Los desaguisados y falsedades de Pedro Chávarry no cesan. Como se sabe, a las arbitrariedades y el sospechoso entorpecimiento de investigaciones que lo arrastraron a la renuncia al cargo de fiscal de la Nación se sumó hace tres días la noticia de que, el 5 de enero, su asesora Rosa Venegas y tres de los policías asignados a él para brindarle seguridad violentaron el ingreso a una oficina del Ministerio Público lacrada por disposición del fiscal José Domingo Pérez y sustrajeron de su interior una importante cantidad de material.

La información ponía a Chávarry en una situación incómoda por cuanto la oficina en cuestión correspondía a Juan Manuel Duarte, otro de sus asesores. Interrogado al respecto por la prensa, sin embargo, no solo negó haber ordenado la irregular acción, sino que sostuvo que recién se había enterado de ella a través de los medios. En lo que concierne a la identidad de los miembros de su seguridad comprometidos en la escandalosa operación, además, dijo: “Yo desconozco si son ellos. Los nombres [no los conozco] porque rotan constantemente. Tengo 17 o 16 que se turnan y no sé quién estuvo”.

Su versión de los hechos, no obstante, no tuvo una vida larga, pues ayer la Unidad de Investigación de este Diario reveló, con imágenes tomadas de las cámaras de vigilancia de la fiscalía, que en el momento en que se produjo el ingreso a la oficina lacrada, el ahora ex fiscal de la Nación se encontraba en ese mismo piso del edificio del Ministerio Público. Peor aún, las imágenes muestran también que, un rato después, estuvo junto con la señora Venegas y dos de los integrantes de su resguardo que participaron en la sustracción de documentos en el pasadizo donde se ubica su despacho.

 

Las exigencias para que se lo investigue por su posible asociación al indebido retiro de material de la oficina lacrada, por supuesto, no se han hecho esperar. Legisladores de diversas bancadas se han pronunciado en ese sentido y especialistas como el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén y el ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva han coincidido en que lo ocurrido podría configurar el delito de encubrimiento real, que, de acuerdo con el Código Penal, se sanciona con penas de siete a diez años. Y en opinión del primero de ellos, adicionalmente podrían plantearse cargos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita para delinquir.

Todo esto, desde luego, tendrá que ser investigado y, si se demostrase culpabilidad, sancionado. Pero mientras tanto, la sola dimensión de la nueva mentira del ex titular del Ministerio Público requiere una respuesta drástica de las nuevas autoridades. A saber, la exigencia de que deje el cargo de fiscal supremo que todavía ostenta.

Como informó ayer este Diario, esa falsedad no solo viene a sumarse a su ya archiconocida –y más tarde desmentida– negación de haber participado en la reunión que le organizaron Antonio Camayo y el destituido magistrado César Hinostroza en la antesala de su acceso al puesto que hace poco ha tenido que dejar. Se agrega, más bien, a una larga seguidilla de mentiras en la que se alinean, entre otras, la supuesta conclusión del período que se le había asignado al fiscal Pérez como miembro del equipo especial del Caso Lava Jato como motivo de su remoción inicial el 31 de diciembre pasado, o la presunta existencia de una investigación sobre supuestos aportes del llamado ‘club de la construcción’ a Peruanos por el Kambio en la fiscalía.

Descaradas faltas a la verdad que lo retratan, en suma, como una persona que no puede seguir perteneciendo a la junta suprema de fiscales y ensombreciendo con su sola presencia la idoneidad de cualquier decisión que esa instancia adopte.

Por esta vez, se le debería ahorrar a la ciudadanía la necesidad de expresar en las calles su indignación para que las cosas encuentren el cauce que la sindéresis exige.