El 14 de diciembre, hace apenas una semana, el Ministerio Público culminó la investigación preparatoria al expresidente Pedro Castillo y otros involucrados en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Es decir, le ha tomado a esa institución más de un año redondear el paso inicial de un proceso que, por lo visto, se anuncia largo y tedioso.

Según fuentes consultadas por el Diario El Comercio, a la luz de lo investigado, la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria ha decidido acusar al exmandatario, así como a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, y a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo); este último, también congresista (Cambio Democrático).

De acuerdo con la información recogida, el requerimiento ya fue firmado por el fiscal supremo provisional Uriel Terán, pero, al momento de escribirse estas líneas, todavía no había sido remitido al Poder Judicial. Esto podría deberse a que, si bien Terán llegó a firmar la resolución antes de ser cesado el fin de semana pasado como encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria, en el contexto de los cambios dispuestos en el Ministerio Público por el nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la presentación formal requiere más pasos, la extensión del documento demanda que este se presente de manera íntegra al Poder Judicial y que este no formule observaciones de fondo.

A Pedro Castillo, en particular, se le atribuyen tres delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, sancionables hasta con veinte, tres y seis años, respectivamente. Y la acusación que lo compromete debe ser presentada al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Luego, el despacho del juez Juan Carlos Checkley tendrá que revisar el pedido, notificarlo a las partes, dar plazo para eventuales observaciones y, finalmente, convocar al control de acusación para resolver si el caso irá a juicio.

Como se ve, un panorama prolongado y trabajoso a pesar de lo claro de los hechos a los que el asunto en curso está referido. Porque si algo resultó evidente en los acontecimientos del 7 de diciembre del año pasado, fue que el anuncio hecho por Pedro Castillo de disolución inconstitucional del Congreso e intervención del sistema de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional) y el llamado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a las rondas campesinas a apoyarlo constituyeron un golpe de Estado de manual. Y la planificación chapucera que permitió desbaratarlo en pocas horas no cambia, como hemos dicho aquí en repetidas oportunidades, un ápice su naturaleza delictiva.

Así las cosas, pese a que la investigación ha terminado cuatro meses antes de la culminación del plazo que el Poder Judicial le había concedido a la fiscalía para cumplir con ella, la justicia ha avanzado en este caso –como en tantos otros– con lentitud. Es saludable, por cierto, que la acusación se haya materializado. Pero más importante aún es que los golpistas sean sancionados, de modo que cualquier futuro aventurero tentado con la posibilidad de romper el orden constitucional para imponer su proyecto autoritario o dar rienda suelta a su rapacería se lo piense dos veces antes de siquiera intentar un zarpazo semejante.

Fuentes consultadas por El Comercio indican que, sobre la base de lo que revelan los casos previos trabajados por el juez Checkley y el número de documentos pendientes, la acusación no estaría siendo notificada a las partes antes de enero o febrero del próximo año. Tras eso, la rapidez o morosidad con la que avance el caso dependerá enteramente del Poder Judicial.

Y esperemos que, más allá de las proverbiales tardanzas comprobadas esta vez, tengamos también la oportunidad de comprobar que la justicia llega.

Fuente: Editorial de El Comercio