. Ese solo hecho requería una explicación, que es una de las razones por las cuales la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abre procesos. Otro hecho: la tesis. Otro hecho: que ha liberado a su hermana de la acuciosidad de una investigación fiscal que la podía comprometer con temas muy graves vinculados al narcotráfico. Son hechos. No son atribuibles a temas ideológicos. Y si ella quisiera un poquito a su institución, tendría que irse, dejar que se investigue. Todos estos hechos, más lo de su exasesor Jaime Villanueva, para mí son suficientes. Pero lejos de dar un paso al costado, presenta una acusación contra Boluarte. Estos manejos la despintan y a la Fiscalía la colocan en una situación muy precaria. Queda la sensación de que hay algo muy grueso que está escondiendo. Es una pena, pero tiene que irse para que la justicia triunfe. No le deseo mal. Si la justicia la favorece, que vuelva. Pero lo dudo.

—Por ahora, la JNJ se ha salvado, aunque un sector del Congreso quiere conseguir firmas para un pleno extraordinario y tratar de destituir a los siete magistrados de manera inmediata. Más allá de la defensa institucional, ¿la JNJ no debería aclarar por qué nombró a Benavides como suprema? Ya venía con varios cuestionamientos.

—Yo defiendo instituciones, a la Junta que me gusta y al TC que no me gusta, con la misma fuerza. En el caso de la JNJ, se debe explicar la elección de Benavides, por supuesto que sí.
 

—Pero no debería ser causal de nada más.

—Yo creo que no. Siempre hay una evaluación subjetiva en estos casos; además, están las actas, la entrevista, está todo. Lo otro que quiero decir es que lo de la edad es una manipulación. Todo nace de ahí.

Desaprobada . Pérez Tello: “El Gobierno ha fracasado”.

—Habla de la edad de la magistrada Inés Tello.

—Sí. Inés Tello tiene una trayectoria impecable. Mis respetos hacia ella. Sobre lo de su edad, eso se planteó en el examen y Ernesto Blume (parte de la comisión de evaluación) dijo que no era problema. Está grabado. Y si no fuera suficiente, Servir, el órgano técnico, emitió un informe en el mismo sentido. Puedes estar a favor o en contra del informe, pero si estás en contra, entonces cuestionas el informe, no las acciones que se deriven de él. Servir dijo: se queda, la edad de 75 años es solo para el acceso. ¿Qué tenía que hacer la Junta? Lo que hizo. Y aparte hay dos proyectos de ley para fijar la edad límite, lo cual es un reconocimiento del Congreso de que el tema no está claro. Es una manipulación jurídica grotesca. La solución era sacar una norma para aclarar el asunto. Pero no quieren. Lo que quieren es usar la institucionalidad y no les importa el costo que pagamos todos.
“El Perú nos está espantando, nos está botando, y está expulsando a los jóvenes”

—La JNJ ha sido salpicada por las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que coordina la fiscal Marita Barreto. En el comunicado que la institución sacó a propósito del operativo Valkiria VI, se niega cualquier interferencia de terceros en sus decisiones. ¿Le parece suficiente aclaración?

—Lo que le puedo decir es que la regla debe ser igual para todos. Si se prueba con la ayuda de un colaborador eficaz, con la ayuda de un audio o con cualquier otro elemento que alguno de los integrantes de la Junta o todos han tenido alguna responsabilidad, tendrán que irse a la cárcel. Y acá quiero dejar constancia de que tengo amistad con algunos de los miembros y creo que serían incapaces. En todo caso, han hecho algo colegiado que me parece respetable: han sacado un comunicado diciendo que nunca han aceptado ningún tipo de interferencia. Sin embargo, si se probara que un miembro de la JNJ sí lo hizo, entonces esa persona deberá asumir su responsabilidad. Quiero recordar que la responsabilidad penal es individual y acá lo que se está protegiendo es a las instituciones, porque es lo que necesita el Perú y, en realidad, es lo que necesita cualquier Estado de derecho.

????#NativaInforma || La jefa de Estado perdió los papeles cuando una periodista de Latina le preguntó por el denominado "Plan Boluarte" para luchar contra la inseguridad.

"Señorita de Latina, el Plan Boluarte no existe", dijo la mandataria. pic.twitter.com/rM3LUVy5Nq

— Nativa (@somosnativa) December 21, 2023

—Luego de este 2023 bastante complicado, ¿cómo piensa que vendrá el 2024?

—Mire, en cuanto a mi vida personal y profesional, espero quedarme acá y morirme acá. Y el Perú nos está espantando, ¿no?, nos está botando.

—A los más jóvenes, sobre todo.

—Está expulsando a los jóvenes, la gente se está yendo y yo me niego, no quiero. Me niego a no terminar mi vida en mi tierra. Así que seguiré trabajando en política, porque quiero un mejor país.

—¿Qué está haciendo en su vida política en estos momentos?

—Estoy intentando empujar, junto con políticos de otras bancadas, de distintos partidos y de distintas ideas políticas un macroplan, algo que nos agrupe a todos, los mínimos comunes, como reformas en la educación, en la salud, cierre de brechas en infraestructura, entre otros. La idea es intentar hacer una plataforma política que permita que llegue gente honesta, que quiera a su país y que quiera ayudar a cambiar las cosas, a mejorarlas, como digo, sobre la base de unos acuerdos mínimos en los que podamos estar de acuerdo. Ojalá que eso llegue finalmente a un buen puerto.

Entrevista producida y publicada por La Republica