Mensaje del Secretario General de la OEA sobre Venezuela
 
Los instrumentos del Sistema Interamericano nos obligan a cooperar, pero jamás a negociar la democracia, especialmente cuando cada día que pasa arriesgamos nuevas tragedias humanas, una familia más desintegrada y una violación cada vez mayor a las garantías de las personas. Venezuela atraviesa una grave crisis social y política que es producto de la desinstitucionalización del país.

Hemos exigido a la comunidad internacional, a la comunidad hemisférica y al gobierno venezolano para el cese de la violencia y la represión, la liberación de presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita atender las necesidades básicas insatisfechas de su gente y para la redemocratización por la única vía posible y soberana: el llamado a elecciones generales anticipadas.

La crisis institucional se resuelve con respuestas institucionales que redemocraticen al país y restituyan los derechos políticos del pueblo.

Las respuestas de las instituciones de Venezuela a la crisis que enfrenta el país han sido en general siguiendo el camino trazado por el régimen, de violación grave del orden constitucional.

El Poder Judicial venezolano ha roto el principio fundamental por el cual se asegura justicia al pueblo: su independencia. Se ha transformado en un elemento esencial del organigrama de corrupción institucional instalado. Si la justicia no responde a los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho, ello precipita completamente el funcionamiento ilegitimo del Estado.

La Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la libertad y torturado.

La represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso. Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de cada muerto, hay un responsable institucional.

El Ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, y el Mayor General Benavides Torres tienen el mandato de dos de las instituciones encargadas de ejecutar la fuerza en Venezuela. En ese sentido, ambos son responsables de cada agresión, de cada tiro y de cada muerte.

Los Comandantes de Zona para el Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana son quienes tienen la responsabilidad directa de la represión. Ellos tienen a su cargo las unidades operativas en todos los Estados. Son ellos los responsables de la actuación de la Guardia Nacional en cada estado y quienes imparten las órdenes, e incluso los que apoyan y cubren a los grupos irregulares o paramilitares que actúan contra manifestantes.

Redemocratizar a Venezuela y restaurar el Estado de Derecho es urgente. Sólo se logrará devolver la legitimidad a sus instituciones cuando quienes estén al mando asuman sus funciones de acuerdo a la Constitución y al mandato popular. Es cuestión de que cada quien asuma las responsabilidades legítimas que le corresponden y actúe en consecuencia.

El Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, ha apartado a las fuerzas armadas de sus compromisos fundamentales: respetar la Constitución, las leyes y la propia institución, a la que ha transformado en un elemento fundamental de la ruptura del orden institucional del país. Es plenamente responsable de adherir a la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes pacíficos. Es plenamente responsable de aplicar la justicia militar a civiles que se manifiestan pacíficamente, todo ello bajo la falaz lealtad al régimen que quebrantó las instituciones.

El Ministro Vladimir Padrino señaló en una entrevista que los militares rechazan los golpes de Estado. Él dio un golpe de Estado, y él es la piedra angular del uso de la fuerza para sostener un golpe de Estado.

Las Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional.

En este marco se produce la inconstitucional e ilegítima destitución del Alcalde de Barquisimeto, como un ejemplo más del ejercicio del poder autoritario por sobre el poder más fuerte en la democracia: la elección del pueblo.

Ha sido la Fiscal General, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado el camino para la reinstitucionalización, el cumplimiento de la ley y el regreso del país al Estado de Derecho. La Fiscal ha reconocido la violación del orden constitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, ha condenado las detenciones arbitrarias de manifestantes y ha comenzado las investigaciones de los asesinatos de la represión.

Su trabajo se identifica con los principios fundamentales de apego a la Constitución. Reconocemos los esfuerzos que ha realizado por lograr la reinstitucionalización democrática del país asumiendo el papel que le corresponde y, sin perjuicio de ello, ha insistido en demostrar que es vital el funcionamiento institucional legítimo y la democracia para la soberanía de un país, no los intereses políticos, no la comodidad, los privilegios y el oportunismo.

Estoy seguro que su acción puede ser decisiva para que se den los pasos necesarios para la pacificación del país, para que las instituciones sean nuevamente funcionales a la democracia, para desarmar a los colectivos civiles, para realizar elecciones sin presos políticos ni proscriptos, con los poderes del Estado funcionando con independencia conforme lo establece la Constitución.

La solución es venezolana

El esfuerzo de todos en la comunidad hemisférica es no ser cómplices con un silencio irresponsable de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos por parte del régimen, no permanecer ajenos e indiferentes a la muerte de civiles en manos de la represión, sino exigir el cumplimiento de la Constitución, de alcanzar una salida democrática para la crisis del país y que los venezolanos decidan su destino en elecciones generales anticipadas.

El tiempo se nos va de las manos y ya hay decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos políticos.

Fuente: OEA